El iris de la diáspora: Cuba amplía su sistema de control mientras pierde luz, medicinas y turistas

Cuba no acaba de aprobar únicamente un nuevo carné de identidad. Ha aprobado la arquitectura jurídica de un sistema centralizado capaz de reunir, bajo el control del Ministerio del Interior, la identidad civil, el domicilio, el rostro, las huellas digitales, la firma, la voz, el iris y una futura identidad digital de los ciudadanos cubanos.

La decisión sería sensible en cualquier país. En Cuba resulta especialmente grave porque el organismo encargado de administrar la plataforma no es una autoridad civil independiente, sino el MININT: la institución que también dirige los órganos de seguridad, migración, extranjería, control fronterizo y vigilancia interna del Estado.

El alcance político tampoco termina en las fronteras de la Isla. La ley incluye a los ciudadanos cubanos que viven en el exterior, incorpora a las representaciones diplomáticas y consulares dentro del sistema y les asigna la atención de las solicitudes presentadas fuera del territorio nacional.

La propaganda oficial presenta el proyecto como modernización tecnológica, protección de la identidad y ampliación de derechos para la emigración. Sin embargo, detrás del lenguaje administrativo aparece una pregunta mucho más importante: ¿cuántos cubanos que abandonaron el país para escapar del control político estarán dispuestos a entregar su iris, su voz o la dirección donde viven al mismo aparato estatal del que huyeron?

La respuesta puede tener consecuencias económicas inmediatas. En el primer semestre de 2026, casi uno de cada cinco visitantes internacionales recibidos por Cuba pertenecía a la comunidad cubana residente en el exterior. En medio del desplome turístico más profundo de los últimos años, convertir la biometría en una nueva barrera de entrada podría costarle al país miles de viajes, millones de dólares y otro aumento de la separación familiar.

No es una simple tarjeta: es una infraestructura nacional de identificación

El texto público de la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio define la identidad personal como la integración de la información registral del nacimiento con los datos biométricos que individualizan a cada persona de manera única. Esa identidad tendrá una expresión física y otra digital.

El sistema será dirigido, ejecutado y controlado por la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía del Ministerio del Interior. El proyecto también crea un proveedor único de identidad digital, igualmente bajo el MININT, y un Registro Público Central de Identidad Personal y Domicilio con competencia nacional y sede en La Habana.

El artículo 61 enumera expresamente los datos biométricos que podrán ser inscritos:

rostro o rasgos faciales, impresiones o huellas digitales, firma autógrafa, voz, iris, color de la piel, color de los ojos y estatura.

El iris no aparece en una interpretación de la prensa independiente ni en una denuncia elaborada desde el exilio. Está escrito en el proyecto oficial publicado por la Asamblea Nacional.

El sistema también se extiende fuera de Cuba. Las representaciones diplomáticas, consulares y otras oficinas autorizadas en el extranjero aparecen dentro del ámbito de aplicación de la ley. Los consulados atenderán las solicitudes presentadas fuera del país, y los hechos o actos ocurridos en el exterior podrán ser tramitados por esas oficinas.

La Agencia Cubana de Noticias confirmó que la norma abre la posibilidad de que los cubanos residentes tanto dentro como fuera del territorio nacional soliciten la confección del carné y puedan portarlo cuando se encuentren en Cuba. Granma afirmó que el alcance de la ley comprende a todos los ciudadanos cubanos, estén dentro o fuera del país. (ACN)

El Gobierno intenta presentar esta ampliación como una concesión a la diáspora. Pero una concesión deja de serlo cuando el Estado controla los datos exigidos, los procedimientos, las sanciones, la plataforma digital, el documento físico y el acceso futuro a los servicios asociados.

El domicilio extranjero: una ambigüedad que el régimen todavía no ha resuelto

El elemento más delicado sigue siendo el domicilio.

El artículo 8 define el domicilio como la sede principal de una persona, el centro de sus relaciones jurídicas, el lugar donde reside habitualmente o donde puede ser localizada. El artículo 10 declara, de forma general, que los ciudadanos cubanos tienen la obligación de mantener actualizada la inscripción de su domicilio.

Sin embargo, otros artículos limitan expresamente determinadas inscripciones a los ciudadanos y extranjeros residentes en el territorio nacional. El artículo 62 señala que los registros inscriben el domicilio de cada ciudadano cubano y extranjero residente “en el territorio nacional”.

El texto contiene, por tanto, una contradicción que no puede ser ignorada.

La ley abarca a los cubanos en el exterior, incorpora a los consulados y formula una obligación general de actualización del domicilio. Pero la disposición que regula expresamente la inscripción domiciliaria menciona el territorio nacional.

Con la información publicada hasta el 7 de agosto de 2026, no puede presentarse como un hecho consumado que cada cubano residente en Miami, Madrid, Lugano, Ciudad de México o cualquier otra ciudad deberá entregar al consulado la dirección exacta de su vivienda. Esa obligación dependerá de la redacción definitiva, del reglamento y de las instrucciones consulares que todavía no se han hecho públicas.

La ausencia de claridad no reduce el riesgo. Lo aumenta.

Un sistema biométrico nacional no puede comenzar con ambigüedades sobre quién debe entregar su domicilio, qué documentos servirán para acreditarlo, si la dirección extranjera quedará almacenada, qué organismos podrán consultarla y qué consecuencia tendrá negarse a proporcionarla.

El Gobierno cubano debe aclarar antes de cualquier despliegue si pretende registrar exclusivamente el domicilio que el ciudadano mantenga en Cuba o también la residencia habitual que posea en el extranjero.

“Podrán solicitarlo” no significa todavía “estarán obligados”

La información oficial emplea la palabra “podrán”. Los cubanos residentes fuera del país podrán solicitar el carné. El proyecto señala, además, que cuando se encuentren en el extranjero podrán acreditar su identidad mediante el pasaporte cubano o el carné, según corresponda. (ACN)

Hasta ahora no se ha publicado una disposición que convierta el nuevo carné en requisito obligatorio para entrar en Cuba. Tampoco se ha confirmado que cada solicitante tenga que entregar obligatoriamente todas las modalidades biométricas enumeradas en el artículo 61.

La diferencia es fundamental. La ley permite inscribir el iris, pero todavía no explica cuándo se capturará, a quién se exigirá, qué ocurrirá si una persona se niega ni si los consulados dispondrán inmediatamente de los equipos necesarios.

El peligro aparecerá si el carácter voluntario termina siendo únicamente formal.

Un documento puede no ser obligatorio para cruzar la frontera y convertirse, sin embargo, en obligatorio de hecho para realizar operaciones bancarias, heredar, comprar o vender una propiedad, firmar documentos notariales, activar servicios digitales, obtener certificaciones o relacionarse con cualquier institución pública.

El proyecto declara que la ausencia de identidad digital no puede utilizarse para restringir derechos constitucionales. Esa garantía resulta positiva sobre el papel. Pero no establece con la misma claridad qué ocurrirá con quien rechace entregar su voz, su iris o cualquier otra biometría adicional. Tampoco existe todavía un reglamento que asegure que el pasaporte continuará siendo suficiente para todos los trámites esenciales de los residentes en el exterior.

En Cuba, la experiencia demuestra que una facultad administrativa puede convertirse gradualmente en condición, y una condición puede terminar funcionando como mecanismo de control.

Para una parte del exilio, entregar el iris al MININT no es un trámite neutral

La resistencia de una parte de la diáspora no sería irracional ni estaría basada en un rechazo general a la tecnología.

Numerosos países utilizan documentos biométricos. El problema cubano no es la existencia de una fotografía digital o una huella empleada para verificar la identidad. El problema es la acumulación excesiva de información permanente bajo una institución que forma parte del aparato de seguridad de un Estado sin división efectiva de poderes ni supervisión pública independiente.

Muchos cubanos salieron del país por razones económicas. Otros huyeron de la persecución política, las amenazas, la vigilancia, las detenciones, la imposibilidad de expresarse o la combinación de represión y miseria que caracteriza al sistema.

Amnistía Internacional documentó en 2026 detenciones arbitrarias, vigilancia, amenazas, registros sin orden judicial, presión contra familiares y represión contra activistas, periodistas, artistas y jóvenes que cuestionan al Gobierno. Human Rights Watch sostiene que las autoridades cubanas continúan utilizando detenciones de corta y larga duración para intimidar a críticos, manifestantes y opositores. (Amnesty International)

Para una persona que fue interrogada, vigilada, expulsada de su empleo, encarcelada o forzada a marcharse, el MININT no es una oficina administrativa neutral. Es la estructura que representa el poder del que intentó escapar.

Pedirle a esa persona que entregue el patrón de su iris, su voz y posiblemente la dirección donde vive fuera de Cuba equivale a exigirle una confianza que el régimen nunca se ha ganado.

No todos se negarán. Muchos tienen padres ancianos, hijos, hermanos o familiares enfermos dentro de la Isla. El Gobierno conoce esa dependencia afectiva y sabe que numerosos emigrados aceptarán condiciones abusivas con tal de regresar a ver a los suyos.

Pero tampoco todos cruzarán esa línea.

Para una parte del exilio, el iris puede convertirse en el dato que no está dispuesta a entregar. Otros aceptarán el carné, pero no el domicilio extranjero. Algunos reducirán sus viajes. Otros buscarán trasladar definitivamente a sus familiares fuera de Cuba.

No existe todavía una encuesta representativa que permita calcular qué porcentaje rechazará el sistema. Afirmar que la mayoría dejará de viajar sería una especulación. Negar que puede producirse una reacción significativa sería igualmente irresponsable.

La diáspora ya representa casi el 20 % de los visitantes

Las estadísticas actuales muestran el tamaño del riesgo.

Entre enero y junio de 2026, Cuba recibió solamente 387.591 visitantes internacionales, frente a 985.606 durante el mismo periodo de 2025. La caída interanual fue del 60,7 %.

La categoría oficial “Comunidad Cubana en el exterior” aportó 74.068 visitantes. Fue el segundo mercado más importante después de Canadá y representó el 19,1 % de todos los visitantes internacionales recibidos durante el primer semestre: casi uno de cada cinco.

La llegada de cubanos residentes fuera del país también disminuyó respecto a 2025, cuando alcanzó 119.867 visitantes durante el mismo periodo. La caída fue del 38,2 %. Sin embargo, descendió menos que el turismo total, por lo que aumentó su importancia relativa dentro de una industria que se está contrayendo a una velocidad extraordinaria.

En este contexto, incluso una reacción minoritaria tendría efectos visibles.

Si solamente el 10 % de los cubanos que viajaron durante el primer semestre decidiera no regresar por temor a entregar datos biométricos o domiciliarios, Cuba perdería aproximadamente 7.407 visitas en seis meses.

Un rechazo del 25 % equivaldría a unas 18.517 visitas menos, casi el 4,8 % de todos los visitantes internacionales recibidos por el país durante ese periodo.

Un rechazo del 50 % representaría aproximadamente 37.034 viajes menos, cerca del 9,6 % del turismo internacional total del semestre.

Estos cálculos no son pronósticos. Son escenarios de exposición construidos sobre las cifras oficiales de la ONEI. Demuestran que el régimen está jugando con uno de los pocos mercados que todavía conserva una relación personal, familiar y permanente con Cuba.

El valor de esos viajes no se limita a los hoteles

El cubano residente en el exterior no siempre se comporta como el turista tradicional. Una parte se aloja en casas de familiares y puede gastar menos en hoteles estatales.

Eso no significa que su impacto económico sea menor.

Ese viajero paga billetes, tasas aeroportuarias, equipaje, transporte, telefonía, restaurantes, alquileres, servicios privados y trámites consulares. Lleva efectivo, alimentos, medicamentos, piezas, teléfonos, ropa y productos imposibles de encontrar de manera estable en Cuba.

Su gasto llega con mayor rapidez a las familias y al sector privado que el dinero captado por los grandes hoteles controlados directa o indirectamente por el aparato militar.

Reuters documentó que incluso pequeñas remesas enviadas desde el extranjero marcan una diferencia decisiva para los hogares cubanos, especialmente para jubilados y personas que no pueden sobrevivir con pensiones y salarios estatales. (Reuters)

Cuando un emigrado cancela un viaje, no pierde únicamente el aeropuerto o el hotel. Pierden el transportista privado, el restaurante, el arrendador, el vendedor, la familia que esperaba medicamentos y el anciano que dependía del dinero llevado en efectivo.

El daño económico y humano se multiplica a lo largo de toda la cadena.

El régimen quiere el dinero de la diáspora y también su perfil biométrico

La contradicción política es evidente.

Mientras prepara este sistema de identidad, el Gobierno intenta atraer a los cubanos residentes en el exterior para que inviertan, administren negocios y participen en la recuperación de sectores abandonados por empresas extranjeras.

En junio, tras la retirada o reducción de operaciones de importantes cadenas hoteleras, las autoridades anunciaron que permitirían a cubanos residentes dentro y fuera del país gestionar hoteles. En julio, Meliá completó su salida de Cuba después de décadas de presencia, mientras otras empresas hoteleras y aerolíneas reducían operaciones. (Reuters)

El mensaje del régimen puede resumirse así:

trae tu dinero, invierte en nuestros hoteles, visita a tu familia, paga nuestros trámites y, al mismo tiempo, acepta que el MININT concentre tu identidad digital y tus datos biométricos.

La inversión depende de seguridad jurídica. El turismo depende de confianza. La biometría exige todavía más confianza porque los datos entregados no pueden sustituirse fácilmente después de una filtración.

El Gobierno cubano pretende obtener confianza por decreto sin modificar la estructura política que la destruyó.

El peor momento económico para abrir otro megaproyecto estatal

La decisión llega cuando Cuba atraviesa una crisis que ya no puede ocultarse mediante estadísticas fragmentadas o discursos oficiales.

El sistema eléctrico nacional volvió a colapsar el 3 de agosto. Durante los intentos de restauración se produjo una nueva caída, después de tres fallos nacionales en apenas nueve días de julio. Los apagones afectan hogares, comercios, transporte, hospitales y servicios públicos en un país donde millones de personas pasan largos periodos sin electricidad. (Reuters)

El sistema sanitario también se encuentra en deterioro acelerado. En marzo había aproximadamente 96.000 pacientes esperando una operación, incluidos 11.000 niños. El Ministerio de Salud Pública proyectó que la lista podría alcanzar 160.000 personas antes de terminar el año. Reuters informó además que el número de médicos cayó un 30 % entre 2019 y 2024 y que el 70 % de los medicamentos esenciales estaba escaso o completamente ausente. (Reuters)

El turismo, una de las principales fuentes de divisas, perdió más del 60 % de sus visitantes en el primer semestre. Empresas extranjeras abandonan hoteles, se reducen vuelos y establecimientos turísticos permanecen vacíos.

También existe una tensión social creciente. Reuters documentó protestas dispersas en La Habana durante los apagones de julio y una protesta estudiantil en la Universidad de La Habana en marzo. Amnistía Internacional informó que al menos 85 personas fueron detenidas después de las protestas ocurridas durante marzo en diferentes puntos del país. (Reuters)

No existe evidencia suficiente para afirmar que se producen protestas nacionales todos los días. Sí existe evidencia de malestar recurrente, protestas locales, vigilancia y detenciones en medio de un deterioro sostenido de las condiciones de vida.

En ese escenario, el Gobierno ha decidido priorizar una plataforma capaz de registrar el iris y la voz de la población.

Entre 250 y 500 millones de dólares: una posibilidad, no un presupuesto confirmado

No existe hasta ahora un presupuesto público que permita afirmar que el sistema costará exactamente entre 250 y 500 millones de dólares.

Tampoco se ha publicado una licitación internacional, un contrato tecnológico, el nombre de los proveedores, el costo de los nuevos documentos, el número de estaciones de captura, el equipamiento destinado a los consulados o el gasto previsto para seguridad, mantenimiento y actualización.

Presentar los 500 millones como una cifra oficial sería falso.

El rango de 250 a 500 millones puede considerarse un escenario superior razonable para una implantación integral que incluya captura multimodal de casi diez millones de personas, escáneres de iris, estaciones dentro y fuera de Cuba, nuevos documentos, un sistema automatizado de identificación biométrica, identidad digital, servidores redundantes, comunicaciones seguras, centros de respaldo, integración con otros registros y varios años de soporte técnico.

El Banco Mundial señala que cada modalidad biométrica adicional —por ejemplo, añadir iris a rostro y huellas— puede incrementar entre un 5 % y un 10 % el costo de inscripción. También advierte que recopilar campos semiestáticos como el domicilio genera gastos continuos porque esos datos necesitan actualizarse durante toda la vida del sistema. (Identificación para el Desarrollo)

Cuba ya posee infraestructura de identificación, lo que podría reducir el costo incremental. Pero incorporar nuevas biometrías, desplegar equipos consulares y construir una identidad digital nacional puede elevarlo nuevamente.

La cifra exacta permanece oculta.

Ese es el primer escándalo económico: un país que no puede garantizar electricidad, medicamentos, agua o alimentos prepara una infraestructura tecnológica de gran escala sin publicar cuánto costará ni qué recursos dejarán de destinarse a necesidades esenciales.

Incluso si el gasto final fuera mucho menor que 250 millones, cada dólar utilizado en cámaras, escáneres, servidores, licencias y tarjetas compite con divisas necesarias para comprar combustible, antibióticos, anestesia, piezas eléctricas y alimentos.

Modernizar un documento de identidad puede ser necesario. Reunir voz, iris, rostro, huellas, domicilio e identidad digital en un mismo sistema policial exige una justificación mucho más rigurosa que la ofrecida hasta ahora.

Una base biométrica de diez millones de personas sería un objetivo de alto valor

La concentración de casi toda la población cubana en una sola infraestructura crea otro problema: convierte el sistema en un objetivo estratégico para atacantes externos, empleados corruptos, operadores de ransomware, organizaciones criminales y servicios de inteligencia.

El riesgo depende de cómo se almacenen los datos.

Una plantilla matemática de iris cifrada y protegida mediante un formato propietario no tiene la misma utilidad criminal que una imagen original de alta resolución. Una base fragmentada y compartimentada no ofrece el mismo peligro que un repositorio central conectado con nombres, documentos, domicilios, pasaportes y movimientos migratorios.

El Gobierno no ha publicado todavía:

• si conservará imágenes originales o solamente plantillas biométricas;

• qué sistema de cifrado utilizará;

• quién administrará las claves;

• qué organismos tendrán acceso;

• cuánto tiempo conservará cada dato;

• si existirá segmentación entre registros;

• cómo notificará una filtración;

• qué auditoría externa comprobará la seguridad;

• ni qué reparación recibirá un ciudadano cuando sus datos sean comprometidos.

La historia internacional demuestra que ni siquiera los Estados con mayores recursos pueden garantizar una seguridad absoluta. En Estados Unidos fueron robados 5,6 millones de registros de huellas digitales pertenecientes a empleados y contratistas federales. Después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, dispositivos con huellas, iris y datos biográficos quedaron en manos de una nueva autoridad capaz de utilizarlos para identificar a personas vinculadas con fuerzas internacionales. (Reuters)

NIST advierte que, a diferencia de un nombre de usuario o una contraseña, las características biométricas están vinculadas al cuerpo y normalmente no pueden cambiarse. El Banco Mundial también reconoce que los sistemas biométricos aumentan los riesgos de vigilancia, abuso y filtraciones si no existen controles jurídicos, técnicos y operativos adecuados. (nvlpubs.nist.gov)

Su precio criminal podría ser bajo; el daño sería permanente

Una base de esta magnitud no tendría necesariamente un precio clandestino de cientos de millones de dólares.

Los datos robados pueden copiarse infinitamente, revenderse, fragmentarse y terminar circulando entre numerosos delincuentes. Europol ha documentado que los conjuntos de información sustraída se venden, revenden y reorganizan repetidamente en mercados criminales, y que su precio depende de la calidad, actualidad, exclusividad, tipo de acceso y capacidad real de explotación. (Europol)

Una copia estática de la hipotética base cubana podría valer desde cientos de miles hasta varios millones de dólares, dependiendo de si contiene imágenes originales, plantillas utilizables, domicilios extranjeros, números de pasaporte, claves, documentación técnica o herramientas de consulta.

El acceso permanente al sistema oficial sería mucho más valioso que una copia antigua. Permitirá consultar actualizaciones, movimientos, cambios de domicilio y nuevas identidades incorporadas.

No existe una operación pública comparable que permita fijar una cifra exacta. Cualquier valoración debe ser presentada como estimación, no como precio demostrado.

Lo decisivo no es cuánto pagaría el comprador.

Una base puede venderse por un millón de dólares y causar un daño equivalente a cientos de millones. El valor criminal de una filtración y el daño estratégico para diez millones de personas son dos magnitudes completamente distintas.

La tensión con Estados Unidos obliga a pensar en el peor escenario

Cuba atraviesa además uno de los periodos de mayor tensión con Estados Unidos en décadas.

Donald Trump afirmó en marzo que “Cuba es la próxima” y planteó públicamente distintas formas de actuación sobre la Isla. La retórica fue suficientemente grave para que el Senado debatiera una resolución destinada a impedir una acción militar sin autorización del Congreso. La iniciativa fue bloqueada. (Reuters)

Eso no significa que una intervención sea inminente. Fuentes de la administración estadounidense indicaron posteriormente a Associated Press que no existía en ese momento un plan inmediato de acción militar y que Washington continuaba utilizando sanciones, presión política y negociaciones. (AP News)

La formulación rigurosa es que existe una tensión geopolítica excepcional y una discusión pública sobre opciones militares, pero no una invasión confirmada.

Precisamente por esa incertidumbre, cualquier sistema biométrico debe diseñarse para soportar no solo un ataque informático, sino también una crisis interna, una transición política, la pérdida de control de instalaciones, la infiltración de empleados o la apropiación de equipos por una autoridad diferente.

El ejemplo afgano demuestra que una base creada por un Gobierno puede terminar en manos de otro. No hace falta predecir una intervención estadounidense para reconocer el peligro. Un funcionario corrupto, una intrusión remota o una mala gestión de claves puede comprometer la información sin que un solo soldado cruce la frontera.

La gran contradicción política

El régimen puede presentar el nuevo carné como un derecho para los cubanos que viven fuera del país. La verdadera prueba será determinar si la persona conserva el derecho a negarse.

Un sistema legítimo tendría que garantizar que el residente en el exterior pueda:

entrar y salir de Cuba con su pasaporte sin obtener el nuevo carné; rechazar el escaneo del iris y la captura de voz sin perder derechos; realizar operaciones notariales, bancarias, patrimoniales y sucesorias sin someterse a biometría excesiva; conservar en privado su domicilio extranjero; conocer qué instituciones consultan sus datos; exigir su corrección; y recibir una notificación inmediata si la información es comprometida.

Nada de eso está explicado con suficiente precisión en el material público disponible.

El Gobierno tampoco ha demostrado por qué necesita almacenar simultáneamente rostro, huellas, firma, voz, iris, color de piel, color de ojos y estatura. El principio responsable no consiste en recopilar todos los datos que la tecnología permite, sino únicamente aquellos estrictamente necesarios para una finalidad concreta.

En un Estado autoritario, la acumulación de información nunca es neutral. Una base creada hoy para identificar puede ser utilizada mañana para vigilar, cruzar movimientos, localizar opositores, restringir servicios o reconstruir redes familiares.

Cuba puede ganar datos y perder personas

El cálculo del régimen parece descansar en que la diáspora continuará viajando porque sus familias permanecen dentro de la Isla.

Esa dependencia existe, pero no es infinita.

Cada nueva exigencia aumenta el costo de regresar: pasaporte cubano, tarifas consulares, controles migratorios, incertidumbre jurídica y, ahora, la posibilidad de entregar identificadores biológicos permanentes a una institución que muchos emigrados asocian con la represión que los obligó a marcharse.

Algunos aceptarán porque necesitan ver a sus padres.

Otros viajarán una última vez.

Otros decidirán que el iris, la voz o el domicilio extranjero constituyen una frontera que no están dispuestos a cruzar.

El régimen puede terminar obteniendo un registro más completo y provocando una nación todavía más vacía: menos visitantes, menos divisas, menos inversión y más familias separadas.

El impacto dependerá del reglamento. Si el carné es verdaderamente voluntario para la diáspora, el pasaporte continúa siendo suficiente, no se exige el domicilio extranjero y la captura del iris puede rechazarse sin consecuencias, el daño turístico será limitado.

Si esas garantías no aparecen, el nuevo sistema dejará de ser una modernización administrativa y se convertirá en otra herramienta de obediencia.

El Estado cubano no puede pedirle a la diáspora que rescate sus hoteles, sostenga a sus familias y lleve las divisas que la economía necesita mientras exige que el MININT conozca su voz, su iris y posiblemente el lugar exacto donde vive.

Cuba no tiene alimentos suficientes, no tiene medicamentos, no tiene electricidad estable y está perdiendo aceleradamente sus turistas. Sin embargo, el régimen se prepara para identificar al ciudadano con mayor precisión de la que demuestra para mantenerlo con vida.

Fuentes principales

El Proyecto de Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio publicado por la Asamblea Nacional; la información oficial de la Agencia Cubana de Noticias y Granma; las estadísticas de visitantes internacionales de la ONEI; las coberturas de Reuters y Associated Press sobre turismo, electricidad, salud, protestas y relaciones entre Cuba y Estados Unidos; los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch; y las recomendaciones técnicas del Banco Mundial, NIST y Europol sobre sistemas biométricos, protección de datos y mercados de información robada.

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