Resumen

El Gobierno cubano ha aprobado 176 transformaciones que representan la mayor modificación formal del modelo económico desde 1959. El paquete permite convertir empresas estatales en sociedades mercantiles, vender propiedades públicas, incorporar accionistas privados, autorizar bancos privados, ampliar la empresa particular, conceder derechos extensos sobre tierras y abrir al capital privado sectores como turismo, combustible, finanzas y desarrollo inmobiliario.

En apariencia, Cuba se dirige hacia una economía más abierta.

El problema es quién controlará esa apertura.

El mismo Partido Comunista que monopoliza el poder político dirigirá la transferencia de activos. El mismo Estado que controla registros, licencias, tribunales, bancos, información económica y fuerzas de seguridad decidirá qué se vende, a quién, por cuánto y bajo qué condiciones. El mismo conglomerado militar que domina una parte sustancial de los sectores más rentables parte con ventajas imposibles de igualar para el ciudadano común.

Esto no es todavía una oligarquía consumada. Es algo más peligroso: la creación de las condiciones legales para una oligarquía de continuidad.

La transición que se perfila no garantiza que la propiedad pase del Estado al pueblo. Puede hacer que pase del Estado abstracto a personas concretas vinculadas al mismo poder que administró, empobreció y controló el país durante casi siete décadas.

No sería el nacimiento de un capitalismo democrático.

Sería la privatización de la dictadura.

Verificación: qué fue realmente aprobado

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un paquete de 176 medidas respaldado previamente por la dirección del Partido Comunista y por Raúl Castro. Según la presentación oficial, las reformas no abandonan el socialismo; buscan preservarlo mediante una mayor utilización del mercado, la propiedad privada, la inversión extranjera y diferentes formas de gestión.1

No se trata de ajustes menores.

El Gobierno propone transformar empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. El Estado decidirá cuánto conservará en cada sector y mantendrá participación mayoritaria en aquellos que considere estratégicos. Las empresas privadas, las cooperativas, los inversionistas extranjeros y las personas naturales podrán comprar acciones de empresas estatales según la gradualidad que determine el propio poder.2

También se autoriza la venta de propiedades estatales a personas y entidades cubanas o extranjeras, incluidos cubanos residentes en el exterior. Se permitirá que una persona sea dueña de varias empresas privadas, posea acciones en diferentes compañías y contrate a más de cien trabajadores.3

En el sistema financiero, el Gobierno propone autorizar bancos privados y otras instituciones financieras de capital nacional o extranjero, bajo la supervisión del Banco Central. También plantea cuentas en divisas sin autorización administrativa previa, entidades especializadas en activos virtuales y un banco corporativo en línea para el turismo.4

En la agricultura, se mantendrá formalmente la propiedad estatal de la tierra, pero se entregarán derechos de usufructo por tiempo indeterminado. El usufructuario ya no tendrá que trabajar directamente la tierra: podrá financiar la explotación, contratar trabajadores y administrar grandes extensiones según el proyecto aprobado. Para determinadas inversiones extranjeras se ampliarán derechos de superficie hasta 99 años y derechos de usufructo por más de medio siglo.5

El turismo se abrirá a arrendamientos, concesiones, empresas mixtas, ventas de inmuebles y desarrollos inmobiliarios en polos turísticos, zonas patrimoniales y áreas urbanas. El capital privado y extranjero también podrá participar en la importación y comercialización de combustible, incluidas redes minoristas y servicentros.6

El paquete incluye además procedimientos de quiebra y liquidación de empresas con pérdidas, reformas fiscales, un mercado cambiario digital, eliminación gradual de subsidios a productos y su sustitución por ayudas dirigidas a personas vulnerables.7

Pero hay una precisión decisiva: estas medidas no están completamente implementadas. El propio Gobierno reconoce que será necesario modificar más de 148 disposiciones jurídicas, derogar quince normas y redactar 32 nuevas leyes, decretos-leyes y decretos.[8]

Por tanto, Cuba no posee todavía un nuevo sistema económico completo. Posee una autorización política para construirlo.

Y quien controle la legislación de implementación controlará el reparto real.

El error de confundir propiedad privada con economía libre

La propiedad privada es necesaria para crear prosperidad, pero no basta.

Una economía libre exige propiedad protegida por leyes generales, tribunales independientes, competencia real, información pública, igualdad regulatoria y límites al poder político. Cuando esos elementos no existen, la privatización puede producir propietarios sin producir libertad.

Eso es exactamente lo que amenaza a Cuba.

La Constitución sigue declarando al Partido Comunista como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. No existe competencia entre partidos, alternancia gubernamental ni una oposición con capacidad legal para supervisar la transferencia de activos. La prensa independiente sigue perseguida y el poder político mantiene control sobre las instituciones que deberían fiscalizarlo.[9]

En ese escenario, vender una empresa estatal no significa necesariamente entregar esa empresa al ciudadano que mejor pueda desarrollarla. Puede significar entregársela a quien tenga mejores relaciones con el funcionario que decide, mejores conexiones con las Fuerzas Armadas, acceso privilegiado a divisas o capacidad para utilizar intermediarios cuyo verdadero beneficiario permanezca oculto.

El mercado no comienza cuando aparece una escritura de propiedad.

Comienza cuando nadie puede utilizar el Estado para escoger ganadores.

Cuba se dispone a reconocer propiedad privada sin haber construido primero las instituciones que protegen la competencia frente al poder. Ese orden de prioridades es exactamente el que puede convertir una reforma económica necesaria en un saqueo legalizado.

El cubano común llega tarde a una carrera preparada durante décadas

El Gobierno presenta estas medidas como oportunidades abiertas a todos. Formalmente, un ciudadano podrá adquirir acciones, fundar más de una empresa, acceder a tierras, invertir en turismo o participar en nuevas instituciones financieras.

Pero igualdad jurídica escrita no significa igualdad real de acceso.

El trabajador cubano llega a esta reforma con un salario pulverizado, sin ahorro significativo, sin crédito suficiente y sin divisas. El jubilado llega con una pensión incapaz de competir por activos públicos. El profesional llega después de décadas cobrando en una moneda depreciada. La familia que no recibe remesas llega sin capital inicial.

Al otro lado se encuentran quienes ya controlan dólares, importaciones, empresas, información, contactos, almacenes, vehículos, licencias y redes de distribución.

La pregunta no es únicamente quién tendrá derecho a comprar.

La pregunta es quién tendrá dinero para hacerlo.

Cuando el Gobierno permita comprar acciones de empresas estatales, hoteles, inmuebles o derechos empresariales, millones de cubanos contemplarán una riqueza que nominalmente siempre fue “de todo el pueblo”, pero que nunca podrán adquirir.

Los compradores potenciales más fuertes serán previsiblemente cuatro grupos: capital extranjero, emigrados con patrimonio, empresarios privados ya consolidados y personas relacionadas con las estructuras estatales, militares o administrativas.

Los tres primeros pueden aportar capital legítimo y conocimientos necesarios. El cuarto representa el riesgo político fundamental: la transformación de poder administrativo en propiedad privada.

Quien durante años dirigió una empresa estatal conoce sus activos, contratos, deudas, clientes, reservas y verdadero potencial. Quien controla la institución que la valora puede influir sobre el precio. Quien posee información anticipada puede organizar compradores. Quien dirige el banco puede decidir quién obtiene crédito. Quien controla la licencia puede impedir la entrada de competidores.

La desigualdad de información puede convertirse en desigualdad de propiedad.

La nueva clase propietaria puede salir de la vieja clase dirigente

La dictadura sostiene que la riqueza seguirá sometida al interés socialista. Esa declaración no protege a la sociedad. La expone.

El Gobierno ha dicho que mantendrá el control de los sectores estratégicos y decidirá la gradualidad con que podrán adquirirse acciones estatales. Eso significa que la apertura no será gobernada por reglas impersonales, sino por decisiones políticas.

El mismo aparato será regulador, vendedor, accionista, supervisor bancario y árbitro.

Esta concentración de funciones crea conflictos de interés enormes.

El funcionario que clasifique una empresa como estratégica o privatizable influirá sobre su destino. El organismo que autorice un banco decidirá quién puede financiar adquisiciones. El Estado que vende un hotel podrá seguir siendo socio, regulador y proveedor de infraestructura. El poder que entrega tierras conservará la facultad de revocar contratos y determinar qué proyecto merece aprobación.

En una democracia, estas decisiones pueden ser investigadas por el Parlamento, cuestionadas por la oposición, impugnadas ante jueces independientes y expuestas por la prensa.

En Cuba, la operación se desarrollará bajo un partido único que no puede perder elecciones porque no compite en ellas.

Ese es el mecanismo que puede producir una burguesía de Estado: antiguos administradores, militares, familiares, socios y operadores que conviertan su cercanía política en patrimonio económico.

No sería una ruptura con la vieja élite.

Sería su conversión jurídica en clase propietaria.

GAESA no parte desde cero

La reforma tampoco comienza sobre un terreno económico neutral.

GAESA, conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas, ya posee intereses en turismo, finanzas, comercio, puertos, remesas, transporte, construcción e importaciones. Sus estados financieros completos no se publican regularmente y diferentes estimaciones externas le atribuyen una participación extraordinaria en los ingresos en divisas y en sectores estratégicos de la economía.[10]

No es necesario aceptar todas las cifras que circulan sobre GAESA para reconocer el problema. Basta con observar su presencia en hoteles, comercio minorista, finanzas, logística y propiedades inmobiliarias.

Si las empresas estatales se convierten en sociedades por acciones, si los hoteles se venden o concesionan, si aparecen bancos privados y si se abren activos turísticos, el conglomerado militar y sus redes asociadas parten con información, infraestructura, capital y poder institucional que ningún pequeño empresario posee.

La posibilidad de que activos estatales terminen en manos formalmente privadas no implica que salgan del circuito del poder militar.

Pueden cambiar de nombre sin cambiar de beneficiario.

Una empresa puede aparecer inscrita a nombre de un familiar, socio, exfuncionario, residente en el exterior o entidad extranjera. Sin un registro público y verificable de beneficiarios finales, la propiedad legal puede ocultar la propiedad real.

Así se construyen las oligarquías modernas: no siempre con un general firmando una escritura, sino mediante capas corporativas, familiares, representantes y sociedades interpuestas.

El testaferro no elimina el poder del funcionario.

Lo vuelve menos visible.

Rusia: una advertencia, no una copia exacta

La comparación con Rusia debe hacerse con rigor.

Cuba en 2026 no es la Rusia de 1992. Rusia atravesó el colapso de la Unión Soviética, una liberalización rápida, privatización masiva mediante vales y posteriormente el esquema conocido como “préstamos por acciones”. Cuba mantiene intacto el partido único y no ha anunciado una privatización masiva idéntica.

Pero la experiencia rusa ofrece una advertencia institucional que Cuba no puede ignorar.

Durante la primera etapa de privatización rusa, más del 70 % de las empresas terminó bajo control de personas vinculadas internamente a esas compañías. Después, el programa de préstamos por acciones permitió que bancos controlados por empresarios prestaran dinero al Gobierno utilizando como garantía participaciones en grandes compañías estatales, especialmente de sectores estratégicos. Los activos fueron subvalorados y terminaron en manos de una pequeña clase de oligarcas.[11]

El problema no fue simplemente que Rusia reconociera propiedad privada.

El problema fue privatizar antes de construir instituciones capaces de impedir captura, colusión, manipulación de precios y extracción de activos.

Investigaciones del Banco Mundial concluyeron que establecer mecanismos sólidos de gobierno corporativo antes de privatizar grandes empresas reduce el incentivo y la posibilidad de vaciarlas. El FMI ha advertido que, sin procedimientos abiertos de valoración y venta, la privatización crea oportunidades para corrupción, acuerdos entre compradores y funcionarios y transferencia de propiedad por debajo de su valor real.[12]

Cuba presenta varias vulnerabilidades similares: información económica cerrada, debilidad del control ciudadano, concentración política, discrecionalidad administrativa, ausencia de prensa libre y enormes desigualdades en el acceso al capital.

Pero existe una diferencia todavía más inquietante.

En Rusia, gran parte de la oligarquía surgió durante la descomposición de un Estado. En Cuba, podría surgir bajo la dirección organizada del mismo Estado autoritario.

No sería un robo provocado únicamente por el caos.

Podría ser una transferencia administrada desde arriba.

El riesgo bancario: quien financia las compras puede terminar comprando el país

La autorización de bancos privados es una de las transformaciones más delicadas.

Un sistema financiero plural puede ser positivo. Cuba necesita crédito, medios de pago modernos, ahorro protegido y acceso empresarial a capital. El problema no es que existan bancos privados. El problema es quién los poseerá, cómo obtendrá la licencia y a quién financiará.

Un banco privado controlado por personas políticamente conectadas puede convertirse en la herramienta principal para concentrar activos.

Podría conceder préstamos preferenciales a empresas relacionadas, financiar la compra de acciones estatales, adquirir garantías inmobiliarias, controlar divisas y decidir qué empresarios sobreviven. Si el mismo grupo posee un banco, hoteles, distribuidoras, tierras y empresas importadoras, no se crea competencia: se crea poder económico vertical.

La supervisión prometida por el Banco Central tampoco basta por sí sola. El Banco Central pertenece al mismo Estado que dirige el Partido Comunista, administra las empresas en venta y mantiene relaciones con los conglomerados estatales.

El regulador no es independiente del vendedor.

La concentración bancaria puede convertirse en la puerta de entrada a la concentración total.

Quien controla el crédito controla qué propiedad cambia de manos.

Hoteles, inmuebles y zonas turísticas: el patrimonio más atractivo

El turismo merece una vigilancia especial porque concentra algunos de los activos físicos más valiosos del país.

El Gobierno permitirá arrendamientos, concesiones, empresas mixtas, usufructos, venta de inmuebles y desarrollo inmobiliario en polos turísticos, cayos, marinas, zonas patrimoniales y espacios urbanos vinculados al turismo.

Esto puede atraer inversión útil. También puede producir una transferencia histórica de playas, hoteles, terrenos y patrimonio urbano hacia grupos vinculados al poder.

La frase oficial “venta caso a caso” es precisamente lo que debería preocupar.

Cuando una operación se decide caso por caso sin licitación pública obligatoria, valoración independiente y publicación íntegra del contrato, cada caso puede transformarse en negociación política.

¿Quién determinará el precio de un hotel construido con recursos públicos?

¿Quién valorará un inmueble en La Habana Vieja?

¿Quién decidirá qué inversionista recibe derechos sobre una marina, un cayo o una zona costera?

¿Podrá la ciudadanía conocer al beneficiario final?

¿Podrán competir todos bajo las mismas condiciones?

Sin respuestas verificables, la apertura turística no es una reforma transparente. Es una invitación al reparto discrecional del patrimonio nacional.

La tierra: propiedad estatal, control privado y nueva concentración

El Gobierno insiste en que la tierra seguirá siendo propiedad de todo el pueblo. Pero esa frase puede quedarse vacía cuando los derechos económicos reales se concentran durante décadas en pocas manos.

El usufructo por tiempo indeterminado, la eliminación del requisito de trabajo directo y la posibilidad de contratar empleados permiten crear grandes unidades agrícolas administradas por personas con capital.

Eso puede aumentar la producción. Cuba necesita urgentemente una agricultura menos burocratizada.

Pero también puede originar latifundios funcionales sin que exista propiedad privada formal de la tierra.

Una persona o empresa podrá controlar superficies extensas, contratar trabajadores, importar insumos, acceder a financiamiento y explotar económicamente la tierra durante un periodo indefinido. El título seguirá en manos del Estado; el poder económico real estará en manos del usufructuario.

El campesino pobre no competirá en igualdad con un grupo que disponga de divisas, contactos, maquinaria y acceso preferencial al crédito.

Sin límites de concentración, publicación de contratos y concursos transparentes, la reforma agrícola puede sustituir el monopolio estatal improductivo por una nueva aristocracia rural políticamente conectada.

Cambiaría el administrador.

No necesariamente cambiaría el sometimiento del trabajador.

El fin de los subsidios puede llegar antes que la prosperidad

Las medidas no solo abren oportunidades empresariales. También trasladan costos hacia la población.

El Gobierno pretende eliminar subsidios a productos y sustituirlos por ayudas dirigidas a personas vulnerables. En teoría, ese modelo puede ser más eficiente que subsidiar indiscriminadamente a toda la población.

El riesgo está en la secuencia.

Si primero se elevan precios y después se intenta identificar a los vulnerables, millones de personas pueden quedar atrapadas entre ambos sistemas. Cuba carece de una administración social transparente, un registro confiable de ingresos reales y una moneda estable. Gran parte de la economía funciona informalmente y muchas familias sobreviven mediante remesas, intercambios y actividades que no aparecen correctamente en las estadísticas.

El Gobierno promete un fondo de protección social financiado por el ahorro generado al eliminar subsidios. Pero ese fondo dependerá del mismo presupuesto agotado y del mismo aparato administrativo que no ha conseguido garantizar alimentos, electricidad, medicamentos y transporte.

El aumento del salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos fue presentado incluso por el propio Gobierno como insuficiente. Un incremento nominal puede ser devorado rápidamente si la liberalización de precios, la devaluación y la eliminación de subsidios avanzan más rápido que la producción.[13]

La población puede recibir una mejora salarial en agosto y perderla en el mercado pocas semanas después.

La reforma podría crear propietarios ricos antes de crear consumidores solventes.

Por qué estas medidas no garantizan bienestar popular

Algunas de las 176 medidas son económicamente razonables. Reducir prohibiciones, permitir empresas de mayor tamaño, facilitar importaciones, abrir el crédito, conceder autonomía empresarial y eliminar trámites puede liberar productividad.

Negarlo sería ideología, no análisis.

El problema es que reformas técnicamente útiles pueden producir resultados socialmente destructivos cuando se aplican dentro de instituciones capturadas.

La diferencia entre una economía de mercado y un capitalismo oligárquico no está únicamente en la existencia de propiedad privada.

Está en las reglas de acceso a esa propiedad.

En una economía libre:

• las ventas públicas se licitan;

• los activos se valoran de manera independiente;

• los contratos se publican;

• los beneficiarios finales se identifican;

• los bancos no financian fraudulentamente a sus dueños;

• los jueces pueden anular operaciones corruptas;

• la prensa puede investigar;

• la oposición puede exigir responsabilidades;

• el Gobierno puede perder elecciones.

Nada de eso está garantizado hoy en Cuba.

Por tanto, el paquete puede aumentar la producción en determinados sectores y, al mismo tiempo, agravar la desigualdad, la concentración y el poder de las élites.

Una economía puede crecer y seguir siendo injusta.

Un hotel puede ser rentable mientras el barrio permanece sin agua.

Un banco puede prosperar mientras el trabajador pierde sus ahorros.

Una empresa puede exportar mientras su propietario obtiene privilegios políticos.

El crecimiento sin ciudadanía puede enriquecer al régimen sin liberar al país.

La falsa transición china o vietnamita

Algunos interpretan las medidas como un giro hacia los modelos de China o Vietnam: mercado en la economía, partido único en la política.

Ese camino puede generar crecimiento, pero no garantiza libertad ni distribución justa del poder.

Además, Cuba no posee las mismas condiciones demográficas, industriales, geográficas o financieras de China y Vietnam. Tiene una población envejecida, emigración masiva, infraestructura deteriorada, escasez energética, poca confianza monetaria y un mercado interno empobrecido.

La copia puede conservar la parte autoritaria del modelo asiático sin conseguir su capacidad productiva.

El régimen podría obtener inversiones, impuestos y divisas suficientes para sobrevivir, mientras mantiene censura, represión y monopolio político.

Ese sería el escenario óptimo para la cúpula: abandonar las restricciones económicas que ya no funcionan sin abandonar el poder político que la protege.

El ciudadano recibiría más mercado, pero no más soberanía.

Podría abrir una empresa, pero no fundar un partido.

Podría comprar acciones, pero no investigar libremente quién compró el país.

Podría contratar trabajadores, pero no elegir entre gobiernos alternativos.

Eso no es una transición democrática.

Es una modernización autoritaria.

La oligarquía de continuidad

El peligro cubano no es únicamente que aparezcan ricos.

Una sociedad libre puede tener personas muy ricas sin convertirse en una oligarquía. El problema surge cuando la riqueza compra poder político y el poder político distribuye riqueza entre sus aliados.

Una oligarquía es una minoría que concentra propiedad, información, crédito, influencia y capacidad para modificar las reglas en su beneficio.

Cuba ya posee la estructura política necesaria para producirla:

• partido único;

• instituciones subordinadas;

• conglomerado militar dominante;

• información económica opaca;

• licencias administrativas;

• acceso desigual a divisas;

• ausencia de fiscalización electoral;

• persecución del periodismo independiente.

Las 176 medidas aportan ahora los vehículos económicos:

• acciones;

• bancos;

• sociedades mercantiles;

• múltiples empresas por propietario;

• venta de inmuebles públicos;

• usufructos prolongados;

• concesiones turísticas;

• operaciones inmobiliarias;

• control privado de combustible;

• compra de empresas estatales.

La combinación es explosiva.

El poder político ya está concentrado.

Ahora puede concentrarse también la propiedad legal.

Lo que debe exigirse antes de vender un solo activo estratégico

La reforma económica cubana solo podrá considerarse legítima si se acompaña de una transformación institucional verificable.

Primero, debe publicarse un inventario completo de los activos del Estado: empresas, inmuebles, hoteles, terrenos, puertos, bancos, reservas, deudas y participaciones societarias.

Segundo, cada activo debe ser valorado por entidades independientes mediante metodologías públicas. Ninguna empresa puede venderse mediante negociación secreta o aprobación discrecional.

Tercero, todas las operaciones deben realizarse mediante licitaciones abiertas, competitivas y observadas por auditores internacionales independientes.

Cuarto, debe crearse un registro público de beneficiarios finales. No basta con conocer el nombre de la empresa compradora; hay que identificar a las personas físicas que controlan el capital.

Quinto, los altos dirigentes políticos, mandos militares, administradores de empresas estatales, sus familiares y socios deben quedar sometidos a declaraciones patrimoniales, normas estrictas de conflicto de interés y periodos de incompatibilidad antes de adquirir activos bajo su antigua administración.

Sexto, Cuba necesita una autoridad de competencia independiente capaz de impedir monopolios privados, concentración bancaria y control vertical de cadenas completas.

Séptimo, debe garantizarse la independencia judicial. Todo ciudadano debe poder impugnar una venta, una licencia o una expropiación sin enfrentarse a un tribunal subordinado al partido que autorizó la operación.

Octavo, debe existir libertad de prensa y acceso público a contratos, auditorías, balances y expedientes de privatización.

Noveno, antes de eliminar subsidios deben establecerse transferencias sociales verificables, pensiones ajustadas a la inflación y mecanismos que protejan alimentación, medicamentos, electricidad y vivienda.

Décimo, la apertura económica debe acompañarse de elecciones libres, pluralismo político, legalización de organizaciones independientes y observación internacional.

Sin estas condiciones, hablar de “propiedad del pueblo” será una burla.

El pueblo será dueño en el discurso y espectador en la subasta.

Dimensión geopolítica

La apertura también puede convertirse en una disputa entre capitales externos.

Empresas extranjeras, emigrados con patrimonio, gobiernos aliados y fondos de inversión buscarán posiciones en turismo, energía, minería, banca, agricultura y bienes inmuebles.

La inversión extranjera es necesaria para reconstruir Cuba. Pero una dictadura con urgencia de divisas puede negociar activos estratégicos en condiciones desventajosas y conceder privilegios a quienes garanticen oxígeno político.

El país podría sustituir dependencia estatal por dependencia corporativa.

La comunidad internacional no debe limitarse a celebrar que Cuba adopte mecanismos de mercado. Debe exigir que esos mecanismos no sirvan para convertir la propiedad nacional en premio para aliados del régimen.

Inversión sin transparencia puede financiar la continuidad de la dictadura.

Crédito sin democracia puede capitalizar a sus guardianes.

Privatización sin justicia puede legalizar el saqueo.

Interpretación estratégica

La reforma no representa necesariamente la derrota del castrismo.

Puede representar su mutación más ambiciosa.

El sistema ha comprendido que el monopolio estatal absoluto ya no produce suficientes alimentos, divisas, energía ni legitimidad. Pero también sabe que abrir la política pondría en riesgo a quienes han gobernado durante 67 años.

La solución puede consistir en abrir la economía lo suficiente para generar riqueza, pero cerrar la política lo suficiente para controlar quién la acumula.

Así se conservaría el poder bajo una apariencia distinta.

La élite dejaría de presentarse únicamente como administradora de la propiedad socialista y empezaría a convertirse en accionista, banquera, arrendadora, empresaria, concesionaria y propietaria indirecta.

El uniforme podría cambiar por el traje.

El comité por el consejo de administración.

La empresa militar por el holding privado.

El control no desaparecería.

Se volvería hereditario.

Conclusión

Las 176 medidas contienen cambios que Cuba necesita desde hace décadas. El país necesita empresa privada, inversión, crédito, libertad productiva, mercados, autonomía y propiedad protegida.

Pero no necesita que quienes destruyeron su economía se conviertan ahora en propietarios de sus ruinas.

No necesita que el Partido Comunista administre la transición desde el monopolio estatal hacia un capitalismo reservado a sus cuadros.

No necesita bancos privados controlados por los mismos círculos que controlaban la banca pública.

No necesita hoteles vendidos a operadores relacionados con quienes los administraron sin transparencia.

No necesita tierras en usufructo indefinido para empresarios escogidos desde oficinas políticas.

No necesita nuevos ricos protegidos por la misma policía que persigue a los pobres cuando protestan.

El verdadero dilema no es socialismo contra mercado.

Es libertad contra captura.

La propiedad privada puede ser una herramienta de emancipación cuando se distribuye mediante reglas transparentes y está protegida por instituciones democráticas. Puede ser una herramienta de dominación cuando el poder político decide quién tendrá derecho a comprarla.

Cuba no corre únicamente el riesgo de pasar del comunismo al capitalismo.

Corre el riesgo de pasar del comunismo de Estado al capitalismo de los coroneles.

El pueblo cubano podría perder dos veces la misma propiedad: primero cuando el régimen la nacionalizó en nombre de todos y después cuando la venda a unos pocos sin preguntar a nadie.

Las reformas económicas sin democracia no devolverán necesariamente Cuba a los cubanos.

Pueden entregar Cuba, legalmente, a quienes ya la controlan políticamente.

Y cuando eso ocurra, la dictadura no habrá desaparecido.

Habrá cambiado de escritura.

Verificación y fuentes

1 Reuters confirmó la aprobación unánime de más de 175 reformas, respaldadas por el Partido Comunista y Raúl Castro, mientras Díaz-Canel insistió en que Cuba “no renuncia al socialismo”. (Reuters)

2 La presentación oficial contempla convertir empresas estatales en sociedades mercantiles, establecer procedimientos de quiebra y permitir la adquisición gradual de sus acciones por empresas privadas y personas naturales. (Granma.cu)

3 El Gobierno permitirá empresas privadas con más de cien empleados, múltiples compañías bajo un mismo propietario, sociedades anónimas y venta de propiedades estatales a compradores nacionales y extranjeros. (Granma.cu)

4 La propuesta oficial autoriza bancos privados, capital extranjero en instituciones financieras, cuentas en divisas sin permiso administrativo previo y entidades de activos virtuales. (Granma.cu)

5 El paquete contempla usufructos agrícolas por tiempo indeterminado, elimina la exigencia de trabajo directo del usufructuario y amplía derechos de superficie para inversión extranjera hasta 99 años. (Granma.cu)

6 Las medidas oficiales permiten participación privada en combustibles, desarrollos inmobiliarios turísticos, concesiones, arrendamientos y ventas de inmuebles en diferentes zonas del país. (Granma.cu)

7 Se eliminarán gradualmente subsidios a productos para sustituirlos por ayudas dirigidas a personas, mediante un fondo de protección social todavía por implementar. (Granma.cu)

[8] El propio Gobierno reconoce que la aplicación requiere alterar más de 148 disposiciones, derogar quince normas y elaborar 32 normas superiores nuevas. (Granma.cu)

[9] La Constitución cubana establece que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado; Freedom House documenta ausencia de pluralismo político, prohibición de medios independientes y represión del disenso. (Gaceta Oficial)

[10] Reuters documenta que GAESA es un conglomerado militar con presencia en turismo, banca, puertos, comercio y remesas; las estimaciones externas sobre su peso varían ampliamente y sus libros no son públicos. (Reuters)

[11] El Banco Mundial señala que más del 70 % de las empresas rusas privatizadas inicialmente terminó bajo propiedad interna; el FMI describe cómo el esquema de “préstamos por acciones” transfirió participaciones subvaloradas de grandes compañías a una nueva clase de oligarcas. (World Bank)

[12] Estudios del Banco Mundial advierten que crear instituciones de gobierno corporativo antes de privatizar reduce el riesgo de extracción de activos; el FMI señala que, sin valoración abierta y procesos transparentes de venta, aumentan la corrupción y la colusión. (World Bank)

[13] El Gobierno anunció elevar el salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos, pero reconoció oficialmente que sigue siendo insuficiente. (Granma.cu)

Las directrices internacionales de la OCDE recomiendan transparencia, responsabilidad pública, competencia neutral y protección frente a nepotismo, patronazgo e influencia indebida en empresas estatales y procesos de ampliación de propiedad. (oecd.org)