La memoria selectiva del poder

Hay contradicciones que no son menores, porque revelan no un error de cálculo, sino una forma de pensar el poder. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 y planteó, en esencia, esta idea: “¿Qué sentido tiene acusar a una persona ahora por algo que ocurrió hace 30 años?”. Ese comentario llega después de que Washington presentara cargos de asesinato y conspiración por aquel episodio, en el que murieron cuatro personas y que el gobierno estadounidense atribuye a una decisión tomada desde la cúpula militar cubana de entonces. (english.news.cn)

El problema no es solo la frase. El problema es el criterio moral que esa frase deja al descubierto. Porque México, desde 2019, ha sostenido una exigencia política de disculpa formal a España por los abusos cometidos durante la Conquista, ocurridos hace unos cinco siglos. Esa demanda fue iniciada por Andrés Manuel López Obrador en una carta al rey Felipe VI y se mantuvo viva durante el gobierno de Sheinbaum, al punto de tensar las relaciones bilaterales y de llevar a la nueva presidenta a no invitar al monarca español a su investidura en 2024 precisamente porque no se había disculpado por los abusos coloniales. (Reuters)

Aquí aparece la pregunta incómoda que el poder no quiere responder: ¿en qué momento el tiempo deja de importar para unos hechos y se vuelve excusa absoluta para otros? Si cinco siglos no cancelan una reclamación histórica contra España, ¿por qué treinta años sí deberían cancelar la posibilidad de exigir responsabilidad por la muerte de cuatro civiles en el caso cubano? La contradicción no es pequeña. Es estructural. Y no puede resolverse con propaganda diplomática ni con retórica antiimperialista.

Lo que Sheinbaum hizo no fue formular una tesis jurídica seria sobre prescripción, jurisdicción o debido proceso. Lo que hizo fue introducir una vara moral oportunista: el tiempo pesa cuando incomoda a sus aliados, pero deja de pesar cuando sirve para construir legitimidad ideológica contra actores incómodos. Y esa no es una postura de principios. Es una postura de conveniencia.

Además, el caso de Raúl Castro no se refiere a una abstracción histórica, sino a un hecho concreto, identificable, documentado y con víctimas específicas. Los cargos anunciados por Estados Unidos se basan en el derribo de dos avionetas civiles en 1996. El debate jurídico podrá existir, como existe en todo expediente internacional de este calibre, pero el centro político del asunto es otro: no estamos hablando de un episodio medieval brumoso ni de una disputa memorial difusa, sino de una acción letal contra civiles ocurrida en la era contemporánea. (Reuters)

En cambio, la exigencia mexicana a España ha sido formulada en el terreno de la memoria histórica, la reparación simbólica y el reconocimiento de abusos coloniales. Incluso cuando el tono diplomático empezó a suavizarse, el núcleo de la posición siguió siendo el mismo: México quería un reconocimiento más claro por parte de la Corona española. Reuters reportó que las relaciones mejoraron solo después de que Felipe VI reconociera en marzo de 2026 los abusos de la colonización y afirmara que esos hechos no podían ser motivo de orgullo. Es decir, la reconciliación no vino porque México abandonara el argumento histórico, sino porque España movió parcialmente su lenguaje hacia el reconocimiento. (Reuters)

Eso vuelve todavía más insostenible la frase sobre Raúl Castro. Porque si la presidenta mexicana acepta que la historia puede seguir generando deberes morales y políticos quinientos años después, entonces no puede afirmar con seriedad que tres décadas convierten automáticamente en irrelevante una acusación sobre muertes concretas. Hacerlo equivale a sostener dos doctrinas incompatibles al mismo tiempo: una para los adversarios históricos de su narrativa y otra para los aliados geopolíticos de su campo ideológico.

Y aquí es donde el asunto deja de ser mexicano y se vuelve latinoamericano. Durante demasiado tiempo, una parte de la izquierda regional ha usado la memoria como instrumento selectivo. Exige justicia simbólica cuando se trata del colonialismo español, de agravios imperiales o de deudas históricas útiles para su relato. Pero cuando la responsabilidad toca a dictaduras amigas, a caudillos revolucionarios o a aparatos represivos cubiertos por la épica de la soberanía, entonces la memoria se vuelve súbitamente incómoda, el tiempo pasa a ser atenuante y la justicia comienza a parecer “injerencista”.

No es un simple doble rasero. Es algo más grave: una degradación del lenguaje moral. Porque la memoria deja de ser búsqueda honesta de verdad y se convierte en herramienta facciosa. Ya no sirve para entender el pasado, sino para administrar afinidades. Y cuando eso ocurre, la política exterior deja de estar guiada por principios y pasa a estar guiada por lealtades ideológicas.

Hay además una dimensión profundamente ofensiva en el razonamiento de Sheinbaum. Decir “¿qué sentido tiene?” frente a un hecho de hace treinta años implica insinuar que la distancia temporal debilita el reclamo de justicia. Pero esa lógica, llevada hasta el final, destroza buena parte de la arquitectura moral con la que muchos gobiernos latinoamericanos, incluido el de México, han querido releer la historia. Si el tiempo vacía de sentido la responsabilidad, entonces también vacía de sentido las disculpas históricas, las comisiones de memoria, las condenas tardías y toda política pública de reparación simbólica.

No se puede jugar a ambos lados del tablero sin pagar costo intelectual. O se sostiene que el tiempo no borra automáticamente la obligación de responder por hechos graves, o se sostiene que sí la borra. Lo que no se puede hacer, sin caer en hipocresía política, es declarar que quinientos años no eximen a España de pedir perdón y que treinta años sí eximen a Raúl Castro de ser siquiera acusado.

Por eso el fondo de esta polémica no está en Cuba ni en España por separado. Está en la credibilidad del discurso. Un liderazgo serio puede cuestionar la jurisdicción de Estados Unidos, puede discutir el contexto político del caso, puede denunciar instrumentalización judicial o puede incluso defender la autodeterminación regional. Todo eso es debatible. Lo que no puede hacer sin exhibir una incoherencia flagrante es despreciar una acusación por su antigüedad mientras mantiene viva una exigencia histórica muchísimo más remota contra otro actor internacional. (english.news.cn)

El asunto, en el fondo, es más simple de lo que parece. No se trata de estar con Washington o con La Habana, ni de estar con Madrid o con Ciudad de México. Se trata de una regla básica de honestidad pública: la memoria no puede ser larga para los enemigos y corta para los amigos. La justicia no puede ser imprescriptible cuando conviene al relato e inútil cuando amenaza a una dictadura aliada.

Ese es el verdadero veredicto sobre las palabras de Sheinbaum. No revelan una defensa sofisticada del derecho internacional. Revelan una memoria selectiva, un moralismo de conveniencia y una política exterior atrapada en el viejo vicio latinoamericano de juzgar los hechos no por lo que son, sino por quién los protagoniza.