La marcha contra el “bloqueo” y la gran coartada del poder en Cuba

La última marcha relevante organizada en Cuba contra el embargo estadounidense se realizó el 2 de abril de 2026 en La Habana, sobre el Malecón, con bicicletas y triciclos eléctricos, y contó con la participación de Miguel Díaz-Canel. No fue una expresión autónoma de sociedad civil independiente, sino una movilización estatal dentro del guion político habitual del régimen.

Ese dato cambia todo el análisis. Cuando una marcha nace del aparato de poder, se organiza desde estructuras oficiales y se celebra en un país sin pluralismo político, no puede leerse como prueba limpia de apoyo popular. La propia arquitectura institucional cubana impide esa lectura: el Partido Comunista conserva el monopolio político, el Estado domina espacios laborales y educativos, y las autoridades siguen reprimiendo la crítica pública y la disidencia.

También es esencial incluir el componente laboral. El Estado cubano controla prácticamente todas las fuentes de empleo formal y utiliza ese control para negar trabajo o sancionar a quienes no comparten sus posturas ideológicas. En ese contexto, la asistencia a actos oficialistas no puede interpretarse automáticamente como respaldo voluntario. En Cuba existe un patrón estructural de movilización política bajo coerción, donde la obediencia pública puede estar ligada al miedo a perder empleo, oportunidades o tranquilidad administrativa.

Por eso, presentar estas marchas como si fueran la voz libre del pueblo cubano es falsear la realidad. En Cuba, una parte de quienes asisten lo hace por convicción ideológica, otra por rutina, otra por oportunismo, y otra por presión directa o indirecta desde centros de trabajo, organizaciones estudiantiles o estructuras estatales. En un sistema donde disentir tiene costos reales, la asistencia no puede interpretarse como adhesión espontánea. Esa es la primera gran mentira que se exporta al mundo: hacer pasar disciplina política por consenso social.

La segunda mentira es más profunda: atribuir casi toda la ruina nacional al embargo y absolver al sistema interno de sus propias decisiones. El embargo existe, pesa y agrava el acceso a financiamiento, combustible y comercio. Pero no explica por sí solo que Cuba llegue a apagones masivos, escasez de alimentos y medicinas, deterioro hospitalario y represión política simultánea. La situación actual no puede reducirse seriamente a una sola causa externa.

Aquí está el núcleo del problema político cubano: el régimen ha conseguido que una parte de la población repita una explicación cómoda para el poder y devastadora para la verdad. La fórmula oficial funciona así: si falta comida, es culpa del bloqueo; si no hay luz, es culpa del bloqueo; si el hospital colapsa, es culpa del bloqueo; si la gente protesta, entonces deja de ser pueblo y pasa a ser mercenaria. Esa maniobra convierte al gobierno en víctima y a la realidad en accesorio. Y cuando esa narrativa es repetida en actos oficiales, en escuelas, en medios estatales y en centros de trabajo, el resultado es una sociedad parcialmente entrenada para defender la coartada del mismo sistema que la empobrece.

Aquí conviene ser duro, pero exacto. El pueblo cubano no merece hambre, apagones, represión ni miseria. Lo que sí puede afirmarse es que una parte de la sociedad cubana termina cargando con las consecuencias de las mentiras que ayuda a reproducir, ya sea por miedo, por dependencia, por adoctrinamiento o por conveniencia. No se trata de culpabilidad absoluta de la víctima, sino de complicidad social parcial dentro de un sistema coercitivo. Cuando una población acepta marchar contra el enemigo externo, pero no puede o no quiere exigir con la misma visibilidad responsabilidades al poder interno, el régimen gana dos veces: conserva el control y exporta inocencia.

La tragedia cubana actual no es sólo económica. Es también moral e intelectual. Un país donde faltan luz, agua, comida y medicinas, y donde al mismo tiempo se organizan actos para culpar únicamente al exterior, es un país atrapado en una falsificación permanente. El régimen necesita esa falsificación para sobrevivir porque, si la conversación pública girara libremente sobre ineficiencia, monopolio político, represión, destrucción productiva y control absoluto del Estado, la legitimidad oficial se desplomaría todavía más. Por eso permite y promueve la marcha útil, pero castiga la protesta real.

Conclusión

La marcha del 2 de abril de 2026 no demostró que el pueblo cubano respalde libremente la versión oficial del “bloqueo”. Demostró otra cosa: que el régimen aún conserva capacidad para movilizar cuerpos, disciplinar conciencias y fabricar imágenes políticas de adhesión en medio del colapso. Muchos van porque creen; muchos van porque les conviene; muchos van porque temen las consecuencias de no ir. Y mientras esa maquinaria siga funcionando, el poder podrá seguir presentando al mundo una coartada externa para encubrir una crisis cuya raíz principal también está dentro del propio sistema.