Díaz-Canel ante Folha: cuando una dictadura convierte sus propios fracasos en acusaciones contra el mundo

La entrevista que Miguel Díaz-Canel concedió a Mônica Bergamo, columnista de Folha de S.Paulo, contiene uno de los documentos políticos más reveladores producidos por el Gobierno cubano en los últimos años.

No porque el gobernante anunciara una reforma inesperada.

No porque reconociera que el socialismo cubano había llegado a su final.

Y tampoco porque ofreciera información desconocida sobre la crisis.

Lo verdaderamente revelador fue observar cómo un jefe de Estado puede reconocer prácticamente todos los síntomas de un fracaso sistémico y, al terminar de enumerarlos, responsabilizar esencialmente a otro país de haberlos producido.

Díaz-Canel admitió ante la periodista apagones que pueden superar las 20, 30 e incluso 40 horas. Reconoció que Cuba solo consigue cubrir alrededor del 30 % de su cuadro básico de medicamentos. Habló del cierre de una parte enorme de la planta hotelera. Reconoció que durante décadas la economía dependió de cantidades gigantescas de combustible soviético. Admitió que tras la desaparición de la URSS Cuba perdió más del 80 % de su comercio exterior. Reconoció también que existen desigualdades y que las reformas económicas se han acelerado ahora debido a la gravedad de la situación.

Es decir: el presidente describió una economía incapaz de garantizar electricidad, medicamentos, transporte y combustible suficientes y un Estado obligado, después de décadas de planificación socialista, a abrir espacios cada vez mayores a empresarios privados, inversión extranjera y formas de propiedad que anteriormente fueron presentadas como incompatibles con el proyecto revolucionario.

Pero inmediatamente construyó la conclusión que necesitaba políticamente:

la causa fundamental de todo es Estados Unidos.

Ahí comienza el problema con la entrevista.

Porque una cosa es reconocer —como debe reconocer cualquier análisis serio— que las sanciones estadounidenses tienen efectos reales sobre la economía cubana.

Otra completamente diferente es utilizar esos efectos para borrar seis décadas de decisiones económicas, inversiones fallidas, prohibiciones, monopolios, distorsiones productivas y ausencia de mecanismos democráticos capaces de sustituir a quienes administraron mal el país.

Díaz-Canel no hizo simplemente una defensa del régimen.

Construyó una absolución.

Y para hacerlo recurrió a cuatro mecanismos que aparecen repetidamente durante la entrevista: exagerar aquello que puede atribuir a Washington, minimizar aquello que pertenece al Gobierno cubano, presentar opiniones políticas como verdades indiscutibles y convertir la inexistencia de competencia política en supuesta prueba de apoyo popular.

La primera gran manipulación aparece cuando compara la situación cubana con un “genocidio silencioso”.

La expresión no es un simple adjetivo desafortunado. “Genocidio” posee una definición jurídica específica establecida por la Convención de Naciones Unidas de 1948: exige actos cometidos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Naciones Unidas recalca que esa intención de destrucción constituye precisamente el elemento que distingue el genocidio de otras formas de violencia, persecución o sufrimiento.

Puede sostenerse legítimamente que determinadas sanciones estadounidenses agravan el sufrimiento de la población cubana. Puede discutirse su eficacia, proporcionalidad e impacto humanitario. Puede incluso argumentarse que algunas medidas son contraproducentes.

Lo que no existe en la evidencia presentada por Díaz-Canel es demostración de una política estadounidense destinada a destruir físicamente al pueblo cubano como grupo nacional.

Llamar “genocidio” a las sanciones no describe jurídicamente lo que está ocurriendo.

Lo dramatiza políticamente.

Y la diferencia importa porque el Gobierno cubano utiliza una palabra asociada con algunos de los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional para reconstruirse a sí mismo como víctima absoluta y eliminar del cuadro cualquier responsabilidad propia.

La segunda gran distorsión llega cuando Díaz-Canel afirma que, incluso si su Gobierno hubiera hecho “todo bien”, el bloqueo seguiría siendo la causa determinante de la crisis.

Ese argumento resulta imposible de sostener frente a sus propias respuestas.

Minutos después, el propio Díaz-Canel reconoce que durante las décadas de 1960 y 1970 Cuba vivía, según sus palabras, en una “burbuja” alimentada por aproximadamente 13 millones de toneladas de combustible soviético. Reconoce además que la caída de la Unión Soviética provocó la desaparición de más del 80 % del comercio exterior cubano.

La admisión es extraordinaria.

Porque confirma algo que la propaganda cubana ha intentado durante décadas situar en segundo plano: una parte importante de la aparente sostenibilidad económica del modelo no procedía de su capacidad autónoma para generar riqueza, sino de una relación privilegiada con una superpotencia extranjera.

Después llegó Venezuela.

Durante años, el Gobierno de Hugo Chávez y posteriormente el de Nicolás Maduro proporcionaron combustible y apoyo económico a Cuba en condiciones excepcionales.

El patrón histórico resulta difícil de ignorar.

Cuando existió un gran patrocinador exterior, el sistema pudo ocultar con mayor facilidad sus desequilibrios.

Cuando desapareció el patrocinador soviético, llegó el Período Especial.

Cuando disminuyó el respaldo venezolano, reapareció con toda su crudeza la fragilidad energética.

Eso no elimina el efecto de las sanciones estadounidenses.

Demuestra que existe otro problema: la economía cubana nunca consiguió abandonar completamente su dependencia de un benefactor externo mientras conservaba intacta la estructura política que debía administrar esa economía.

La tercera contradicción aparece precisamente donde Mônica Bergamo realiza una de las preguntas más importantes de toda la entrevista.

La periodista le plantea que numerosos cubanos reconocen el impacto del bloqueo estadounidense, pero hablan también de un “bloqueo interno”: burocracia, lentitud gubernamental y problemas acumulados durante años.

Díaz-Canel admite que existen esas insatisfacciones y asegura que el propio Gobierno es crítico de su burocracia.

Pero inmediatamente vuelve a establecer que la causa principal continúa siendo Washington.

Ese movimiento discursivo resume décadas de política cubana.

Los errores internos existen, pero nunca son determinantes.

La burocracia existe, pero nunca explica la estructura.

La improductividad existe, pero siempre aparece subordinada al embargo.

Los problemas administrativos existen, pero el sistema permanece conceptualmente inocente.

El Gobierno admite fallos siempre que esos fallos no obliguen a cuestionar el modelo.

Ahí está la diferencia entre autocrítica y propaganda.

Una verdadera autocrítica admite la posibilidad de que la política central esté equivocada.

La autocrítica del régimen cubano permite cuestionar la velocidad, la aplicación, determinados cuadros y determinadas decisiones, pero establece previamente que el socialismo y el monopolio político del Partido Comunista están fuera de discusión.

Eso no es investigación de las causas.

Es establecer la conclusión antes de iniciar el diagnóstico.

La propia entrevista proporciona una demostración extraordinaria.

Bergamo pregunta si las nuevas reformas económicas —empresarios privados con más de un negocio y más de cien empleados, negociación de acciones, mayor inversión extranjera y usufructos de tierra de hasta 99 años— significan que Cuba está introduciendo mecanismos capitalistas para salvar al socialismo.

Díaz-Canel responde tajantemente:

“No hay reformas capitalistas”.

Sin embargo, las 176 transformaciones económicas aprobadas oficialmente por las propias instituciones cubanas amplían espacios para actores no estatales, inversión y nuevos mecanismos económicos que décadas atrás habrían sido políticamente condenados como instrumentos capitalistas. El propio órgano oficial del Partido Comunista confirmó en junio la aprobación de esas 176 transformaciones.

El problema aquí no es semántico.

Una economía puede combinar propiedad estatal, empresas privadas, inversión extranjera y diferentes formas de mercado sin convertirse automáticamente en capitalista.

Lo revelador es otra cosa: el régimen necesita los mecanismos que durante décadas ideológicamente subordinó, pero se niega a aceptar que esa necesidad constituye una corrección fundamental de su propio modelo.

Puede permitir empresarios.

Puede permitir acumulación.

Puede ampliar inversión privada.

Puede abrir espacios al capital extranjero.

Puede aceptar desigualdades derivadas de esas reformas.

Pero tiene que continuar llamándolo socialismo.

Porque la discusión ya no es económica.

Es legitimadora.

Si reconociera que mecanismos de mercado son indispensables precisamente allí donde la planificación no consiguió producir los resultados prometidos, tendría que responder una pregunta mucho más peligrosa:

¿por qué se prohibieron, restringieron o demonizaron durante tantas décadas?

Díaz-Canel evita esa pregunta redefiniendo el socialismo de manera suficientemente amplia para que cualquier reforma necesaria pueda incorporarse sin admitir derrota doctrinal.

Pero la afirmación más grave de toda la entrevista no pertenece a la economía.

Pertenece a la política.

Cuando Bergamo le pregunta por qué se encarcela a personas que protestan, Díaz-Canel responde que en Cuba las personas presentan sus reclamaciones ante las instituciones del Estado y del Partido, “son atendidas y no reprimidas”. A continuación atribuye una parte de las protestas a personas pagadas por Estados Unidos para convertir reclamaciones en vandalismo y afirma que simplemente se aplica la ley como ocurriría en cualquier país.

Aquí ya no estamos ante una interpretación económica discutible.

Estamos frente a una afirmación contradicha por documentación independiente.

Human Rights Watch recoge en su Informe Mundial 2026 que cientos de críticos y manifestantes permanecen arbitrariamente detenidos en Cuba. Según Justicia 11J, 359 personas vinculadas a las protestas de julio de 2021 continuaban en prisión, algunas con condenas de hasta 22 años. HRW señala además que críticos del Gobierno enfrentan procesos sin garantías suficientes de juicio independiente y que familiares de presos políticos sufren hostigamiento estatal.

Díaz-Canel puede discutir la clasificación de determinados presos.

Puede sostener que algunos cometieron delitos comunes durante las protestas.

Puede cuestionar a determinadas ONG.

Lo que no puede afirmar seriamente es que las reclamaciones políticas en Cuba “no son reprimidas” cuando existe documentación abundante de detenciones, procesos y condenas vinculadas precisamente a manifestaciones y disidencia.

Esa afirmación es uno de los puntos donde la entrevista deja de ser simplemente propaganda selectiva y entra en contradicción directa con hechos ampliamente documentados.

Y existe algo todavía más revelador.

Cuando Díaz-Canel asegura que el Partido Comunista “representa al pueblo” y que existe “unidad de la mayoría” alrededor de esa organización, está afirmando algo que el propio sistema político cubano impide medir competitivamente.

La Constitución cubana declara al Partido Comunista de Cuba como único y lo define como la “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. La misma Constitución establece además que el sistema socialista es irrevocable.

No existe, por tanto, una elección nacional competitiva en la que el Partido Comunista se enfrente a un partido liberal, socialdemócrata, conservador, democristiano o cualquier alternativa con igualdad de condiciones y pueda demostrar que la mayoría del pueblo efectivamente desea que continúe gobernando.

Freedom House, independientemente de cualquier discusión sobre su orientación política, describe el sistema cubano como un Estado comunista de partido único que prohíbe el pluralismo político y no ofrece una oportunidad real para que una oposición conquiste el poder mediante elecciones.

Ese punto es fundamental.

Un Gobierno que impide la competencia no puede utilizar la ausencia de derrota electoral como prueba de apoyo popular.

Si Díaz-Canel está convencido de que “la mayoría del pueblo” respalda al Partido Comunista, existe una manera extraordinariamente sencilla de demostrarlo:

permitir que esa mayoría lo vote frente a alternativas reales.

Elecciones libres.

Partidos independientes.

Prensa libre.

Observación internacional.

Derecho de la oposición a organizarse.

Acceso equitativo a medios.

Y aceptar previamente que el Gobierno entregará el poder si pierde.

Mientras eso no exista, hablar en nombre de “la mayoría” es una declaración política, no una medición democrática.

La propia entrevista contiene además otra contradicción extraordinaria.

Díaz-Canel sostiene que “el pueblo no permitiría” una restauración capitalista y que el Partido Comunista garantiza que eso no ocurra.

Pero si verdaderamente el pueblo no lo permitiría, ¿por qué necesita la Constitución declarar irrevocable el socialismo?

Si la mayoría está convencida, ¿para qué impedir jurídicamente que pueda elegir otra cosa?

Las democracias no consideran irreversible un partido.

Ni una política económica.

Ni una ideología.

Consideran reversibles precisamente las decisiones políticas porque aceptan que una generación no posee el derecho de encadenar a todas las siguientes.

En Cuba ocurre lo contrario.

El sistema afirma que la soberanía reside en el pueblo y simultáneamente establece constitucionalmente que ese pueblo no puede utilizar esa soberanía para reemplazar el socialismo.

Esa contradicción no es retórica.

Es el corazón del sistema.

Díaz-Canel también utilizó durante la entrevista uno de los argumentos históricos más persistentes de la Revolución: que una Cuba capitalista equivaldría a regresar a los años cincuenta, cuando —según su descripción— las riquezas nacionales estaban sometidas a monopolios estadounidenses.

Ese argumento construye una falsa elección.

Cuba no tiene que escoger entre 1958 y 2026.

No existe ninguna ley histórica que obligue a una Cuba democrática y de mercado a reproducir las estructuras económicas, sociales o políticas de la República anterior a 1959.

España no regresó a 1935 después de Franco.

Europa oriental no tuvo que reconstruir exactamente las sociedades anteriores a la Segunda Guerra Mundial después del comunismo.

Polonia, República Checa, Estonia o Lituania construyeron instituciones nuevas.

El futuro cubano tampoco tiene por qué ser Batista o el Partido Comunista.

Esa dicotomía beneficia precisamente al régimen porque presenta cualquier alternativa al socialismo como restauración de una dependencia extranjera extinguida hace casi siete décadas.

Es una forma de congelar políticamente al país en 1959.

Pero quizá el momento más revelador de toda la conversación ocurre cuando Bergamo intenta continuar una pregunta sobre el bloqueo y Díaz-Canel la interrumpe dos veces.

“Si no vives en Cuba, no puedes entender qué es el bloqueo”, le dice.

Después le pregunta si ella podría vivir con veinte horas de apagón y termina planteándole si esas interrupciones eléctricas son culpa del socialismo o del imperialismo.

La pregunta parece contundente.

En realidad expone la debilidad central de todo su razonamiento.

Porque obliga artificialmente a escoger una sola causa.

Socialismo o sanciones.

Gestión interna o Estados Unidos.

Como si una crisis nacional de semejante profundidad pudiera explicarse mediante una variable única.

Las sanciones estadounidenses afectan la disponibilidad de combustible y financiamiento.

Eso está documentado y sería absurdo negarlo.

Pero también está documentado el envejecimiento extraordinario del sistema termoeléctrico cubano. Durante 2026 continuaron colapsos de una red cuyos principales complejos térmicos acumulan décadas de explotación y déficit de mantenimiento. Reuters ha documentado apagones masivos en un contexto donde confluyen escasez de combustible e infraestructura deteriorada.

Y la crisis ya no afecta solamente a la electricidad.

El nuevo curso escolar comenzó con apenas el 73 % de las necesidades docentes cubiertas y una producción de uniformes que solo alcanzó aproximadamente el 12 % de las necesidades de primaria. La propia ministra cubana de Educación reconoció esas dificultades.

Es decir, incluso después de conceder todo el peso real que tienen las sanciones, queda una pregunta que Díaz-Canel nunca responde:

¿qué responsabilidad corresponde al Gobierno que administra Cuba?

No a Estados Unidos.

No a Trump.

No a Rubio.

No al imperialismo.

Al Gobierno cubano.

Porque un gobernante no puede reclamar autoridad absoluta sobre un país durante décadas y responsabilidad mínima sobre sus resultados.

No puede dirigir la economía, controlar las grandes empresas, decidir la política monetaria, administrar las importaciones, controlar la inversión, dominar los medios de comunicación, dirigir constitucionalmente el Estado a través de un partido único y después presentarse como un espectador cuando el sistema fracasa.

El poder y la responsabilidad son inseparables.

Si el Partido Comunista reclama constitucionalmente ser la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, entonces también debe aceptar una responsabilidad superior por el estado en que se encuentra esa sociedad.

Lo contrario sería una fórmula políticamente perfecta:

todo el poder cuando algo funciona;

ninguna responsabilidad cuando deja de funcionar.

Y esa fue, en esencia, la operación que Díaz-Canel intentó realizar ante Folha de S.Paulo.

No negó la crisis.

Eso habría sido imposible.

La administró narrativamente.

Reconoció apagones, escasez, desigualdad, burocracia, dependencia energética, deterioro y sufrimiento.

Pero convirtió cada reconocimiento en una nueva acusación contra Washington.

Cuando tuvo que explicar las reformas privadas, dejó de llamarlas capitalistas.

Cuando tuvo que explicar las protestas, apareció la subversión estadounidense.

Cuando tuvo que demostrar el respaldo mayoritario al Partido Comunista, sustituyó elecciones competitivas por una afirmación.

Cuando tuvo que explicar la crisis, convirtió una causa real —las sanciones— en explicación prácticamente total.

Y cuando necesitó describir el sufrimiento producido por la presión estadounidense, utilizó incluso la palabra genocidio sin aportar el elemento jurídico esencial que permitiría sostener semejante acusación.

Ese mecanismo tiene un nombre mucho más preciso que improvisación.

Es propaganda de Estado.

No porque todo lo que dijo Díaz-Canel sea falso.

La propaganda más eficaz nunca funciona así.

Funciona mezclando hechos verdaderos, medias verdades, omisiones y conclusiones interesadas hasta construir una interpretación en la que el público termina observando la realidad desde el único ángulo que beneficia al poder.

Sí, Estados Unidos sanciona a Cuba.

Sí, esas sanciones tienen consecuencias.

Sí, la pérdida de combustible agrava extraordinariamente los apagones.

Sí, Washington intenta aumentar la presión sobre el Gobierno cubano.

Aceptar esos hechos no obliga a aceptar el resto de la historia que Díaz-Canel intenta vender.

Porque también existe otra Cuba.

La Cuba donde un solo partido posee constitucionalmente la dirección superior del Estado.

La Cuba donde el socialismo fue declarado irrevocable.

La Cuba donde cientos de personas vinculadas con protestas continúan sometidas a prisión o restricciones.

La Cuba donde el Gobierno está introduciendo mecanismos de mercado precisamente porque la economía necesita urgentemente producir lo que el monopolio estatal no ha conseguido producir.

La Cuba donde una generación entera ha emigrado mientras quienes gobiernan continúan afirmando que el problema fundamental siempre está afuera.

Y esta entrevista deja una conclusión que trasciende incluso a Díaz-Canel.

El mayor problema político de Cuba ya no es que su Gobierno mienta sobre una cifra concreta.

Es que ha construido durante décadas un sistema en el que nunca existe un mecanismo institucional capaz de obligarlo a pagar políticamente por equivocarse.

Un presidente democrático que lleva a su país a una catástrofe puede perder unas elecciones.

Un partido puede ser expulsado del Gobierno.

Una oposición puede presentar otro programa.

La prensa puede investigar al poder.

Los ciudadanos pueden organizar una alternativa.

En Cuba, el partido que dirige el Estado también determina el marco dentro del cual puede discutirse la posibilidad de sustituirlo.

Por eso la entrevista de Mônica Bergamo terminó mostrando mucho más de lo que probablemente pretendía Díaz-Canel.

Mostró a un gobernante exigiendo que el mundo reconozca todas las restricciones impuestas sobre Cuba mientras se niega a reconocer la restricción política fundamental impuesta por su propio sistema sobre los cubanos.

Estados Unidos puede levantar mañana cada sanción.

Puede desaparecer la lista de terrorismo.

Puede restablecerse el suministro de petróleo.

Puede regresar el crédito.

Y todas esas decisiones modificarían materialmente la economía cubana.

Pero quedaría todavía una pregunta que ninguna sanción estadounidense creó y que Díaz-Canel evitó responder:

¿por qué un cubano no puede organizar libremente un partido, competir por el Gobierno, derrotar electoralmente al Partido Comunista y cambiar el sistema político de su país?

Ahí termina el argumento del bloqueo.

Porque no existe sanción estadounidense que obligue a Cuba a tener un partido único.

No existe embargo que obligue a declarar irrevocable el socialismo.

No existe ley de Washington que obligue a encarcelar manifestantes.

No existe petrolero estadounidense capaz de impedir unas elecciones libres.

Esas decisiones pertenecen a La Habana.

Y mientras el Gobierno cubano pretenda atribuir al exterior las consecuencias de todo lo que ocurre en la Isla, pero reserve exclusivamente para sí mismo el derecho a decidir quién puede gobernarla, seguirá existiendo una contradicción imposible de ocultar.

La entrevista no demostró que Cuba sea víctima de una explicación sencilla.

Demostró exactamente lo contrario.

Demostró que después de más de seis décadas, el poder cubano todavía necesita que Estados Unidos explique casi todo, porque si alguna vez permitiera que los cubanos examinaran libremente qué parte de la crisis pertenece al embargo y qué parte pertenece al sistema, tendría que conceder también aquello que más teme conceder:

el derecho del pueblo a emitir el veredicto y, si así lo decide, sustituir a quienes llevan décadas hablando en su nombre.