Cuba: el país se derrumba, el poder se blinda

Mientras la economía retrocede, las calles se vacían y los servicios que durante décadas fueron el gran orgullo de la Revolución se caen a pedazos, La Habana empieza a tragar en seco y a aceptar unas reformas de mercado que hace muy poco habrían parecido una herejía. Sin embargo, esa puerta se cierra de golpe en el momento en que toca al poder político. Esa frontera invisible es la que explica una de las mayores heridas de la Cuba de hoy: un Gobierno que jura actuar por el bien de todos, pero que sigue castigando sin tregua a quien piensa distinto y blindando un sistema que no le permite a la gente decidir si realmente quiere seguir viviendo así.

Cuba lleva tanto tiempo saltando de una emergencia a otra que ya nadie sabe dónde termina un ahogo y dónde empieza el siguiente. En septiembre, el país entero volvió a quedarse a oscuras; fue el sexto apagón nacional general desde enero, y eso sin contar los meses en que muchísimos barrios tuvieron que soportar más de treinta horas sin un bombillo encendido. Mientras tanto, la inflación oficial ya devoró al menos otro 25 % este año, el peso vale hoy apenas la décima parte de lo que valía en 2021, y la falta de dinero en efectivo tiene a la gente haciendo filas interminables frente a los bancos. Y en medio de esa asfixia, la sangría no para: los propios datos del Estado reconocen que el país ha perdido a cerca del 10 % de su gente en apenas unos años.

Políticos como Marco Rubio llevan meses llamando a Cuba un “Estado fallido”, y el propio Donald Trump usó esas mismas palabras esta semana en las Naciones Unidas. Es cierto que esa es una etiqueta política de Washington, no un dictamen jurídico ni un certificado internacional, y siempre es bueno tener clara esa diferencia. Pero quedarnos discutiendo si la frase es exacta o no puede distraernos del verdadero drama. Porque no hace falta hablar como Trump para ver con los propios ojos que el Estado cubano está atravesando un colapso económico, energético, demográfico y humano que asusta. Lo que de verdad pide a gritos una explicación es cómo un país puede estar derrumbándose de esa manera mientras su estructura de mando no se mueve ni un milímetro.

La respuesta a ese misterio está escrita muy clara en su propia Constitución. El artículo 3 dice con toda solemnidad que la soberanía reside en el pueblo, pero los dos artículos que le siguen le ponen un candado extraordinario a esa misma soberanía. El artículo 4 decreta que el sistema socialista es "irrevocable", y el 5 consagra al Partido Comunista de Cuba como la fuerza dirigente superior, única e indiscutible de toda la sociedad. En la práctica, la ley suprema no está protegiendo el derecho de los comunistas a hacer política; está protegiendo un tablero donde ellos son los únicos dueños del juego y nadie más puede sentarse a competir.

Entender ese cerrojo legal ayuda a comprender una contradicción que hoy salta a la vista. Cuba está tragándose un sapo económico que durante años habría sido inimaginable. En junio, el Gobierno soltó un paquete de 176 reformas, y este mes abrió más puertas a la inversión extranjera, le quitó a ciertos negocios privados la obligación de contratar a su gente a través del Estado, facilitó el uso de cuentas bancarias afuera y dejó que los particulares entren en zonas que antes eran sagradas para las empresas estatales. La agencia Reuters lo llamó la transformación más profunda de la economía cubana desde 1959. A finales de septiembre, incluso señalaban cómo el país iba tanteando el mercado mientras Díaz-Canel repetía una y otra vez que el socialismo seguía intacto.

No hay ningún misterio en esa mezcla. Un pequeño empresario privado puede traer comida, importar, dar empleo, pagar impuestos y quitarle de encima al Estado un montón de cargas que ya no es capaz de sostener. Un inversionista de afuera puede inyectar los dólares que tanta falta hacen. Un mercado de cambio privado, aunque informal, corrige los desastres que la burocracia no supo arreglar. Pero ninguna de esas concesiones obliga al Partido Comunista a soltar el timón. En cambio, permitir una oposición real, periódicos que no reciban órdenes, sindicatos libres o unas elecciones donde el poder se pueda perder, es harina de otro costal. Esas libertades no sirven solo para administrar la escasez; sirven para que la gente pueda cambiar a los administradores.

Esa es la línea roja que explica los movimientos del Gobierno mucho mejor que el cuento simplista de que los dirigentes no se dan cuenta de lo mal que está todo. Se dan cuenta perfectamente, tanto que han tenido que romper sus propias reglas económicas intocables. El terror empieza cuando la reforma ya no se trata de producir más viandas, sino de repartir la autoridad. Una apertura económica puede darle oxígeno y alargarle la vida al sistema; pero una apertura política de verdad los obligaría a aceptar que, a partir de ese día, su supervivencia dependería del voto de la gente.

Dentro de esa lógica fría, la represión tiene todo el sentido del mundo. Human Rights Watch no deja de documentar cómo siguen los arrestos a dedo, el acoso a periodistas independientes, el hostigamiento a los activistas y los juicios contra cualquiera que levante la voz. Su informe recogió que para finales de 2025 había cerca de 700 presos políticos; y Justicia 11J calculaba que cientos de los que salieron a gritar en julio de 2021 seguían tras las rejas. A mediados de este año, esas cifras ya volvían a rondar los 800 encarcelados. Por mucho que el Gobierno rechace la etiqueta de "presos políticos" y desacredite a las ONG, la realidad de las prisiones, las prohibiciones de salida y el acoso constante contra los que disienten es una herida abierta y documentada.

Y es que el objetivo de toda esa maquinaria represiva no es solo castigar al que ya levantó un cartel. Su verdadera función es ponerle un precio altísimo a la rebeldía para que los demás se lo piensen dos veces. Así funciona el control autoritario: no le hace falta meter presa a media isla. Le basta con que cada vecino, cada madre y cada muchacho tengan clarísimo lo que les puede pasar si sacan su enojo de la sala de su casa y lo llevan a la calle. Los años de cárcel de un manifestante, la patrulla frente a la casa de una familia o el interrogatorio a un reportero siembran un miedo que salpica muchísimo más allá de la persona que sufre el castigo en carne propia.

Mantener ese miedo vivo se vuelve vital cuando se te derrumba el otro pilar que sostuvo a la Revolución durante décadas. Porque el Gobierno cubano no duró todo este tiempo solo a punta de represión. También construyó un respaldo real basado en logros sociales palpables: la campaña de alfabetización, las escuelas llenas, los hospitales funcionando, los médicos de barrio y una malla de protección que convirtió a Cuba en una excepción dentro de una América Latina marcada por desigualdades brutales. Negar que eso existió es no entender por qué el sistema tuvo tanta gente dispuesta a defenderlo, adentro y afuera, durante muchísimos años.

El drama hoy es que ese viejo pacto social está hecho pedazos. Cuando no hay un triste paracetamol, la corriente se va por días enteros, el salario es agua entre los dedos y medio barrio decide irse del país, la promesa que justificaba el sacrificio político pierde toda su razón de ser. Los informes señalan que la crisis está cortando el acceso a un plato de comida digno, a la salud y a la luz. Saber que las farmacias solo tienen un 30 % de lo básico o que encuestas independientes muestran que siete de cada diez cubanos se acuestan saltándose comidas, te rompe cualquier discurso.

En medio de ese desespero, la represión ya no es un debate de ideas; es el instrumento que le queda al poder para manejar su pérdida de legitimidad. Un Gobierno que cada día tiene menos bienestar que ofrecer necesita encontrar otras maneras de sujetar el descontento que provoca tanta escasez. Eso no quiere decir que allá arriba todos piensen igual o que cada medida sea parte de un plan maestro. Lo que significa es que la propia máquina del Estado está diseñada para aferrarse al control por la fuerza justo cuando ya no puede convencer a nadie con buenos resultados.

A esto hay que sumarle casi setenta años de intereses creados. El Estado cubano no es un grupo de románticos soñando con doctrinas. Son ministerios reales, conglomerados militares, órganos de seguridad y miles de burócratas y administradores cuyas carreras, casas y comodidades dependen de que nada cambie. Para un ciudadano de a pie, la democracia es una luz de esperanza; para buena parte de la élite, es una amenaza directa. Significa perder cargos, influencia, el acceso privilegiado a los recursos y, lo que es más duro, abrir la puerta a que se empiece a debatir sobre reclamaciones, abusos y responsabilidades históricas. Cuando los que tienen que firmar las reformas son los mismos que más incertidumbre vivirían al día siguiente, la resistencia al cambio se explica sola.

Que se entienda no significa que justifique la falta de libertad. Pero ayuda a ver por qué persiste.

Esa concentración de poder económico empeora las cosas. Durante años, las estructuras estatales y los militares han monopolizado los sectores clave que generan dólares. Washington ha apuntado sus sanciones recientes justo ahí, golpeando la banca, la minería y la energía, argumentando que ese dinero solo sostiene a la cúpula y a la burocracia. La Habana, por su parte, grita que esas medidas agravan a propósito el sufrimiento de la gente. Hay que mirar ambas realidades sin tapujos: es innegable que las sanciones estadounidenses tienen efectos económicos reales y que la cacería de recursos energéticos este año ha empeorado los apagones y la carencia de todo. Hasta Naciones Unidas y expertos globales han criticado duramente ese asedio, que al Estado cubano le cuesta miles de millones.

Pero echarle la culpa al embargo no explica la armadura política interna. Estados Unidos te puede trabar una transferencia internacional, encarecer un barco mercante o bloquear el petróleo; pero no obliga a Cuba a escribir en su Constitución que el socialismo es eterno, ni a poner por ley a un partido por encima de cualquier competidor. Son dos discusiones distintas que La Habana lleva toda la vida intentando mezclar. Una política gringa puede ser dañina, y el sistema cubano puede ser un régimen autoritario al mismo tiempo. Reconocer una verdad no absuelve la otra.

Esa distinción es vital porque el Gobierno se acostumbró a presentar cualquier exigencia de apertura democrática como una bajada de pantalones frente al enemigo. Es una trampa circular. Mientras haya pleito con Washington, la "seguridad nacional" es la excusa perfecta para justificar el cerrojo interno; y mientras ese cerrojo asfixie a la gente, Washington encuentra los argumentos para no aflojar su presión. El resultado es un círculo vicioso donde dos gobiernos enfrentados se dan razones para mantener políticas inamovibles, mientras el precio de esa guerra infinita lo pagan los cubanos en la calle.

Frente a esa pared, la emigración ha sido durante años la gran válvula de escape por la puerta de atrás. Es cierto que para el país es una pérdida monstruosa de juventud, de profesionales y de fuerza viva. Pero, para el Gobierno, desinfla la olla de presión interna de manera inmediata y fabrica una diáspora que después termina mandando remesas, comida y medicinas a sus familias. No hace falta decir que cada crisis migratoria haya sido diseñada por el Estado con esa intención; basta con mirar lo que pasa en la práctica: una enorme tajada del descontento hace las maletas, abandona el país y, desde el exilio, termina ayudando a amortiguar el mismo desastre económico que los obligó a irse.

Ese mecanismo ha servido para ganar tiempo, pero no soluciona el fondo del problema. Un país puede ir tirando durante años a base de remesas, turismo, aliados de turno y pequeños parches en la economía. Lo que no puede hacer toda la vida es desangrarse perdiendo población e infraestructura mientras mantiene un sistema político que se niega, rotundamente, a competir con nadie.

Además, la cúpula cubana tiene clavada en la memoria una pesadilla que pesa más de lo que se admite en público. Los dirigentes que vivieron el final de la Guerra Fría vieron cómo Gorbachov, intentando salvar al sistema soviético, terminó acelerando su hundimiento. La apertura rusa desató fuerzas que el poder central ya no pudo amarrar. Desde La Habana, la lección que sacaron fue exactamente la opuesta a la del resto del mundo occidental: una vez que aflojas el monopolio, ya nadie te puede garantizar cómo ni dónde termina la historia.

Por eso, la lentitud cubana en la política no se debe confundir con ceguera. Responde a una conclusión mucho más calculadora y fría: el costo para el país de no hacer reformas de verdad es altísimo, pero el costo de hacerlas para los que hoy controlan el sistema puede ser todavía peor.

Ahí es donde se desarma por completo el discurso de que gobiernan exclusivamente por el bienestar del pueblo. Un Gobierno puede equivocarse con sus leyes económicas y aun así creer sinceramente que lo hace por el bien de todos. Lo que es indefendible es que sientan que esa convicción les da un título de propiedad sobre el país para gobernar toda la vida sin someterse al riesgo de perder el poder. Si el Partido Comunista está tan seguro de que la inmensa mayoría de los cubanos quiere conservar el socialismo, unas elecciones libres y competitivas serían la manera más aplastante de demostrarlo. Si la población quiere blindar su salud y su educación públicas, puede votar perfectamente por fuerzas políticas que se lo garanticen. La democracia no significa desmontar a ciegas un Estado de bienestar; significa, simplemente, permitir que los dueños del país decidan qué quieren conservar, qué urge cambiar y a quién le van a dar el mandato para hacerlo.

Ese punto es fundamental porque la futura libertad de Cuba tampoco puede construirse sobre el terreno del revanchismo. Haber sufrido un sistema intolerante no le da derecho a nadie a salir mañana a perseguir a un compatriota solo por declararse comunista. Una democracia auténtica va a tener que garantizarle a un partido comunista exactamente el mismo derecho que hoy ellos le niegan a sus adversarios: la libertad de organizarse, sacar su prensa, presentarse a las urnas y defender sus ideas en paz, siempre bajo unas reglas constitucionales que protejan a todos por igual. Los crímenes y delitos concretos tendrán que responderse de forma individual frente a tribunales verdaderamente independientes y con un debido proceso, jamás a través de linchamientos o culpabilidades colectivas. Porque la libertad no sirve de nada si el único cambio es quién tiene el permiso para aplastar al que piensa distinto.

Tampoco va a bastar con colgarle el cartel de "privado" a las empresas. Las transiciones poscomunistas en el mundo ya nos enseñaron que una economía manejada por el Estado puede mutar rapidísimo en una oligarquía feroz si los bienes públicos terminan cayendo en manos de los mismos que ya tenían los contactos, la información privilegiada y el poder. Cuba va a necesitar propiedad privada y capital extranjero desesperadamente, pero también tribunales que no reciban llamadas de arriba, registros transparentes, competencia real, protección legal y mecanismos firmes para evitar que la vieja élite política se quite el uniforme verde olivo y se ponga el traje de nueva élite económica. Cambiar un monopolio del Estado por un monopolio de exdirigentes sería cambiarle la cara al monstruo sin matarlo.

Ese riesgo inmenso es la prueba de que la libertad política no se puede dejar para el día en que la economía mejore. Sin prensa independiente, se vuelve casi imposible investigar cómo se hizo una privatización. Sin justicia autónoma, es imposible tumbar un contrato fraudulento. Sin partidos de oposición, ¿quién vigila y fiscaliza a los que están diseñando la transición? La democracia no es la medalla que te cuelgas al final cuando los números empiezan a cuadrar; es la infraestructura indispensable para evitar que la reconstrucción del país sea secuestrada por los mismos de siempre.

A pesar de las ruinas, Cuba tiene ases bajo la manga que muchas sociedades en crisis soñarían tener. Conserva una población educada, profesionales valiosos, un mapa geográfico de oro y una diáspora gigantesca con capital, mente empresarial y conexiones internacionales. Estar a noventa millas del mayor mercado del planeta algún día tendría que ser una bendición para el bolsillo en vez de la fuente eterna de conflictos. Ojo, nada te garantiza que una transición democrática vaya a traer billetes y abundancia inmediata, y prometer eso sería una irresponsabilidad. Reconstruir el tejido eléctrico, recuperar la fe de los inversores, sanear la moneda, pagar salarios dignos y levantar la infraestructura va a costar lágrimas, sudor y muchísimos años.

Es cierto que la libertad no te enciende una termoeléctrica por sí sola ni te surte los anaqueles de una farmacia de la noche a la mañana. Pero su valor es otro, igual de inmenso: te permite corregir los desastres sin tener que rogarle a los culpables que tengan la bondad de rectificar. Permite que si un Gobierno fracasa, se vaya a su casa; que si un periodista encuentra suciedad, investigue sin pedirle permiso al corrupto; que una empresa compita sin tener que jurar lealtad ideológica; y que si tú como ciudadano quieres organizar una alternativa, lo hagas sin que te echen a la seguridad del estado como si fueras el enemigo público.

Ese freno de emergencia, esa capacidad de corrección, es precisamente la que a Cuba le extirparon hace décadas. El drama del partido único no es solo que la misma gente se pase toda una vida mandando. El drama mayor es que anula la prueba de fuego más elemental que existe para saber si una sociedad todavía te respeta: el riesgo de perder.

Después de sesenta y siete años, el Gobierno ya no tiene cara para pararse en la tribuna y hablar como si fueran unos recién llegados tratando de enmendar la herencia maldita del pasado. La inmensa mayoría de los cubanos que hoy respiran en la Isla nacieron después de 1959. Todo lo que define sus vidas —sus carencias, sus trabajos, sus reglas— se ha forjado bajo instituciones fundadas y administradas por la Revolución. El tiempo no perdona, y el paso de las décadas traslada, inevitablemente, las responsabilidades. No puedes pasarte la vida cobrando como gobierno y explicando tus miserias por un pasado que ya es historia antigua.

Y tampoco pueden seguir escudándose en Washington para cada pared descarapelada. Estados Unidos ha sido torpe y cruel en muchas de sus políticas hacia Cuba, y sigue aplicando castigos que hoy machacan a gente común y corriente que no tiene la más mínima culpa ni control sobre su Gobierno. Y eso amerita todas las críticas posibles. Pero ni una sola directiva gringa obliga a La Habana a meter a un periodista al calabozo, a prohibir que otros partidos compitan o a poner en su Carta Magna que el sistema económico no se puede alterar jamás. Si mañana de madrugada desaparecieran por arte de magia todas las sanciones, la gran pregunta que define a la nación seguiría intacta frente a sus caras: ¿quién tiene el derecho legítimo a gobernar Cuba y con qué mecanismo pacífico puede el pueblo quitarles el asiento cuando lo hagan mal?

Esa es, precisamente, la reforma que el Gobierno esquiva con todas sus fuerzas, porque es la única donde no tienen el control de lo que va a pasar al final del día.

Todas las demás medidas las pueden ir soltando a cuentagotas desde arriba. El Estado elige a dedo cuántas licencias da, qué pedazos del mercado abre, cuánta plata extranjera deja entrar y qué leyes flexibiliza. Pero una democracia verdadera trae consigo una fuerza completamente distinta y salvaje para ellos: la incertidumbre. En democracia, nadie sabe quién va a amanecer ganando al día siguiente. El Gobierno oficialista puede perder feo. La oposición se puede equivocar y fracasar. Los ciudadanos tienen el derecho de cambiar de idea y de voto. Y un partido que mandó sin oposición durante décadas puede terminar, perfectamente, sentado amargado en las gradas de la oposición.

Y eso no es inestabilidad política.

Eso es, llanamente, la normalidad democrática. Una normalidad que Cuba nunca ha podido paladear en la mayor parte de la vida de quienes hoy habitan la Isla.

Ahí es donde la gran contradicción del sistema cubano se queda sin ropas. Se llena la boca afirmando que existe para escudar y proteger al pueblo, pero le da pánico que ese mismo pueblo se canse y decida retirarle el mandato. Se vende como el gran defensor de la soberanía nacional, pero le corta las alas a la forma más básica de soberanía política que existe: poder elegir entre distintos proyectos para sacar adelante al país. Y repiten la palabra "unidad" como si fuera una obligación divina, olvidando que en una casa con millones de personas siempre van a existir dolores, opiniones y sueños completamente distintos.

Una nación no tiene que pensar en bloque para mantenerse unida. Lo que necesita son reglas justas que les permitan convivir bajo el mismo sol a los que piensan diferente.

Ese es el cambio profundo, de raíz, que Cuba sigue aplazando. Y no tiene nada que ver con arriar banderas, tachar la historia ni entregarle las llaves del malecón a Estados Unidos. Se trata simplemente de devolverle el país a la gente, y de aceptar con humildad que ningún partido, ninguna familia y ninguna generación tiene a Cuba como título de propiedad.

El día después, por supuesto, tampoco va a ser sencillo.