El petróleo que Washington puso sobre la mesa y el precio político que La Habana no quiso pagar

La noticia merece cautela antes que entusiasmo, porque contiene hechos confirmados y revelaciones que todavía no han recibido confirmación independiente.

El Departamento de Estado sí reconoció el 3 de septiembre que existen contactos con La Habana y fue extraordinariamente explícito sobre lo que Washington había ofrecido. Un portavoz declaró a Martí Noticias que la Administración Trump puso sobre la mesa asistencia humanitaria y combustible si Cuba privatizaba su industria energética. Washington acusó además al Gobierno cubano de preferir mantener el control estatal antes que aceptar una fórmula que, según Estados Unidos, aliviaría las necesidades de la población. (Martí Noticias | Martinoticias.com/)

Eso ya es noticia de enorme importancia.

Lo que debe manejarse con mayor prudencia es la información atribuida al Miami Herald: que la negociación llegó específicamente hasta CUPET, que entre los interlocutores estuvo Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”— y, sobre todo, que el entendimiento estuvo relacionado con una eventual salida de Miguel Díaz-Canel.

Hay una parte adicional que sí podemos corroborar. Associated Press confirmó esta semana que Raúl Guillermo Rodríguez Castro participó en contactos anteriores con Estados Unidos. Pero AP añadió una precisión importante: ambos gobiernos han reconocido la existencia de conversaciones, aunque no han revelado públicamente una agenda completa ni los detalles de lo discutido. (AP News)

Por tanto, sería irresponsable publicar que Washington exigió la salida de Díaz-Canel como un hecho definitivamente demostrado. Hasta que aparezca una segunda confirmación sólida o documentación oficial, debe atribuirse al Miami Herald.

La diferencia entre ambas cosas es precisamente lo que distingue periodismo de propaganda.

Pero incluso eliminando por un momento la parte más explosiva de la filtración, lo confirmado permite entender que algo importante ha cambiado en la relación entre Washington y La Habana.

Estados Unidos no está diciendo simplemente: Cuba no recibirá petróleo.

Está diciendo algo bastante diferente: puede recibir combustible, pero Washington quiere modificar las estructuras económicas mediante las cuales ese combustible entra y circula dentro del país.

Ahí comienza la verdadera historia.

Cuba necesita desesperadamente energía, pero el Gobierno cubano necesita también conservar el control sobre la infraestructura energética. Ambas necesidades han coexistido durante décadas. La crisis actual amenaza con hacerlas incompatibles.

CUPET está en el centro de esa contradicción.

La empresa estatal forma parte de un entramado mucho mayor que controla diferentes etapas de la cadena energética cubana. El especialista Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, explicaba hace unos meses que el verdadero obstáculo para abastecer al sector privado cubano no era transportar combustible desde Estados Unidos. El problema empezaba una vez que el petróleo llegaba a la Isla: puertos, almacenamiento, distribución y buena parte de la infraestructura necesaria continúan dependiendo de entidades estatales. (Martí Noticias | Martinoticias.com/)

El intento de Vanguard Energy permitió ver ese problema con extraordinaria claridad.

La empresa estadounidense anunció un proyecto para enviar más de 250.000 barriles mensuales de gasolina y diésel destinados al sector privado y utilizar instalaciones pertenecientes a CUPET para almacenarlos. El Departamento de Estado respondió que Vanguard no había recibido una licencia estadounidense específica para aquella operación, mientras la compañía sostenía que podía actuar bajo una autorización general. (Martí Noticias | Martinoticias.com/)

Aquella controversia parecía entonces una discusión regulatoria.

Vista desde septiembre, parece algo más importante: fue una demostración práctica de que Washington difícilmente puede construir un mercado energético privado cubano mientras la infraestructura imprescindible para hacerlo siga dependiendo del Estado que intenta presionar.

Por eso la eventual apertura de CUPET tendría consecuencias mucho mayores que la entrada de unos cuantos petroleros estadounidenses.

Modificaría la estructura económica.

Durante décadas, una característica fundamental del modelo cubano ha sido la acumulación de poder económico dentro del mismo Estado que posee el poder político. La importancia de esa arquitectura no suele comprenderse suficientemente cuando se habla de Cuba.

Una dictadura no se sostiene solamente mediante policías, cárceles o censura. También puede sostenerse mediante dependencia.

Si el ciudadano depende del Estado para trabajar, importar, invertir, obtener divisas, adquirir determinados recursos o desarrollar una empresa, la autonomía económica queda inevitablemente condicionada por la estructura política.

La apertura de un sector estratégico como el energético empezaría a modificar esa relación.

No convertiría automáticamente a Cuba en una democracia. China demuestra sobradamente que puede existir una enorme actividad empresarial privada dentro de un régimen autoritario. Vietnam demuestra algo semejante. Confundir mercado con democracia sería uno de los errores más peligrosos que podrían cometerse durante una transición cubana.

Pero sí ocurriría algo importante: una parte del poder económico comenzaría a salir de las manos exclusivas del Estado.

Y ahí se entiende por qué La Habana puede considerar políticamente mucho más peligrosa una propuesta de este tipo que una simple venta de petróleo.

El combustible se consume.

La propiedad permanece.

Una entrega de crudo puede mantener encendida una termoeléctrica durante semanas. Una transformación de la estructura empresarial puede modificar durante décadas quién controla la economía.

Washington parece haber comprendido esa diferencia.

La estrategia que emerge no consiste únicamente en asfixiar económicamente al Gobierno cubano hasta provocar su caída. Consiste en ofrecer determinados alivios a cambio de cambios que reduzcan progresivamente la capacidad del Estado para monopolizar sectores fundamentales.

Es una política de presión acompañada por una puerta de salida.

Y eso explica también la secuencia de los últimos meses.

Estados Unidos autorizó exportaciones de combustible destinadas al sector privado y organizaciones humanitarias. Esas ventas crecieron con rapidez: durante la primera mitad de 2026, empresas estadounidenses exportaron alrededor de 96 millones de dólares en combustible destinado al sector privado cubano, según datos comerciales recopilados por el U.S.-Cuba Trade and Economic Council y publicados por Nora Gámez Torres. (Arcamax)

Es decir, Washington no ha impuesto una prohibición absoluta sobre todo combustible estadounidense destinado a Cuba.

Ha intentado crear una separación entre abastecer a ciudadanos y empresas privadas y abastecer directamente al aparato estatal.

El problema es que la economía cubana todavía no está estructurada para que esa separación sea sencilla.

Y ahí aparece CUPET.

Si el Miami Herald confirma documentalmente que Washington propuso específicamente transformar esa empresa, la lógica de la negociación resultará bastante clara: Estados Unidos habría intentado resolver el cuello de botella que impide desarrollar un mercado energético privado sin utilizar permanentemente la infraestructura del Estado.

Eso sería una transformación mucho más profunda de lo que aparenta.

Pero aquí comienza también la parte que quienes deseamos una Cuba democrática no deberíamos ignorar.

Privatizar una empresa estatal no significa necesariamente devolver poder a los ciudadanos.

Puede significar exactamente lo contrario si la privatización se realiza mal.

La historia de algunas transiciones poscomunistas dejó una advertencia demasiado importante para olvidarla. Cuando grandes activos públicos se privatizan antes de que existan tribunales independientes, reglas transparentes, autoridades de competencia, registros patrimoniales fiables y mecanismos capaces de investigar corrupción, quienes poseen información y conexiones políticas parten con una ventaja extraordinaria.

La nomenklatura puede convertirse en oligarquía.

Los administradores del Estado pueden terminar transformándose en propietarios de aquello que anteriormente administraban en nombre del Estado.

Cuba no necesita sustituir un monopolio socialista por un capitalismo de amigos.

Necesita una economía de mercado sustentada por Estado de derecho.

La diferencia es enorme.

Por eso, si alguna vez CUPET se transforma profundamente, la pregunta verdaderamente importante no será únicamente si continúa siendo estatal o se convierte en privada. Habrá que saber quién adquiere sus activos, cómo se valoran, mediante qué licitaciones, qué capital participa, qué ocurre con las reclamaciones de propiedad existentes, cómo se impide la concentración monopólica y qué institución vigila el proceso.

Una privatización opaca podría enriquecer precisamente a sectores de la élite que hoy administran el sistema.

Una privatización competitiva y jurídicamente supervisada podría ayudar a crear un mercado energético moderno.

La palabra es la misma.

El resultado puede ser completamente diferente.

Este riesgo adquiere todavía más importancia cuando aparece el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Associated Press ha confirmado su participación en contactos anteriores con Washington. (AP News) Eso plantea una cuestión política que no debería tratarse mediante insinuaciones personales, sino mediante una pregunta institucional mucho más seria: ¿quién tiene autoridad real para negociar el futuro económico de Cuba?

Rodríguez Castro no ocupa la Presidencia de la República ni dirige formalmente el Partido Comunista. Su relevancia procede de su proximidad al núcleo histórico del poder.

Que un nieto de Raúl Castro aparezca como interlocutor en conversaciones de semejante importancia resulta difícil de conciliar con seis décadas de discurso revolucionario contra privilegios hereditarios y oligarquías familiares.

Pero hay otra lectura menos emocional y probablemente más útil.

Las transiciones autoritarias rara vez comienzan negociando únicamente con quienes carecen de poder.

Para que una negociación modifique realmente un régimen necesita interlocutores capaces de hacer cumplir acuerdos dentro de la estructura existente. Si Washington considera que Rodríguez Castro tiene acceso a Raúl Castro, influencia sobre determinadas estructuras y capacidad para transmitir decisiones, su utilización como canal puede responder a pragmatismo más que a legitimación política.

Eso no significa que deba decidir el futuro de Cuba.

Significa que Washington puede considerarlo útil para abrir una puerta desde dentro.

Y esta diferencia será decisiva si las conversaciones vuelven a avanzar: una cosa es utilizar miembros del aparato como interlocutores para desmontar una dictadura; otra es permitir que esos mismos interlocutores diseñen a su conveniencia el sistema económico que vendrá después.

Ahí se encuentra una frontera que Estados Unidos no debería cruzar.

La transición cubana no puede convertirse en una negociación patrimonial entre Washington y sectores de la vieja élite.

La parte atribuida al Miami Herald sobre una posible salida de Díaz-Canel hace todavía más importante esa distinción.

Si finalmente se confirma, estaríamos ante una negociación de naturaleza completamente diferente.

Porque Washington no habría estado discutiendo solamente combustible y propiedad.

Habría estado explorando una sucesión política.

Pero incluso en ese escenario conviene evitar una interpretación demasiado sencilla. Díaz-Canel no es Cuba y tampoco es todo el régimen.

Su salida no desmontaría automáticamente el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, las estructuras empresariales estatales ni la Constitución que declara irrevocable el socialismo.

Un sistema autoritario puede cambiar de presidente sin cambiar de naturaleza.

Cuba lo sabe mejor que casi cualquier país. Fidel Castro dejó la Presidencia, Raúl Castro lo sustituyó y posteriormente llegó Díaz-Canel. Cambiaron los nombres y las generaciones, pero la arquitectura esencial del poder permaneció.

Por eso cualquier estrategia estadounidense que se limite a conseguir la salida de Díaz-Canel sería insuficiente.

El verdadero indicador de una transición no sería quién ocupa el Palacio de la Revolución.

Sería si un cubano puede organizar un partido independiente, publicar un periódico sin autorización política, crear una empresa sin depender de lealtad ideológica, recurrir contra el Estado ante un tribunal independiente y votar finalmente para sustituir al Gobierno.

Sin esas condiciones, puede haber reforma.

Puede haber mercado.

Puede haber inversión estadounidense.

Puede incluso haber prosperidad.

Pero todavía no habría democracia.

Mientras esta negociación se desarrollaba, La Habana comenzó precisamente a introducir nuevas reformas económicas. El 3 de septiembre, Cuba publicó cambios destinados a facilitar inversión extranjera, contratación privada, cuentas bancarias en el exterior y actividad empresarial en sectores anteriormente mucho más controlados. Reuters considera que esas medidas continúan el paquete de 176 reformas anunciado en junio, la transformación más amplia del modelo económico cubano desde la revolución de 1959. (Reuters)

Ese dato no demuestra que Washington haya conseguido imponer su programa.

Pero sí demuestra algo que durante décadas el Gobierno cubano se resistió a reconocer: la economía necesita espacios que el monopolio estatal no ha podido proporcionar eficientemente.

La paradoja es evidente.

Mientras Díaz-Canel insiste en que Cuba no está girando hacia el capitalismo, su Gobierno elimina intermediaciones estatales, amplía la actividad privada, facilita inversión extranjera y concede mayores márgenes de decisión a empresas.

Puede llamarlo actualización del socialismo.

El nombre importa menos que el movimiento.

El Estado está retrocediendo en áreas donde antes consideraba imprescindible controlar.

Y lo hace no desde una posición de fortaleza, sino en medio de una crisis extraordinaria.

Washington, mientras tanto, aumentó la presión. El 3 de septiembre impuso nuevas sanciones contra entidades financieras, mineras y energéticas cubanas. Reuters confirmó que entre los objetivos figuraban empresas vinculadas con la importación de petróleo y con el deteriorado sistema energético. (Reuters)

Aquí aparece la contradicción moral y estratégica que tampoco debe ocultarse.

Estados Unidos afirma que quiere ayudar al pueblo cubano y simultáneamente utiliza medidas destinadas a agravar la presión sobre estructuras de las que todavía depende ese mismo pueblo.

Las consecuencias no son teóricas. Reuters ha documentado que el bloqueo petrolero estadounidense ha contribuido a profundizar los apagones y el deterioro de servicios básicos. La propia Embajada estadounidense advirtió recientemente de un aumento de enfermedades intestinales asociado al deterioro de los sistemas de agua y electricidad. Expertos de Naciones Unidas han advertido que la crisis humanitaria está agravándose. (Reuters)

Ser contrario a la dictadura cubana no obliga a fingir que esa realidad no existe.

La presión estadounidense tiene un propósito político.

También tiene un costo humano.

Las dos afirmaciones pueden ser verdaderas simultáneamente.

Precisamente ahí se decidirá si la estrategia de Trump termina siendo históricamente eficaz o simplemente aumenta el sufrimiento sin modificar el poder.

Una política inteligente tendría que conseguir que el costo de rechazar las reformas recaiga progresivamente sobre la élite gobernante y no exclusivamente sobre una población que dispone de muy pocos mecanismos para obligarla a cambiar.

Ese es el desafío que ninguna sanción resuelve por sí sola.

La información del Miami Herald, por tanto, merece mucha más atención que el titular “Trump ofreció petróleo a Cuba”.

La verdadera historia es otra.

Washington parece estar experimentando con una fórmula que combina coerción y negociación: restringir los recursos que permiten al Estado cubano conservar intacto su modelo y, al mismo tiempo, ofrecer una vía de alivio si acepta reformas estructurales.

No es todavía una política de transición democrática completa.

Tampoco es simplemente el embargo tradicional.

Es un intento de utilizar la crisis energética como palanca para alterar la economía política del régimen.

Y puede funcionar únicamente si Estados Unidos comprende algo que la historia de las transiciones autoritarias ha demostrado repetidamente: desmontar un monopolio es mucho más fácil que construir las instituciones que deben reemplazarlo.

Cuba necesita capital.

Necesita combustible.

Necesita reconstruir su sistema eléctrico.

Necesita inversión.

Necesita propiedad privada.

Pero necesita todavía más algo que ninguna petrolera puede suministrar: reglas que impidan que el poder político de hoy se convierta en la fortuna privada de mañana.

Ahí estará el verdadero examen.

Si CUPET algún día deja de ser un monopolio estatal pero termina repartida entre personas conectadas con la misma élite, Cuba habrá cambiado de modelo económico sin haber cambiado realmente la distribución del poder.

Si Díaz-Canel abandona el cargo pero otro dirigente ocupa su lugar sin competencia política, habrá cambiado el presidente sin cambiar el régimen.

Si llegan inversiones estadounidenses pero los cubanos continúan sin poder elegir libremente quién los gobierna, habrá apertura económica sin libertad política.

Y si Washington consigue evitar esos tres errores, entonces esta negociación habrá sido algo mucho mayor que una discusión sobre combustible.

Habrá sido el comienzo de una transición.

Por ahora todavía no estamos ahí.

Tenemos una propuesta energética confirmada por el Departamento de Estado, contactos políticos confirmados por ambos lados y una revelación periodística del Miami Herald cuyos elementos más sensibles necesitan corroboración adicional. Tenemos también una Cuba que, presionada por una crisis extraordinaria, está introduciendo reformas que hasta hace poco parecían políticamente imposibles. Y tenemos una Administración estadounidense convencida de que aumentar la presión puede acelerar ese proceso.

La conclusión, por tanto, no necesita exageraciones.

Si el reporte completo del Miami Herald se confirma, Trump no habría ofrecido simplemente petróleo a Cuba.

Habría puesto sobre la mesa un intercambio mucho más profundo: alivio inmediato a cambio de comenzar a desmontar estructuras económicas fundamentales del Estado cubano.

La Habana habría descubierto entonces que el recurso que más desesperadamente necesita tiene un precio que no se mide en dólares ni en barriles.

Se mide en poder.

Y ese es precisamente el activo que el régimen cubano ha demostrado durante casi siete décadas que está menos dispuesto a entregar.