PYMES importan combustible por su cuenta.

La noticia describe que algunas PYMES ya lograron traer diésel y abastecerse en estaciones asignadas, con un esquema logístico que incluye compra externa, isotanques, transporte marítimo, nacionalización vía CUPET y entrega en CIMEX o almacenamiento propio bajo certificaciones. En apariencia, “se rompe el monopolio”. En realidad, el Estado mantiene el control del cuello de botella: importadoras estatales, aduana/nacionalización, depósito y permisos. La medida no resuelve la crisis energética del país; crea un mercado de combustible premium para quien tenga capital en divisas y tolerancia burocrática.

1) La frase clave: “por su cuenta” es marketing, no estructura

Si una PYME debe operar mediante importadoras estatales, nacionalizar a través de CUPET y abastecerse en CIMEX o bajo certificaciones estatales, entonces no hay importación libre. Hay importación delegada.

El régimen no renuncia al monopolio: lo reconfigura para que el privado ponga:

• el dinero,

• el riesgo,

• la logística,

  mientras el Estado conserva:

• los permisos,

• la llave aduanal,

• la intermediación,

• y el control del punto de entrega.

Eso no es liberalización. Es externalización de costos con captura de control.

2) Por qué ahora “sí” y antes “no”: el Estado se quedó sin combustible y sin credibilidad

El cambio no nace de una reforma pro-mercado; nace de una imposibilidad operativa:

• el Estado no puede garantizar suministro ni a sectores estratégicos,

• la crisis golpea producción, transporte y alimentos,

• y la economía informal ya puso el precio real del diésel en la calle.

Autorizar a unos pocos a importar es una válvula para:

• sostener actividad mínima en sectores privados que ya sustituyen funciones del Estado,

• bajar presión social en nichos productivos,

• y captar una parte del flujo de divisas vía tasas, trámites y fiscalidad indirecta.

3) La economía real del esquema: combustible a precio de lujo

El costo descrito por el propio esquema (isotanque + compra + flete + nacionalización + logística) lleva el litro a niveles muy altos. Eso tiene dos efectos inevitables:

1. Solo entra quien tiene dólares y escala Pequeños productores quedan fuera. Sobrevive el capitalizado.

2. Se traslada al precio final de todo Si un transportista privado paga diésel a precio premium, todo lo que mueve sube: alimentos, construcción, servicios, distribución. En un país ya inflacionado, esto es gasolina sobre la inflación.

Conclusión: el esquema puede salvar flotas privadas específicas; no puede “normalizar” el país.

4) El cuello de botella no es técnico: es político

El Estado diseña el proceso para que nunca exista autonomía real:

• importadoras estatales como gatekeepers,

• CUPET como nacionalizador y depositario,

• CIMEX como punto controlado de entrega,

• almacenamiento propio con una cadena de permisos (planificación física, bomberos, CUPET, etc.) con plazos largos.

Esa arquitectura cumple un objetivo: impedir que el combustible se convierta en poder económico independiente fuera del Estado.

5) El efecto colateral más importante: nace un mercado B2B de reventa en zona gris

Aunque se diga “es para autoconsumo”, el mercado hace lo que el Estado no puede evitar:

• el 90%+ de las PYMES no podrá importar,

• algunas pocas sí,

• y la demanda es masiva.

Resultado: el combustible se convierte en mercancía estratégica entre privados, aunque sea informal o semi-formal, y el Estado intentará capturar ese mercado con:

• licencias,

• inspecciones,

• multas,

• y control selectivo.

Aquí aparece el patrón cubano clásico: se permite lo suficiente para aliviar presión, y luego se regula para recaudar y controlar.

6) La narrativa del “monopolio roto” es engañosa

Monopolio roto sería:

• importación directa sin intermediario estatal,

• libre selección de proveedor,

• riel de pago funcional,

• aduana transparente,

• distribución competitiva.

Lo que hay es:

• permiso excepcional,

• intermediación estatal obligatoria,

• depósitos y puntos de entrega bajo control,

• y costos que convierten el combustible en un insumo elitizado.

Eso no rompe el monopolio: lo vuelve más rentable políticamente, porque el Estado deja de cargar con el problema, pero conserva la autoridad para permitir o apagar.

7) Impacto macro: no mueve el sistema eléctrico, solo sostiene bolsillos productivos

Este esquema no alimenta termoeléctricas ni estabiliza generación. El déficit eléctrico estructural no se corrige con isotanques para flotas privadas. Lo máximo que logra es:

• mantener viva una parte del tejido económico privado,

• y evitar que colapse por completo la logística de ciertos bienes.

A nivel país, la crisis sigue intacta.

Conclusión

La importación privada de combustible no es una solución: es la admisión de fracaso del Estado en garantizar un insumo básico. El régimen no liberaliza; terceriza. Permite que unos pocos traigan diésel con su dinero mientras mantiene el control regulatorio de cada eslabón importante. El resultado será un combustible caro, concentrado, con mercado de reventa inevitable y con mayor desigualdad operativa: quien tenga divisas trabaja; quien no, se paraliza.