Resumen

El Gobierno cubano presentó ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que propone desmontar varias de las restricciones impuestas desde 2021 a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas anunciadas figuran la eliminación del límite de 100 trabajadores, la posibilidad de que una misma persona sea propietaria de varias empresas, la ampliación de las actividades autorizadas, el acceso del sector privado a derechos sobre inmuebles y la participación privada en la importación y comercialización de combustibles. La información fue publicada inicialmente por CiberCuba, que atribuyó los detalles a la presentación realizada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante el Parlamento.

La orientación general de la reforma está confirmada por fuentes oficiales cubanas y por agencias internacionales. Miguel Díaz-Canel anunció que el régimen pretende permitir importaciones y exportaciones directas, flexibilizar el objeto social de las mipymes, revisar la lista de actividades prohibidas, autorizar inversión extranjera en empresas privadas y atraer capital de los cubanos residentes en el exterior. El discurso completo fue publicado por Granma, órgano oficial del Partido Comunista.

Sin embargo, existe una precisión jurídica esencial: las medidas no deben presentarse todavía como un ordenamiento plenamente vigente. Reuters informó que el paquete presentado por Marrero aún esperaba la aprobación formal de la Asamblea Nacional, mientras Associated Press señaló que el documento completo no había sido publicado cuando fue aprobado políticamente por el Partido Comunista.

Lo confirmado es el giro estratégico. Lo pendiente es conocer la letra jurídica definitiva, los plazos de aplicación, las autoridades reguladoras, los sectores excluidos y las facultades que conservará el Estado para autorizar, inspeccionar, sancionar o cancelar esas empresas.

Análisis

Verificación de la noticia

La noticia es sustancialmente verdadera, pero el titular exige una corrección de precisión. El régimen ha anunciado y presentado la eliminación de límites importantes para las mipymes; todavía no puede afirmarse que todos esos límites hayan desaparecido jurídicamente y de manera inmediata.

La existencia del paquete económico está confirmada. El Partido Comunista aprobó un programa de emergencia inspirado abiertamente en las experiencias de China y Vietnam, y posteriormente lo remitió a la Asamblea Nacional. Associated Press describió el plan como una apertura sin precedentes hacia la empresa privada, la inversión extranjera y una mayor autonomía municipal y empresarial, aunque advirtió que el documento íntegro no había sido divulgado.

Reuters confirmó que Marrero presentó medidas que podrían abrir el desarrollo inmobiliario al capital privado, transformar empresas estatales en sociedades comerciales con acciones y participaciones, y permitir la entrada de entidades privadas al sistema financiero. La agencia precisó, no obstante, que las propuestas todavía necesitaban la aprobación de la Asamblea Nacional.

Los cambios generales aparecen también en el discurso oficial de Díaz-Canel. El gobernante ordenó revisar la lista de actividades prohibidas al sector privado, sustituir prohibiciones por regulación, flexibilizar el objeto social de las mipymes, eliminar intermediarios estatales obligatorios en determinadas operaciones de comercio exterior y autorizar inversión extranjera directa en empresas privadas cubanas. Granma

La eliminación del máximo de 100 trabajadores tiene una base verificable. Ese límite fue parte del diseño original de las mipymes autorizadas en 2021. El propio Ministerio de Finanzas y Precios explicó entonces que estas empresas tendrían hasta 100 empleados. La reforma anunciada implicaría, por tanto, abandonar uno de los criterios que jurídicamente diferenciaban a las medianas empresas de unidades empresariales mayores.

Debe aplicarse más cautela a tres detalles: la posibilidad de poseer varias mipymes, la venta minorista privada de combustible y el otorgamiento general de usufructos o derechos de superficie. Esos puntos fueron reportados por CiberCuba a partir de la intervención de Marrero, pero no aparecen desarrollados con el mismo nivel de especificidad en el discurso de Díaz-Canel publicado por Granma. Hasta que se publique el texto legal consolidado y sus normas complementarias, deben considerarse decisiones políticas anunciadas, no derechos empresariales plenamente garantizados.

La distinción no es semántica. En Cuba existe una larga distancia entre anunciar una reforma, aprobar una orientación partidista, promulgar una norma y permitir que esa norma funcione sin interferencia administrativa.

1. Contexto político

El régimen no está eliminando restricciones porque haya descubierto súbitamente las virtudes de la libertad económica. Las está eliminando porque su modelo de control dejó de ser capaz de financiarse.

Durante décadas, el castrismo consideró la acumulación privada de capital, la contratación de trabajadores, la propiedad empresarial y la autonomía comercial como amenazas políticas. La economía independiente no era perseguida únicamente por razones ideológicas. Era perseguida porque un ciudadano con propiedad, ingresos propios, empleados, clientes y vínculos internacionales depende menos del Estado.

La dependencia fue siempre una tecnología de poder. El salario estatal, la libreta de abastecimiento, la vivienda condicionada, el permiso administrativo y el monopolio del comercio exterior no fueron piezas aisladas. Formaron una arquitectura destinada a limitar la autonomía material del individuo.

Las mipymes autorizadas en 2021 nunca operaron dentro de un mercado verdaderamente libre. Nacieron bajo autorización administrativa, límites de tamaño, actividades prohibidas, restricciones comerciales, inseguridad jurídica y una relación desigual con la empresa estatal. El Gobierno podía acelerar aprobaciones, congelarlas, imponer controles de precios, modificar impuestos o restringir actividades sin que los empresarios tuvieran acceso a tribunales independientes capaces de protegerlos.

La nueva reforma reconoce implícitamente que ese sistema estranguló a los pocos actores que todavía podían producir. Díaz-Canel admitió que existen obstáculos internos que no proceden de Estados Unidos: burocracia, lentitud, normas que frenan la producción y decisiones aplazadas por responsabilidad del propio Gobierno. Esa confesión fue publicada por Granma.

Es una admisión fundamental. Durante años, la propaganda estatal presentó la crisis como resultado casi exclusivo del embargo. Ahora el propio jefe del Partido reconoce que el aparato cubano impidió producir, invertir y crecer.

Pero la apertura tiene un límite político explícito. Díaz-Canel habló de gradualidad, experimentación, regulación y conservación de la conducción estatal. La reforma no cuestiona el monopolio del Partido Comunista, la subordinación de los tribunales, la ausencia de elecciones competitivas ni la concentración del poder. El régimen quiere liberar parcialmente las fuerzas productivas sin liberar a la sociedad.

Ese modelo tiene precedentes claros. China y Vietnam permitieron expansión privada, inversión extranjera y acumulación empresarial bajo sistemas de partido único. El propósito no fue democratizar el poder, sino modernizar la economía para hacer más resistente al régimen.

Cuba intenta ahora esa misma operación, pero llega tarde, empobrecida, endeudada, despoblada y bajo una presión internacional mucho mayor. No parte de una plataforma de estabilidad. Parte de un colapso prolongado.

2. Contexto económico o estructural

Eliminar el límite de 100 trabajadores puede transformar algunas mipymes en empresas medianas reales, capaces de ampliar producción, abrir establecimientos, especializar funciones y contratar personal a una escala que hasta ahora las normas cubanas impedían.

La importancia no está únicamente en el número de empleados. El límite obligaba a empresas en crecimiento a detenerse, fragmentarse artificialmente o crear estructuras asociadas para continuar expandiéndose. En marzo de 2026, el régimen ya había creado una nueva figura de empresas mixtas entre entidades estatales y privadas que podía superar ese máximo. Swissinfo informó que esas sociedades podrían determinar libremente su plantilla y sus salarios. Extender esa capacidad a las mipymes privadas eliminaría una desigualdad regulatoria evidente.

Permitir que una persona posea varias empresas también tendría consecuencias significativas. Facilitaría grupos empresariales, diversificación, inversión cruzada y crecimiento patrimonial. Pero también obligaría al régimen a aceptar algo que históricamente ha combatido: la concentración privada de capital.

La liberalización del objeto social sería igualmente decisiva. Bajo el sistema vigente, cada empresa queda vinculada a actividades previamente autorizadas. La propuesta de permitir varias actividades lícitas reduciría la dependencia del empresario respecto al permiso específico de la administración. Díaz-Canel confirmó oficialmente que el Gobierno pretende flexibilizar esos objetos sociales y revisar las prohibiciones aplicadas al sector privado. Granma

La importación y exportación directa podría ser uno de los cambios más importantes. Hasta ahora, numerosas empresas privadas han tenido que utilizar intermediarios estatales, pagar comisiones y soportar retrasos que elevan costos y reducen competitividad. Díaz-Canel afirmó que se eliminaría la intermediación obligatoria para determinadas empresas productivas, exportadoras o sustituidoras de importaciones. Granma

La eventual autorización para importar y vender combustible tiene una relevancia estructural mayor. El combustible es uno de los sectores estratégicos que el Estado ha controlado mediante CUPET y otras entidades públicas. Aunque Estados Unidos ha permitido determinados envíos dirigidos al sector privado cubano, las operaciones seguían dependiendo de importadoras e infraestructuras estatales. El País documentó que las mipymes eran las destinatarias, pero que empresas estatales actuaban como intermediarias en el puerto y en la cadena logística.

Autorizar una red privada real de importación, almacenamiento, distribución y venta minorista de combustible rompería uno de los monopolios más sensibles del sistema cubano. Sin embargo, todavía no está claro si el sector privado podrá operar con infraestructura propia o si continuará obligado a utilizar puertos, depósitos, transporte y permisos controlados por el Estado.

Ese detalle determinará si se trata de una liberalización real o de una nueva modalidad de dependencia.

La misma cautela debe aplicarse a la inversión extranjera. El Gobierno afirma que permitirá capital extranjero directo en mipymes y empresas privadas, que ofrecerá reglas sobre propiedad, repatriación de ganancias y solución de controversias, y que facilitará la participación de cubanos residentes en el exterior. Granma

Pero ningún marco de inversión es seguro si el mismo Estado actúa como legislador, regulador, competidor, inspector y juez. La seguridad jurídica no depende de una promesa presidencial. Depende de instituciones capaces de impedir que el poder cambie las reglas arbitrariamente.

Cuba no tiene separación de poderes ni tribunales independientes frente al Partido Comunista. Por eso el principal riesgo para las mipymes no es solo la inflación, la falta de combustible o el acceso al crédito. Es el propio Estado que las autoriza.

3. Dimensión geopolítica

La reforma ocurre bajo una presión extraordinaria de Estados Unidos y de la Unión Europea. Washington ha intensificado sanciones contra entidades estatales, estructuras militares, funcionarios y sectores estratégicos del régimen. Al mismo tiempo, ha mantenido excepciones para operaciones destinadas al sector privado, intentando diferenciar entre la economía controlada por el Estado y los negocios formalmente independientes.

Esa estrategia ha creado un incentivo directo. Si La Habana quiere acceso a combustible, capital, tecnología, banca internacional y comercio, debe ampliar el espacio económico no estatal.

La coincidencia temporal no es accidental. El paquete fue acelerado en medio de sanciones, apagones, protestas, caída del turismo, escasez de divisas y conversaciones entre Washington y representantes del poder cubano. Reuters describió las medidas como un intento de rescatar una economía sometida a una presión estadounidense creciente.

El régimen necesita demostrar que está dispuesto a modificar su comportamiento económico para evitar un aislamiento mayor. La apertura hacia las mipymes puede servirle como argumento diplomático: La Habana puede presentarse ante Washington y Bruselas como un Gobierno en proceso de transformación, solicitar alivio de sanciones y ganar tiempo.

La diáspora ocupa un lugar central en esa maniobra. El Gobierno cubano quiere que los emigrados inviertan, importen tecnología, abran mercados y financien proyectos. Después de décadas de tratar al exilio como enemigo, traidor o instrumento extranjero, el régimen lo redefine como fuente de capital.

La contradicción es evidente. Se invita al emigrado a invertir, pero no a participar libremente en la política nacional. Se acepta su dinero, pero no su soberanía. Se le ofrece abrir una empresa, pero no fundar un partido, un periódico independiente o una organización cívica fuera del control estatal.

La apertura económica sin derechos políticos busca convertir a la diáspora en financiadora de un sistema que continúa excluyéndola de las decisiones fundamentales del país.

También existe una dimensión estratégica para Washington. Una empresa privada cubana verdaderamente independiente puede reducir el poder de GAESA, de los monopolios estatales y del aparato militar. Pero una mipyme conectada informalmente con funcionarios, testaferros o estructuras estatales puede servir para evadir sanciones, captar divisas y ocultar beneficiarios reales.

Por eso no basta con identificar una entidad como “privada”. Es necesario conocer quién la controla, de dónde procede el capital, con qué empresas se relaciona y quién recibe sus beneficios.

4. Interpretación estratégica

La reforma no demuestra que el socialismo cubano haya cambiado de naturaleza. Demuestra que ha perdido capacidad para sostenerse con sus propios instrumentos.

El régimen está abriendo espacios que mantuvo cerrados porque necesita trasladar al sector privado una parte del trabajo que el Estado ya no puede realizar. Necesita que empresarios privados importen alimentos, generen empleo, transporten mercancías, reparen infraestructura, financien energía y atraigan divisas.

Quiere que el ciudadano produzca como capitalista, pague impuestos como empresario y obedezca como súbdito socialista.

Ahí está la contradicción central.

La eliminación de límites puede crear empresas más grandes, pero no necesariamente empresas libres. Un negocio puede contratar 300 trabajadores y seguir dependiendo de una licencia revocable. Puede importar directamente y continuar sometido a un banco estatal. Puede recibir inversión extranjera y quedar expuesto a una inspección políticamente dirigida. Puede acumular capital y perderlo si cambia la orientación del Partido.

La libertad empresarial no se mide solo por la cantidad de trabajadores permitidos. Se mide por la capacidad de operar sin miedo a la arbitrariedad estatal.

El régimen busca un nuevo contrato implícito: permitir prosperidad limitada a cambio de obediencia política. Quien produzca, pague y no desafíe al poder podrá crecer. Quien utilice su independencia económica para financiar periodismo, oposición, sindicatos libres o movilización social seguirá expuesto a la represión.

Ese modelo puede generar actividad económica. No genera ciudadanía.

También existe el riesgo de una captura oligárquica. Las personas mejor conectadas con funcionarios, empresas estatales, cadenas de importación y capital externo parten con ventaja. Sin transparencia sobre beneficiarios finales, acceso igualitario al crédito y competencia real, las reformas pueden crear una clase empresarial dependiente del régimen en lugar de un sector privado independiente.

La apertura podría entonces sustituir el monopolio estatal visible por una red de empresas formalmente privadas, pero políticamente subordinadas.

La eliminación de restricciones tiene valor económico y debe reconocerse. Sería absurdo negar que permitir crecer, contratar, importar o diversificar puede mejorar la producción. Pero sería igualmente ingenuo confundir esas concesiones con libertad económica plena.

El régimen no está entregando las llaves. Está ampliando la jaula porque ya no puede alimentar a quienes mantiene dentro.

Conclusión

La eliminación de límites a las mipymes es una rectificación tardía de errores que nunca fueron accidentales. El Estado cubano limitó deliberadamente el tamaño, las actividades y la autonomía del sector privado porque temía que la independencia económica se transformara en independencia política.

Ahora necesita exactamente aquello que combatió: capital privado, empresarios, inversión extranjera, diáspora, competencia, comercio directo y propiedad productiva.

La reforma puede mejorar la capacidad de algunas empresas y abrir oportunidades reales para miles de cubanos. Pero no debe evaluarse por los anuncios, sino por la legislación definitiva, la estabilidad de las reglas y el grado de independencia que el Estado esté dispuesto a tolerar.

Una mipyme no es libre porque pueda contratar más empleados. Es libre cuando ningún funcionario puede destruirla mediante una orden arbitraria. Un empresario no es propietario pleno si su patrimonio depende de la lealtad política. Una economía no es abierta si el Partido conserva el derecho de decidir quién prospera y quién desaparece.

El castrismo está dispuesto a reducir el control económico para conservar el control político. Esa es la verdadera naturaleza de la reforma.

No es todavía el fin del modelo. Es el reconocimiento de que el modelo fracasó.

Fuentes para investigar

CiberCuba — Régimen cubano elimina límites clave para las mipymes y los negocios privados

Granma — Discurso oficial de Miguel Díaz-Canel sobre las transformaciones económicas

Reuters — Cuba propone amplias reformas de su modelo socialista

Reuters — La Asamblea cubana analiza las reformas respaldadas por Raúl Castro

Associated Press — El Partido Comunista aprueba un plan económico inspirado en China y Vietnam

Ministerio de Finanzas y Precios — Diseño original de las mipymes con límite de 100 trabajadores

Swissinfo — Cuba autoriza empresas mixtas entre el Estado y el sector privado

El País — Importaciones de combustible para el sector privado cubano y mediación estatal