Cuba y el negocio opaco de la sangre donada

La pregunta correcta no es si Cuba usa sangre donada para producir hemoderivados. Eso está fuera de duda. Cuba tiene desde hace décadas un programa oficial de medicina transfusional basado en donación voluntaria y no remunerada, una industria estatal de hemoderivados y, desde 2025, un reconocimiento público aún más explícito de que quiere expandir la extracción de plasma para su comercialización. Lo que sí permanece envuelto en opacidad es cuánto ingresa exactamente el Estado por ese negocio, qué porcentaje termina exportándose, bajo qué estándares de transparencia financiera opera y cuánto de ese valor regresa realmente al sistema de salud o al bienestar del donante y de la población. (iris.paho.org)

Conviene ir por partes y sin consignas fáciles. En Cuba, la donación de sangre ha sido presentada durante décadas como un acto altruista, patriótico y solidario. Los materiales oficiales y académicos asociados al sistema cubano de salud describen un modelo de donación voluntaria que desde finales de los noventa movilizaba alrededor del 5% de la población anualmente, cumpliendo metas de la OPS/OMS. Granma seguía celebrando en 2025 la Jornada del Donante Voluntario de Sangre con ese mismo lenguaje moral. La OMS, por su parte, insiste en que los sistemas nacionales de sangre deben apoyarse en donantes voluntarios y no remunerados. (iris.paho.org)

Hasta ahí, nada irregular por definición. Muchos países se sostienen en donación no remunerada. El problema aparece cuando ese gesto altruista de la población entra en una estructura estatal cerrada, sin control público independiente y con vocación exportadora. En Cuba no estamos hablando solo de transfusiones para cubrir necesidades internas. Estamos hablando de una cadena institucional que separa plasma, produce hemoderivados, los integra a la industria biofarmacéutica estatal y obtiene además “beneficio económico por la exportación de estos productos”, como reconoce una presentación técnica cubana sobre acceso a medicamentos hemoderivados. Ese punto es decisivo: la exportación no es una acusación externa aislada; la propia literatura técnica ligada al sector la reconoce como fuente de beneficio económico. (ResearchGate)

La existencia de una infraestructura industrial dedicada a este campo también está documentada. La Empresa Productora de Sueros y Hemoderivados “Adalberto Pesant” aparece en catálogos oficiales y materiales promocionales como parte del entramado biofarmacéutico cubano, y autoridades y medios oficialistas han descrito la producción nacional de hemoderivados como estratégica para el sistema. Cubadebate, por ejemplo, señaló en 2021 que esa empresa producía los hemoderivados que requería el país y que la planta nueva funcionaba a plena capacidad. La Cámara de Comercio de Cuba también la presenta como el único laboratorio de este tipo en el país, con más de 40 años de experiencia. (promociondeeventos.sld.cu)

Eso significa que la afirmación más gruesa —“Cuba ha llevado a cabo durante años un negocio con la sangre donada por su población”— tiene una base factual suficiente si se formula con precisión. No en el sentido vulgar de “vender bolsas de sangre” como si estuviéramos ante un mercado callejero, sino en el sentido más exacto y más grave: el Estado ha usado durante años sangre y plasma obtenidos mediante donación altruista para producir y exportar derivados de valor comercial. Esa distinción importa porque mejora el rigor, no porque suavice la crítica. (ResearchGate)

La evidencia más políticamente reveladora apareció en 2025. Granma informó que la empresa AICA, perteneciente a BioCubaFarma, presentó una propuesta para construir un centro de plasmaféresis “para la extracción de plasma y su futura comercialización”, dentro de una modalidad de inversión extranjera. OnCuba y otros medios reprodujeron esa admisión oficial. Eso ya no es una denuncia de opositores ni una inferencia a partir de estadísticas comerciales: es el propio aparato del régimen diciendo que quiere ampliar un negocio de extracción de plasma con fines de comercialización. (Granma.cu)

Aquí se derrumba una coartada muy usada por el poder cubano. Durante años, cuando surgían denuncias de que la sangre donada terminaba alimentando exportaciones estatales, la respuesta típica consistía en refugiarse en el silencio o en el prestigio moral de la donación altruista. Pero si el propio órgano oficial del Partido Comunista ya habla de plasmaféresis y futura comercialización, entonces la discusión deja de estar en la existencia del negocio y pasa a centrarse en sus condiciones éticas, económicas y políticas. (Granma.cu)

Y ahí es donde el asunto se vuelve mucho más delicado. La ética internacional de la donación de sangre se ha construido sobre un principio claro: el cuerpo humano no debe convertirse en fuente de lucro privado o coercitivo, y la donación voluntaria y no remunerada es el pilar de un suministro seguro y éticamente aceptable. La OMS lo reitera y la literatura bioética lo formula con dureza: la donación de sangre es un gesto libre y gratuito que, en principio, no debe ser convertido en fuente de ganancia derivada del cuerpo del donante sin un marco ético muy sólido y transparente. (Organización Mundial de la Salud)

Eso no significa que fabricar hemoderivados a partir de plasma donado sea, por sí mismo, ilegítimo. Muchos sistemas de salud procesan plasma donado para producir albúmina, inmunoglobulinas o factores de coagulación. Lo que vuelve el caso cubano especialmente cuestionable es la combinación de tres elementos: primero, la obtención del insumo a través de una narrativa de sacrificio altruista; segundo, la explotación del producto dentro de un monopolio estatal sin rendición de cuentas abierta; y tercero, la evidencia de que el país atraviesa una crisis sanitaria tan severa que ni siquiera logra cubrir de forma adecuada sus propias necesidades médicas básicas. Granma celebraba donaciones masivas mientras reportes recientes describen falta de sangre y afectación de bancos de sangre por la crisis eléctrica. La Cadena SER resumió hace pocos días que los apagones comprometen servicios hospitalarios, laboratorios y bancos de sangre en la isla. (Granma.cu)

Esa contradicción es demoledora. El régimen pide sangre al pueblo en nombre de la solidaridad, pero al mismo tiempo impulsa proyectos para extraer y comercializar más plasma con socios extranjeros mientras los hospitales cubanos siguen atrapados en apagones, escasez y deterioro estructural. La crítica fuerte no es entonces “Cuba usa sangre para producir medicamentos”; eso sería demasiado básico. La crítica fuerte es esta: el Estado cubano convierte un acto altruista del ciudadano en un activo económico controlado por una burocracia opaca, sin ofrecer al donante transparencia real sobre balances, destinos de exportación, márgenes de ingreso ni retorno social verificable. (Granma.cu)

Sobre el monto exacto del negocio, aquí hay que ser más severos con la evidencia que con la consigna. Circulan cifras altas sobre exportaciones acumuladas de productos derivados de la sangre cubana, y varias denuncias independientes las basan en estadísticas globales de comercio para la partida 3002. Pero no he encontrado un balance financiero oficial abierto y auditado de BioCubaFarma o de la planta de hemoderivados que permita afirmar con precisión cuánto dinero ingresó el Estado en 2023, 2024 o 2025 por este concepto. Existen indicios comerciales y un reconocimiento técnico de “beneficio económico por la exportación”, pero la trazabilidad pública sigue siendo insuficiente. Y eso, en sí mismo, ya es parte de la denuncia. (ResearchGate)

La opacidad no es un detalle administrativo. Es la esencia del problema. En un sistema democrático, una industria que usa donaciones humanas no remuneradas como materia prima para fabricar bienes de valor exportable tendría que publicar balances, auditorías, volúmenes procesados, destinos comerciales, costos de reposición interna y protocolos éticos de consentimiento informado. En Cuba, en cambio, el donante es exaltado simbólicamente, pero no tratado como ciudadano con derecho a fiscalizar qué hace el Estado con aquello que entregó. El poder le pide generosidad, pero no le devuelve transparencia. (Granma.cu)

Y aquí aparece la dimensión política más dura. Este no es un caso aislado. Responde al mismo patrón que se ve en las misiones médicas, en el turismo sanitario, en las remesas administradas por monopolios estatales y en los conglomerados empresariales del régimen: el Estado convierte recursos humanos o activos estratégicos de la nación en flujos de divisas administrados desde arriba, con escaso control independiente y con una enorme asimetría entre quien produce el valor y quien captura el ingreso. En el caso de la sangre, esa asimetría resulta todavía más áspera porque la materia prima no es trabajo ni infraestructura: es literalmente una parte del cuerpo humano entregada por el ciudadano bajo una lógica de confianza y servicio público. (Granma.cu)

La conclusión, por tanto, debe ser exacta y no panfletaria. Sí, hay base real para afirmar que el Estado cubano ha monetizado durante años sangre y plasma obtenidos mediante donación voluntaria y no remunerada de la población. Sí, existe una industria de hemoderivados con beneficio económico por exportación. Sí, el propio régimen admitió en 2025 que quiere expandir la extracción y comercialización de plasma. Y no, no hay transparencia pública suficiente para saber con precisión cuánto gana, a quién vende y cómo retorna ese ingreso al pueblo que dona. (ResearchGate)

Dicho sin adornos: no estamos ante una simple política sanitaria. Estamos ante otra pieza del modelo cubano de extracción opaca de valor. El pueblo dona creyendo que salva vidas; el Estado procesa, industrializa y comercializa; y las cuentas, como casi siempre en Cuba, quedan enterradas donde la ciudadanía no puede verlas. (Granma.cu)