Corte Suprema de Estados Unidos analiza demandas de empresas por propiedades confiscadas en Cuba

La Corte Suprema de Estados Unidos revisó este lunes dos casos clave sobre bienes comerciales estadounidenses que el gobierno cubano expropió hace décadas.

Los jueces escucharon durante más de tres horas los argumentos orales de Havana Docks Corp. contra Royal Caribbean Cruises y de Exxon Mobil contra Corporación Cimex.

Ambos litigios se centran en la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a ciudadanos y empresas norteamericanas demandar a quien trafique, use o se beneficie de propiedades confiscadas por Cuba tras la revolución de 1959.

Después de que Fidel Castro derrocara al gobierno anterior y nacionalizara activos extranjeros sin compensación, la ley quedó en suspenso durante años porque el presidente Bill Clinton activó la cláusula de suspensión del Título III. Donald Trump la levantó en mayo de 2019, y ese mismo día Exxon Mobil presentó su demanda.

Havana Docks, una firma de Delaware, reclama indemnización a las líneas de cruceros por el uso de muelles que construyó bajo una concesión de 99 años y que Cuba le quitó en 1960, cuando aún le quedaban 44 años de vigencia. Entre 2015 y 2019, los cruceros desembarcaron casi un millón de pasajeros en esos muelles, pagaron al menos 130 millones de dólares al régimen cubano y generaron más de 1.000 millones en ingresos. La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras ya había certificado su reclamo.

En 2024, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló una sentencia superior a los 100 millones de dólares contra las navieras, argumentando que los derechos de propiedad habían expirado en 2004.

En paralelo, Exxon Mobil exige compensación por activos energéticos incautados en 1960 a tres empresas estatales cubanas. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia determinó que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera impone un obstáculo extra y devolvió el caso para que se evalúe si aplica la excepción por actividad comercial.

Durante la audiencia, el abogado Richard Klingler defendió que la demanda de Havana Docks solo termina cuando se resuelva o cuando Cuba sea una democracia, y que la empresa tiene derecho al valor razonable de su arrendamiento en el momento de la confiscación más los intereses. La jueza Sonia Sotomayor cuestionó la duración indefinida de la reclamación y mencionó posibles violaciones a la Octava Enmienda por multas excesivas. La jueza Ketanji Brown Jackson consideró que la ley es clara: quien tenga una reclamación certificada puede demandar y obtener indemnización por tráfico ilícito.

El abogado de Exxon, Morgan Ratner, recordó que el Congreso quiso ejercer máxima presión económica sobre Cuba y derogó expresamente la inmunidad soberana de las entidades cubanas. El juez Clarence Thomas preguntó hasta dónde puede llegar el Congreso con este tipo de remedios. Paul Clement, por las líneas de cruceros, sostuvo que nadie puede traficar con derechos que ya habían caducado en 2004. La jueza Amy Coney Barrett comparó las propiedades confiscadas con “kriptonita”: una vez expropiadas, nadie puede tocarlas con fines comerciales.

Los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh destacaron que el propio Congreso le dio al presidente la facultad de decidir sobre estas demandas, permitiéndole sopesar la política hacia Cuba.

La Corte Suprema se pronunciará sobre ambos casos antes de que termine junio.