Cuba: cuando enfermarse se convierte en una lucha por sobrevivir

Una bolsa plástica sujeta con cinta adhesiva al cuerpo de una persona que necesita una ostomía resulta difícil de mirar. No fue diseñada para proteger la piel, contener adecuadamente los desechos ni reducir las complicaciones que pueden acompañar a este tipo de procedimiento. Es una improvisación. Pero detenernos demasiado en esa imagen sería perder de vista lo verdaderamente importante: para llegar hasta ella tuvieron que fallar antes varias cosas. Faltó el dispositivo adecuado, faltó una alternativa accesible y una necesidad médica terminó convertida en un problema que el paciente tuvo que resolver con sus propios recursos.

Esa escena permite entrar en una crisis mucho más extensa. En Cuba, el deterioro sanitario ya no puede reducirse a la ausencia ocasional de determinados medicamentos. Abarca fármacos, material quirúrgico, reactivos, piezas de repuesto, equipamiento, transporte sanitario, infraestructura, electricidad, agua y personal. Cuando esas carencias coinciden, la dificultad deja de estar únicamente en diagnosticar una enfermedad. El problema pasa a ser conseguir todo lo necesario para tratarla.

La propia dirección del país ha reconocido la magnitud del desabastecimiento. Miguel Díaz-Canel admitió en agosto de 2026 que Cuba apenas conseguía cubrir alrededor del 30 % de su cuadro básico de medicamentos. El dato es especialmente relevante porque procede del propio Gobierno y porque describe una escasez que supera ampliamente los productos excepcionales o las terapias altamente especializadas. Cuando una parte tan grande del catálogo previsto no puede garantizarse, cualquier enfermedad puede convertirse en una búsqueda adicional para el paciente y su familia.

Ese es uno de los puntos donde la imagen histórica de la medicina cubana comienza a chocar con la realidad actual. Cuba construyó durante décadas una extensa red sanitaria, formó una cantidad considerable de médicos y convirtió la salud pública en uno de los principales argumentos de legitimidad de la Revolución. Esa historia existe y negarla sería innecesario. Precisamente por eso resulta tan grave observar cómo una estructura que alcanzó capacidades importantes pierde progresivamente las condiciones materiales necesarias para sostenerlas.

Un médico puede saber exactamente qué necesita un paciente y no disponer del medicamento. Un cirujano puede estar preparado y carecer de determinados insumos. Un laboratorio puede tener personal cualificado y funcionar de manera limitada porque faltan reactivos. Un equipo diagnóstico puede existir y quedar detenido por una pieza imposible de conseguir. La medicina moderna depende del conocimiento, pero también de una cadena industrial, energética y logística que tiene que funcionar de manera constante.

La crisis eléctrica agrava todo lo demás. En una vivienda, un apagón prolongado altera la vida cotidiana; dentro de un hospital puede afectar refrigeración de medicamentos, laboratorios, esterilización, diagnóstico, equipos de soporte y conservación de determinados productos. Los generadores pueden ofrecer respaldo, pero también necesitan combustible y mantenimiento. Cuando la red eléctrica nacional atraviesa una crisis prolongada, los hospitales no viven al margen de ella.

Algo semejante ocurre con el agua. Una institución sanitaria necesita suministro estable para higiene, lavandería, esterilización y prevención de infecciones. Las dificultades eléctricas afectan además los sistemas de bombeo. Por eso el deterioro de servicios básicos termina convirtiéndose también en un problema sanitario, aunque inicialmente no aparezca en las estadísticas de hospitales o medicamentos.

En medio de esa fragilidad se está produciendo un cambio menos visible y probablemente más profundo: la gratuidad formal de la atención permanece, pero la capacidad económica y las conexiones familiares empiezan a influir cada vez más en la posibilidad real de resolver determinadas necesidades.

La consulta puede seguir siendo gratuita y el médico puede atender sin cobrar. Sin embargo, si el medicamento no existe en la farmacia y aparece en el mercado informal, alguien tiene que pagarlo. Si falta un insumo y un familiar consigue localizarlo en otro país, alguien tiene que comprarlo y enviarlo. Si un paciente necesita desplazarse repetidamente porque determinados servicios no funcionan en su territorio, la familia debe encontrar transporte y recursos.

Dos personas pueden tener entonces el mismo diagnóstico y acceder formalmente al mismo sistema sanitario, pero enfrentarse a posibilidades muy diferentes. Una dispone de familiares en el extranjero, divisas y contactos capaces de encontrar aquello que falta. La otra depende exclusivamente de la disponibilidad pública.

La igualdad jurídica permanece.

La igualdad práctica comienza a deteriorarse.

La escasez ha favorecido además la aparición de mercados informales de medicamentos e insumos. No resulta extraño. Cuando desaparece de los canales normales un producto que alguien necesita urgentemente, aparece una demanda dispuesta a pagar. Y cuando la necesidad es médica, el comprador negocia desde la peor posición posible: no puede simplemente decidir que el precio es demasiado alto y regresar otro día.

Ahí la enfermedad adquiere también una dimensión económica. El paciente ya no lucha únicamente contra el diagnóstico. Tiene que calcular qué puede comprar, qué puede esperar y a quién puede pedir ayuda. Para una familia con ingresos bajos, un tratamiento prolongado puede empezar a competir directamente con alimentación, transporte y otras necesidades básicas.

El deterioro del sistema tiene además un componente humano que no puede reponerse mediante una importación: la pérdida de profesionales.

Cuba desarrolló durante décadas una enorme capacidad para formar médicos y utilizó las misiones sanitarias internacionales como instrumento de cooperación y también como importante fuente de ingresos. Esa formación continúa siendo uno de los activos más valiosos del país. Pero médicos, enfermeros, técnicos y especialistas viven dentro de la misma economía que el resto de la población. También sufren inflación, dificultades de vivienda, transporte, alimentación, apagones y pérdida de expectativas.

Cuando un profesional sanitario emigra, Cuba pierde mucho más que una plaza laboral. Pierde años de formación, experiencia acumulada y capacidad para enseñar a quienes llegan después. Si la salida afecta a especialidades difíciles de reemplazar, el impacto puede mantenerse durante años.

La combinación de escasez y pérdida de personal produce un deterioro acumulativo. Menos profesionales significa mayor carga sobre quienes permanecen. Una plantilla sobrecargada dispone de menos tiempo, acumula cansancio y tiene mayores dificultades para mantener la calidad asistencial. Si a eso se añaden equipos deteriorados y suministros irregulares, incluso profesionales muy bien preparados terminan trabajando por debajo de sus posibilidades.

Cuba enfrenta además una discusión inevitable sobre prioridades económicas. Durante años se destinaron recursos importantes a la expansión de infraestructura turística con la expectativa de que el sector generara las divisas necesarias para financiar otras áreas de la economía. Esa estrategia podía defenderse económicamente mientras el turismo produjera suficientes ingresos. El problema aparece cuando la ocupación y los ingresos no responden a las expectativas y, simultáneamente, hospitales, viviendas, redes eléctricas y sistemas de agua acumulan deterioro.

La comparación entre hoteles y hospitales suele utilizarse de manera demasiado simplista. Un país necesita sectores capaces de generar divisas y no todo dólar invertido en turismo podía trasladarse automáticamente a la salud. Pero gobernar consiste precisamente en establecer prioridades bajo escasez. Cuando faltan recursos esenciales durante años, resulta legítimo preguntar si la distribución de inversión respondió correctamente a las necesidades del país.

También sería incompleto analizar la crisis sin mencionar las sanciones estadounidenses. Las restricciones financieras y comerciales aumentan costos, dificultan pagos internacionales y pueden provocar que bancos o proveedores eviten operaciones con Cuba incluso cuando determinados medicamentos y bienes humanitarios cuentan con excepciones. En una economía con pocas divisas, cualquier obstáculo adicional puede terminar afectando la capacidad de importar.

Ese efecto existe y no necesita ser negado para cuestionar al Gobierno cubano.

El problema aparece cuando las sanciones se utilizan como explicación suficiente para prácticamente cualquier deficiencia. Washington no administra los hospitales cubanos, no determina los salarios del personal sanitario, no decide las prioridades nacionales de inversión y tampoco controla la organización interna del sistema. La crisis actual tiene componentes externos, pero también décadas de problemas productivos, administrativos, energéticos y financieros acumulados dentro del país.

Una investigación seria no necesita escoger entre dos relatos absolutos. Las sanciones pueden agravar la situación y el Gobierno cubano puede tener una responsabilidad decisiva sobre la manera en que administró el sistema. Ambas cosas pueden ser ciertas.

La responsabilidad interna adquiere un peso especial porque la salud nunca fue presentada en Cuba como una política pública cualquiera. Fue convertida en una de las demostraciones centrales de la superioridad del modelo. Durante décadas, los buenos resultados sanitarios fueron reivindicados como conquista de la Revolución. Ese argumento obliga también a aceptar que el deterioro pertenece al balance del sistema.

No sería justo afirmar que toda la medicina cubana ha dejado de funcionar. Continúan existiendo médicos preparados, instituciones capaces de resolver casos complejos y una tradición profesional importante. La crisis no borra automáticamente décadas de conocimiento acumulado. Lo preocupante es precisamente observar profesionales capacitados trabajando dentro de una estructura que cada vez dispone de menos recursos para aprovechar esa capacidad.

El conocimiento permanece.

La base material se debilita.

Y esa combinación explica por qué el deterioro puede avanzar sin que un hospital cierre oficialmente sus puertas. Los centros permanecen abiertos, las consultas continúan y los pacientes siguen llegando, pero una parte de la carga comienza a desplazarse silenciosamente hacia las familias. Son ellas quienes buscan medicamentos, localizan insumos, organizan transporte, consiguen divisas y llaman a familiares en el extranjero.

Ese traslado de responsabilidad es probablemente una de las señales más importantes de la crisis.

Un sistema sanitario no colapsa solamente cuando deja de existir. También puede deteriorarse lentamente mientras conserva sus edificios y estructuras formales. La diferencia se percibe cuando el paciente descubre que acceder al médico ya no garantiza acceder al tratamiento.

Por eso el caso de una persona obligada a improvisar un dispositivo de ostomía merece atención, pero no porque deba convertirse en símbolo propagandístico. Su importancia está en todo lo que revela alrededor. La improvisación aparece al final de una cadena de problemas mucho más extensa: falta el producto, la familia no puede comprarlo, el mercado informal lo encarece y el paciente termina resolviendo personalmente una necesidad médica que debería haber encontrado respuesta antes.

Ese fenómeno obliga también a reconsiderar qué significa realmente gratuidad sanitaria. La ausencia de una factura hospitalaria continúa siendo importante. Protege a millones de personas de costos que en otros sistemas pueden resultar devastadores. Pero gratuidad y acceso no son exactamente lo mismo. Un medicamento que oficialmente es gratuito pero no está disponible no trata a nadie. Un equipo que existe pero no funciona tampoco. Un especialista que emigró no puede atender desde una estadística.

La medida verdadera de un sistema sanitario aparece cuando una persona enferma entra por la puerta y encuentra aquello que necesita para tratarse.

Ahí es donde Cuba enfrenta hoy su prueba más difícil.

No necesita destruir su sistema público para reformarlo. Tampoco necesita importar un modelo donde la atención dependa exclusivamente de la capacidad económica. Puede preservar el principio de cobertura universal y, al mismo tiempo, permitir mayor participación privada, cooperativa e internacional allí donde contribuya a ampliar disponibilidad, producción y servicios. Puede mejorar salarios y condiciones de los profesionales, transparentar inventarios y compras, priorizar rehabilitación hospitalaria, facilitar importaciones y eliminar trabas internas que no tengan justificación sanitaria.

Pero ninguna reforma funcionará mientras diagnosticar los problemas sea políticamente más peligroso que permitir que continúen.

La medicina necesita datos reales.

Necesita reconocer qué falta.

Dónde falta.

Por qué falta.

Cuánto cuesta resolverlo.

Y quién tomó las decisiones que condujeron hasta allí.

Sin esa información, cualquier sistema termina administrando síntomas mientras la enfermedad institucional continúa avanzando.

La salud cubana se encuentra así frente a una contradicción histórica. El país que durante décadas envió médicos al mundo tiene hoy familias buscando medicamentos fuera. El Estado que convirtió la atención sanitaria universal en una de sus principales banderas observa cómo el dinero, las remesas y los contactos personales empiezan a determinar quién puede resolver con mayor rapidez aquello que falta. Una estructura concebida para proteger al paciente de la desigualdad económica corre el riesgo de reproducirla por medio de la escasez.

Ese debería ser el centro de la discusión.

No utilizar el sufrimiento de un enfermo para atacar políticamente a un Gobierno.

Tampoco utilizar los logros históricos para ocultar el deterioro presente.

Lo que importa es impedir que la enfermedad vuelva a convertirse en una prueba de resistencia económica y familiar.

Una persona que recibe un diagnóstico grave ya enfrenta suficiente incertidumbre. No debería tener que preguntarse además quién puede traerle un medicamento desde otro país, cuánto costará un insumo en el mercado informal o qué objeto doméstico tendrá que adaptar porque el dispositivo médico adecuado no apareció.

La dignidad sanitaria comienza precisamente ahí.

En poder enfermar sin quedar abandonado a la improvisación.

Cuba todavía conserva profesionales, conocimiento y una infraestructura sanitaria sobre la cual reconstruir. Esa es una ventaja enorme. Pero cada año de deterioro hace más difícil y costosa esa recuperación. Un edificio puede repararse; formar nuevamente especialistas lleva años. Comprar un equipo puede tomar meses; reconstruir la confianza de una población que aprendió a resolver por su cuenta puede necesitar mucho más.

Por eso el momento de discutir el fracaso no es cuando desaparezca el último medicamento ni cuando cierre el último hospital. Es ahora, mientras todavía existe algo que salvar.

El paciente de ostomía con el que comienza esta historia no necesita convertirse en emblema de ninguna ideología. Basta con comprender lo que representa: una persona enferma que llegó al punto de sustituir tecnología médica por improvisación porque entre su necesidad y la solución apareció un sistema incapaz de proporcionarla a tiempo.

Ese debería ser un límite.

Cuando una sociedad obliga a sus enfermos a improvisar aquello que necesitan para conservar salud y dignidad, ya no basta con recordar estadísticas históricas ni repetir que la atención es gratuita. Tampoco basta con señalar a Washington y terminar ahí la discusión. Hay que mirar hospitales, farmacias, salarios, inversiones, compras, producción, emigración profesional, burocracia y prioridades nacionales.

La pregunta final no es quién consigue ganar la discusión política sobre la medicina cubana.

Es mucho más sencilla.

¿Puede un ciudadano enfermar hoy en Cuba y confiar en que encontrará lo necesario para tratarse sin depender de dólares, mercado informal, familiares emigrados o soluciones improvisadas?

Mientras la respuesta para demasiadas familias siga siendo incierta, la crisis sanitaria continuará siendo mucho más que un problema de medicamentos.

Será una crisis de confianza.

Porque durante décadas a los cubanos se les pidió confiar en que, aun cuando muchas otras cosas faltaran, la salud estaría ahí cuando llegara el peor momento.

Ese fue uno de los compromisos más profundos del sistema con su población.

Y precisamente por eso su deterioro tiene un significado que supera cualquier farmacia vacía.

Cuando enfermarse deja de significar solamente luchar contra una enfermedad y empieza a significar también luchar para encontrar medicamentos, insumos, dinero y contactos, lo que está en juego ya no es únicamente la eficiencia de un sistema sanitario. Está en juego la promesa que durante generaciones justificó buena parte de su existencia: que ningún cubano tendría que enfrentar solo el precio de seguir vivo.