Cuando el dinero deja de servir

Víctor Rodríguez tiene 72 años y para sacar su propio dinero tiene que levantarse antes del amanecer. A las siete y media ya está frente a un banco de La Habana, después de recorrer varios kilómetros desde su casa, esperando que cuando llegue su turno todavía queden billetes, que no se vaya la electricidad o que una caída de internet no cierre de hecho la sucursal. Su objetivo es retirar 20.000 pesos, el máximo diario permitido allí. Hace apenas una semana, cuando Reuters contó su historia, aquella cantidad equivalía aproximadamente a 28 dólares en el mercado informal. Hoy vale menos.

El deterioro ha seguido avanzando incluso mientras se escriben las cifras.

Este 28 de septiembre, el dólar llegó a 745 pesos cubanos en la referencia del mercado informal. Al terminar agosto estaba en 675. Son 70 pesos más por cada dólar en menos de un mes. El movimiento diario puede parecer pequeño dentro de una economía acostumbrada a sobresaltos, pero la secuencia importa mucho más: el peso continúa perdiendo terreno y cada nuevo escalón obliga a preguntarse hasta dónde estamos observando inflación y desde qué punto empezamos a presenciar algo más grave, una pérdida de confianza en la propia moneda.

La tasa de 745 no es la oficial del Estado. Procede de la Tasa Representativa del Mercado Informal de elTOQUE, elaborada mediante el procesamiento de ofertas de compra y venta publicadas en espacios digitales. Tampoco significa que todos los dólares cambien de manos exactamente a ese precio. Las operaciones reales pueden cerrarse por encima o por debajo. Pero esa referencia se ha convertido en uno de los termómetros utilizados para observar un mercado que existe precisamente porque durante años las tasas administradas oficialmente fueron incapaces de absorber toda la demanda de divisas.

Y el termómetro está marcando fiebre.

La caída resulta mucho más impresionante cuando se amplía el horizonte. Reuters calculaba hace apenas una semana que el peso había perdido aproximadamente nueve décimas partes de su valor frente al dólar desde 2021. En los primeros ocho meses de 2026, los precios al consumidor aumentaron más de un 25 % respecto del mismo período del año anterior, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Economistas consultados por la agencia consideran que la inflación efectiva probablemente sea mayor porque el índice oficial no incorpora plenamente una parte importante de la actividad que ocurre en el mercado informal.

Pero incluso esas cifras empiezan a quedarse cortas para describir el problema. Cuba ya no enfrenta solamente una moneda que compra menos. Está apareciendo una situación mucho más delicada: una parte de la sociedad comienza a necesitar otra moneda para saber cuánto valen realmente las cosas.

Una moneda cumple varias funciones al mismo tiempo. Sirve para comprar y vender, permite comparar el precio de bienes diferentes y ofrece una manera de conservar capacidad adquisitiva para utilizarla después. El peso cubano continúa cumpliendo la primera de esas funciones en una parte enorme de la economía: salarios, pensiones y millones de transacciones siguen denominados en CUP. Sería absurdo declarar que el peso ha dejado de existir o que nadie lo utiliza. El problema comienza en las otras dos funciones.

Cuando un comerciante cobra en pesos pero calcula cuánto deberá aumentar mañana el precio mirando el dólar, algo ha cambiado. Cuando una familia recibe ingresos en moneda nacional pero intenta guardar dólares o euros porque teme lo que esos pesos comprarán dentro de tres meses, algo ha cambiado. Cuando una casa, un automóvil, un teléfono o una mercancía importada empiezan a entenderse mentalmente a través de otra divisa, la moneda nacional puede seguir circulando y, sin embargo, estar perdiendo una de las propiedades que justifican su existencia.

La moneda con la que una sociedad cobra no siempre termina siendo la moneda con la que piensa.

Ahí está una de las claves de la Cuba actual.

Reuters describe una economía que se dolariza rápidamente y que continúa dependiendo fuertemente de las importaciones. El problema cotidiano también ha cambiado de naturaleza. Durante muchos años, hablar de la economía cubana significaba hablar inmediatamente de escasez: no había carne, aceite, medicamentos, combustible o determinada mercancía. La escasez no ha desaparecido, pero ahora convive con otro fenómeno. En algunos mercados hay productos y quienes no tienen acceso suficiente a ellos son los consumidores.

Una habanera entrevistada por Reuters lo explicó sin necesidad de lenguaje económico: comida hay; lo que se ha disparado son los precios.

La diferencia es enorme. Una estantería vacía y una estantería llena frente a alguien que no puede comprar producen fotografías distintas, pero para esa persona pueden desembocar en el mismo plato vacío. La primera es escasez física. La segunda es exclusión por poder adquisitivo. Cuba está experimentando ambas.

El Estado acaba de responder a la situación con una imagen que probablemente terminará siendo uno de los símbolos monetarios de esta crisis: nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos. Son las denominaciones más altas emitidas en el país. Las autoridades explicaron que ayudarán a aliviar la falta de efectivo, un problema que ha producido largas filas en los bancos y restricciones sobre cuánto dinero pueden retirar los clientes. Reuters constató casos como el de Rodríguez, limitado a 20.000 pesos diarios.

Con la referencia informal de 745 pesos por dólar observada este 28 de septiembre, esos 20.000 pesos equivalen a unos 26,85 dólares. El nuevo billete de 10.000 pesos representa aproximadamente 13,42 dólares y el de 20.000, unos 26,85. La conversión no pretende decir que esos billetes tengan un valor oficial en dólares: sirve para mostrar cuánto representa hoy su poder cambiario aproximado en el mercado informal.

La aparición de denominaciones tan altas resuelve un problema físico, no uno monetario. Si una compra que antes requería cinco billetes termina necesitando cincuenta, imprimir un billete mayor evita cargar con tanto papel. No hace que el salario compre más. Cambia el tamaño del billete, no el valor real del ingreso.

Hay algo casi brutalmente gráfico en ello. Cuando una economía necesita añadir ceros a sus billetes para facilitar las operaciones ordinarias, esos ceros cuentan una historia que ningún comunicado oficial puede borrar.

La segunda decisión reciente es todavía más reveladora. Cuba autorizó por primera vez una casa privada de cambio de divisas, rompiendo un monopolio que durante décadas estuvo bajo control del Banco Central. Según las autoridades, permitir estos intermediarios ayudará a obtener información para establecer una tasa oficial más transparente y reducir la especulación.

Detrás del lenguaje técnico hay una transformación extraordinaria: el Estado necesita observar al mercado para averiguar cuánto vale el dinero que él mismo emite.

Durante décadas, el sistema cubano pretendió determinar administrativamente el valor del peso frente a las monedas extranjeras. El inconveniente aparece cuando el precio decretado y el precio aceptado espontáneamente por compradores y vendedores se alejan demasiado. En ese momento no desaparece el mercado; simplemente se muda. Sale del banco y aparece en la calle, en las redes sociales, en grupos privados, entre conocidos y en miles de operaciones imposibles de encerrar dentro de una ventanilla estatal.

El dólar a 745 no representa, por tanto, solamente el encarecimiento de una moneda extranjera. Representa el precio que una parte del mercado asigna a la desconfianza acumulada alrededor del peso.

La historia reciente explica una parte del desastre. En enero de 2021 comenzó la llamada Tarea Ordenamiento, la gran reforma con la que el Gobierno pretendía eliminar distorsiones monetarias acumuladas durante años, terminar con la dualidad entre el peso cubano y el peso convertible y reorganizar salarios, precios y tipos de cambio. Llegó en uno de los peores momentos posibles: pandemia, hundimiento del turismo, baja productividad, problemas fiscales, escasez y fuertes restricciones externas.

Lo que debía ordenar terminó conviviendo con una aceleración extraordinaria de los desequilibrios.

Cinco años después, la comparación resulta demoledora. Reuters calculó que el peso se había depreciado aproximadamente diez veces desde 2021 cuando el dólar alcanzó los 700 CUP la semana pasada. Ahora la referencia informal ha avanzado otros 45 pesos.

El daño no se limita a quien intenta comprar dólares. Una depreciación prolongada termina entrando en casi todo. Si un productor necesita componentes importados, calcula sus costos teniendo en cuenta la divisa. Si un comerciante sabe que mañana necesitará más pesos para reponer la misma mercancía, aumenta el precio hoy. Si un trabajador sospecha que su salario perderá capacidad adquisitiva antes de la próxima subida salarial, intenta desprenderse de los pesos que no necesita inmediatamente. Cada comportamiento individual puede ser perfectamente racional y, al multiplicarse por miles, contribuir a reforzar la misma dinámica que todos intentan evitar.

La moneda empieza entonces a sufrir una crisis de confianza que se alimenta a sí misma.

Y esa crisis no golpea a todos por igual.

Aquí aparece una de las consecuencias sociales más profundas de la dolarización. Un cubano que recibe remesas, trabaja con turistas, presta servicios cobrados desde el exterior o tiene familiares capaces de enviarle divisas dispone de una defensa parcial contra la depreciación. Un jubilado que recibe su pensión exclusivamente en pesos no tiene esa protección. Tampoco la tiene necesariamente un médico, un maestro o cualquier trabajador estatal cuyo ingreso dependa fundamentalmente de una nómina denominada en CUP.

Dos personas pueden vivir en la misma calle y pertenecer, en términos monetarios, a economías diferentes.

Una cobra en pesos y compra mirando el dólar.

La otra cobra dólares y compra mirando los pesos.

La diferencia puede terminar siendo más importante que el oficio, la formación profesional o los años trabajados. En un país que durante décadas convirtió la igualdad en una de las principales justificaciones morales de su sistema, el acceso a divisas se transforma así en una nueva frontera de clase.

La escasez física de efectivo añade otra anomalía. A primera vista parece absurdo que un país pueda sufrir simultáneamente inflación y falta de dinero. No lo es. Cuando los precios suben con rapidez, cada operación necesita una cantidad nominal mayor de pesos. Los cajeros, bancos y comercios tienen que mover muchos más billetes para realizar compras cuyo valor real puede no haber aumentado en la misma proporción. Si la emisión, distribución y denominaciones disponibles no acompañan ese crecimiento, aparecen las filas, los límites de extracción y las sucursales que se quedan sin efectivo.

Por eso un hombre de 72 años termina madrugando para intentar conseguir dinero que ya es suyo.

Digitalizar los pagos puede reducir la cantidad de papel necesaria, pero tampoco resuelve el problema central. Una transferencia electrónica de 20.000 pesos sigue siendo 20.000 pesos. Y en Cuba existe una dificultad adicional: un sistema de pagos cada vez más dependiente de internet y electricidad funciona dentro de un país donde ambos servicios sufren interrupciones frecuentes. Una economía puede quedarse entonces sin efectivo mientras un apagón dificulta utilizar la alternativa electrónica.

La tormenta monetaria cubana tampoco puede explicarse sin Estados Unidos. Hacerlo sería mutilar deliberadamente el análisis.

Las sanciones estadounidenses producen costos reales. Las restricciones sobre el acceso a combustible, financiamiento, operaciones bancarias y comercio exterior encarecen una economía insular dependiente de importaciones. Durante 2026, la presión estadounidense sobre el suministro energético agravó todavía más la situación. El combustible repercute en transporte, agricultura, producción, refrigeración y distribución; termina incorporándose al precio de casi todo.

La Habana sostiene que esa presión explica una parte sustancial del deterioro y acusa a Washington de intentar asfixiar deliberadamente la economía para provocar un cambio político. Estados Unidos presenta sus medidas como presión sobre el Gobierno cubano por cuestiones políticas, económicas y de derechos humanos. El efecto sobre la economía ordinaria, independientemente de la justificación política de cada parte, existe.

Pero las sanciones tampoco pueden convertirse en una explicación universal.

Washington puede dificultar una transferencia, encarecer combustible, cerrar posibilidades financieras y elevar el riesgo de comerciar con Cuba. No diseñó la Tarea Ordenamiento. No administra las empresas estatales cubanas. No decide cuánto produce la agricultura nacional, cómo se asignan los recursos internos, qué tasa cambiaria establece La Habana o durante cuánto tiempo se impide a determinados actores privados entrar en sectores de la economía.

Una explicación seria necesita sostener ambas cosas simultáneamente: las sanciones dañan la economía cubana y las decisiones internas también tienen responsabilidad en el resultado. Eliminar cualquiera de las dos porque incomoda una narrativa política no produce análisis; produce propaganda.

Quizá la mejor evidencia de que el problema también es estructural esté en las decisiones que está tomando el propio Gobierno.

En junio se anunció un paquete de 176 reformas económicas. En septiembre llegaron nuevas normas destinadas a atraer inversión extranjera y ampliar el espacio de los negocios privados. Se eliminó para determinadas empresas la obligación de contratar trabajadores mediante agencias estatales, se flexibilizó el uso de cuentas bancarias en el exterior y se permitió a empresas privadas operar agencias de viaje y a trabajadores independientes ejercer como guías turísticos, actividades históricamente dominadas por el Estado.

Reuters ha descrito el conjunto como la transformación más extensa del modelo socialista cubano desde 1959.

Díaz-Canel insiste en que Cuba no está abandonando el socialismo. Puede ser cierto en términos políticos e institucionales: el Partido Comunista conserva su posición constitucional y el Estado continúa controlando sectores fundamentales. Económicamente, sin embargo, el Gobierno está aceptando mecanismos que durante décadas contempló con enorme recelo porque necesita que hagan aquello que la estructura existente ya no consigue hacer con suficiente eficacia: producir, atraer capital, generar divisas y mover mercancías.

El peso queda atrapado en medio de esa transición.

Y aquí conviene evitar otro error frecuente. Que un dólar cueste 745 pesos no demuestra por sí mismo que una moneda sea mala. El número nominal de unidades necesarias para comprar un dólar dice muy poco aislado del resto de la economía. Japón puede necesitar muchas unidades de yen para comprar un dólar sin que eso implique una crisis monetaria. Lo relevante es la velocidad de la depreciación, la estabilidad de los precios, el poder adquisitivo de los salarios y, sobre todo, la confianza de ciudadanos y empresas en mantener sus ahorros denominados en esa moneda.

Ahí es donde Cuba tiene un problema mucho más difícil que eliminar algunos ceros.

Al cierre de agosto, la referencia informal estaba en 675 pesos por dólar. Durante la mañana del 28 de septiembre alcanzó los 740 y horas después llegó a 745. Son setenta pesos adicionales en menos de un mes. Las ofertas individuales muestran además una dispersión considerable, otro síntoma de un mercado donde los participantes intentan descubrir constantemente cuál es el precio real de la divisa.

Nadie puede asegurar cuánto marcará mañana.

Precisamente ese es el problema.

Una moneda sana no necesita ser inmóvil, pero sí necesita ofrecer un grado razonable de previsibilidad. Una familia tiene que poder decidir si ahorra durante seis meses. Un comerciante necesita calcular cuánto le costará reponer mercancía. Una empresa necesita elaborar un presupuesto. Un trabajador necesita saber aproximadamente qué podrá comprar con el salario que recibirá el próximo mes. Cuando la respuesta a todas esas preguntas depende cada vez más de una cotización informal que cambia mientras transcurre el día, el daño supera ampliamente la cifra publicada en una pantalla.

Los nuevos billetes cubanos terminan funcionando como una metáfora involuntaria de todo el proceso. El de 20.000 pesos es el billete de mayor denominación que ha tenido el país. Parece una cifra enorme. Al cambio informal de hoy representa menos de 27 dólares.

Ahí cabe buena parte de la historia monetaria reciente de Cuba.

El peso no va a desaparecer mañana. Tampoco puede afirmarse que haya dejado de funcionar. Millones de salarios, pensiones, compras, impuestos y servicios continúan dependiendo de él. Las monedas pueden sobrevivir durante décadas a inflaciones severas, mercados paralelos y procesos parciales de dolarización.

La amenaza verdadera es más lenta y mucho más difícil de reparar.

Una moneda puede continuar circulando después de haber empezado a perder la confianza de quienes la utilizan. Puede seguir apareciendo en las nóminas mientras los trabajadores calculan su salario en dólares. Puede permanecer en las cuentas bancarias mientras quienes consiguen ahorrar buscan otra divisa para protegerse. Puede seguir siendo la unidad oficial de un país mientras los bienes más deseados encuentran silenciosamente otra unidad para expresar su valor.

El Estado conserva entonces la facultad de imprimir el dinero, pero empieza a perder la capacidad de determinar lo que ese dinero significa.

Este 28 de septiembre hacen falta alrededor de 745 pesos cubanos para conseguir un dólar en la referencia del mercado informal. Mañana la cifra puede ser otra. Ese es precisamente el dato más preocupante: no que Cuba haya llegado a 745, sino que cada vez resulta más difícil saber dónde terminará la caída.

El problema del peso cubano ya no cabe en la pregunta de cuánto vale.

La pregunta es cuánta confianza le queda.