Después de la luz, Cuba empieza a perder el agua

Durante años, el apagón se convirtió en la expresión más visible del deterioro cotidiano de Cuba. La oscuridad de las calles, los alimentos que se descomponen en los refrigeradores, las noches interminables sin ventilación y los hospitales obligados a depender de sistemas eléctricos de emergencia han terminado por formar parte de una realidad que ningún país debería considerar normal. Pero mientras la atención pública permanece concentrada en las centrales termoeléctricas, las averías y los interminables partes de generación, otra crisis avanza por las tuberías de la nación. Es menos espectacular que un colapso eléctrico nacional, aunque sus consecuencias pueden resultar mucho más peligrosas.

Cuba está perdiendo la capacidad de garantizar algo todavía más elemental que la electricidad: el suministro regular de agua.

El problema no comenzó ayer. Las redes hidráulicas llevan décadas acumulando averías, pérdidas, equipos obsoletos y reparaciones insuficientes. Lo que ha cambiado es la magnitud del deterioro y su relación cada vez más estrecha con la crisis energética. Cuando el sistema eléctrico falla, las estaciones de bombeo dejan de trabajar, los depósitos no recuperan sus niveles y las redes de distribución pierden la presión necesaria para abastecer los hogares. El agua puede existir en los embalses y, aun así, resultar inaccesible para quienes la necesitan.

Esa es una de las contradicciones más graves de la crisis cubana: disponer de una fuente de abastecimiento no garantiza que el agua llegue a una vivienda.

La avería que termina dentro de una casa

En una ciudad moderna, abrir un grifo es el último eslabón de una operación técnica que casi nunca vemos. Antes de llegar a una cocina, el agua debe ser captada, bombeada, tratada, almacenada y distribuida mediante instalaciones que necesitan mantenimiento, energía y personal especializado. Cuando alguno de esos elementos falla, el sistema puede compensarlo temporalmente. Cuando fallan varios al mismo tiempo, las interrupciones dejan de ser incidentes aislados y se convierten en un problema estructural.

Eso es precisamente lo que muestran las informaciones procedentes de Cuba.

En mayo de 2026, Associated Press informó que cerca de tres millones de cubanos sufrían dificultades diarias para acceder al agua. Según los datos oficiales recogidos por la agencia, el sistema hidráulico disponía de apenas el 37 % del combustible que necesitaba para funcionar. La cifra revela hasta qué punto el abastecimiento había quedado comprometido por una crisis que ya no podía limitarse al sector eléctrico.

La escasez de combustible reduce la capacidad de bombeo, dificulta el transporte de agua mediante camiones cisterna y encarece las labores de reparación. Los cortes de electricidad agravan esas limitaciones. Las redes envejecidas, por su parte, desperdician parte del recurso antes de que llegue a los consumidores.

El resultado es una cadena de dependencias que multiplica los daños. Una estación de bombeo puede encontrarse técnicamente operativa, pero carecer de electricidad. Un depósito puede disponer de agua, pero no de presión suficiente para distribuirla. Un barrio puede recibir suministro durante unas horas y continuar sin servicio en los pisos superiores de sus edificios porque las bombas internas tampoco funcionan.

La crisis deja entonces de medirse únicamente en horas de interrupción. Empieza a medirse en recipientes vacíos, escaleras recorridas cargando cubos y jornadas familiares organizadas alrededor de la posibilidad incierta de conseguir agua.

Cuando la escasez amenaza la salud

Existe una diferencia sanitaria considerable entre pasar varias horas sin electricidad y pasar varios días sin agua segura.

La falta de corriente afecta la conservación de los alimentos, la refrigeración de medicamentos y el funcionamiento de equipos indispensables. La ausencia de agua añade dificultades para cocinar, lavar los utensilios, mantener la higiene personal, limpiar los baños y eliminar adecuadamente los residuos.

Cuando ambas carencias coinciden, sus efectos se refuerzan.

Las familias comienzan a almacenar agua durante períodos prolongados, a veces en recipientes que no ofrecen condiciones adecuadas de protección. La distribución intermitente también puede favorecer la entrada de contaminantes en redes deterioradas cuando se producen pérdidas de presión y existen roturas. Ninguna de estas circunstancias significa que toda el agua suministrada esté contaminada, pero sí aumenta la necesidad de vigilancia sanitaria, tratamiento adecuado y controles de calidad.

Los riesgos afectan especialmente a los niños pequeños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades que pueden agravarse rápidamente por la deshidratación.

La Organización Panamericana de la Salud ha advertido sobre la vulnerabilidad sanitaria asociada a las interrupciones de los servicios de agua, electricidad y atención médica en Cuba. A esas dificultades se sumaron los daños provocados por fenómenos meteorológicos y las limitaciones energéticas que obstaculizan la recuperación de las instalaciones.

El peligro no consiste únicamente en que falte agua para beber. Una comunidad que no puede mantener condiciones básicas de higiene queda más expuesta a enfermedades gastrointestinales y a otros problemas de salud pública.

Y cuando los hospitales también sufren restricciones de agua, electricidad, combustible y suministros, disminuye su capacidad de responder a las consecuencias de esa misma crisis.

La pobreza también se mide en litros

La escasez de agua no afecta por igual a todos los hogares.

Una familia con recursos puede instalar depósitos, adquirir equipos de bombeo, contratar determinados servicios o contar con ayuda económica de familiares residentes en el extranjero. Otra, sin esas posibilidades, depende casi exclusivamente de la distribución pública, de los puntos de abastecimiento comunitarios o de la llegada ocasional de un camión cisterna.

La diferencia no es menor. Determina cuántas horas debe dedicar una persona a conseguir agua, cuánto esfuerzo físico necesita realizar y qué actividades tendrá que abandonar para resolver una necesidad elemental.

En muchos hogares, esa carga recae sobre personas mayores y mujeres que ya sostienen buena parte del trabajo doméstico y familiar. Los niños tampoco permanecen al margen cuando las dificultades de abastecimiento alteran las rutinas escolares, la preparación de alimentos o las condiciones de higiene.

Así, un problema hidráulico termina afectando la productividad, la educación, la salud y la organización de la vida familiar.

La escasez también puede generar nuevas desigualdades dentro de una misma comunidad. Quien dispone de un depósito elevado, una bomba privada o una vivienda próxima a un punto de distribución puede encontrarse en mejores condiciones que un vecino situado a pocos metros.

En esas circunstancias, la capacidad económica comienza a determinar el acceso práctico a un servicio que debería estar garantizado para todos.

La pobreza adquiere entonces una dimensión particularmente humillante: disponer de dinero, tiempo o fuerza física para conseguir aquello que tendría que llegar regularmente por una tubería.

El peligro de acostumbrarse al deterioro

Uno de los aspectos más inquietantes de esta situación es la normalización de lo que debería considerarse una emergencia.

Cuando una población pasa años esperando el regreso de la electricidad, almacenando agua en cualquier recipiente disponible y modificando sus horarios para aprovechar unas pocas horas de servicio, la precariedad termina incorporándose a la vida cotidiana. Se aprende a sobrevivir con ella, pero esa adaptación no equivale a una solución.

Una sociedad puede desarrollar una enorme capacidad para soportar dificultades y, al mismo tiempo, estar perdiendo las condiciones materiales indispensables para vivir dignamente.

En septiembre de 2026, Associated Press documentó advertencias sanitarias de la Embajada de Estados Unidos en La Habana sobre la creciente inestabilidad del abastecimiento de agua. Una alerta del 28 de agosto señalaba la existencia de barrios que atravesaban períodos prolongados sin suministro municipal. Otra advertía del aumento de enfermedades gastrointestinales relacionadas con el deterioro de las infraestructuras hidráulica y energética, mencionando casos asociados con E. coli, norovirus y Shigella.

Estas advertencias no permiten determinar por sí solas la incidencia nacional de esas enfermedades ni atribuir cada infección a una causa concreta. Pero sí constituyen una señal sanitaria que exige investigación, vigilancia y medidas preventivas.

La gravedad del asunto reside precisamente en esa combinación: una infraestructura deteriorada, interrupciones frecuentes del servicio y una capacidad de respuesta sometida a fuertes restricciones.

No estamos ante una simple incomodidad doméstica.

Las responsabilidades de una crisis acumulada

Sería incorrecto atribuir el deterioro del abastecimiento cubano a una única causa.

Las restricciones estadounidenses sobre el comercio, las operaciones financieras y, más recientemente, el suministro de combustible han agravado las dificultades para importar recursos y mantener servicios esenciales. Su efecto sobre la crisis energética tiene consecuencias directas para las instalaciones hidráulicas que dependen de electricidad y combustibles.

Pero tampoco puede ignorarse que las deficiencias de las redes, la insuficiencia de mantenimiento y los problemas de inversión preceden a las restricciones energéticas más recientes.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reconoció, según informó Associated Press en mayo, que sus compras anuales de piezas y suministros habían caído desde aproximadamente cien millones de dólares hasta unos diez millones. La propia institución identificó el envejecimiento de las instalaciones y la sobrecarga de estaciones de bombeo entre las dificultades existentes.

Estas circunstancias plantean responsabilidades diferentes que deben examinarse sin confundirlas. Las restricciones externas pueden limitar la disponibilidad de combustible, financiación y suministros. Las decisiones nacionales de inversión, mantenimiento, planificación y administración determinan cómo se utilizan los recursos disponibles y qué capacidad tiene el sistema para resistir las crisis.

La población necesita resultados verificables: información sobre el estado de las redes, prioridades de reparación, controles de calidad del agua y planes de abastecimiento para las comunidades más afectadas.

Una explicación política, por extensa que sea, no sustituye esos servicios.

El costo de reconstruir lo que se dejó deteriorar

Recuperar el abastecimiento de agua no consiste únicamente en devolver la electricidad a las estaciones de bombeo.

Una infraestructura hidráulica necesita tuberías en condiciones adecuadas, equipos de respaldo, depósitos seguros, plantas de tratamiento funcionales, productos químicos, sistemas de control y programas permanentes de mantenimiento. También requiere personal especializado y capacidad financiera para reemplazar instalaciones cuya vida útil ha terminado.

La incorporación de energía solar puede ayudar a reducir la dependencia de la red eléctrica en determinadas instalaciones. Sin embargo, su eficacia depende del diseño, la potencia disponible, las necesidades de bombeo y la existencia de almacenamiento o sistemas de respaldo. No constituye una solución automática para redes urbanas de gran escala.

La prioridad sanitaria debe concentrarse en garantizar agua segura a hospitales, centros asistenciales, escuelas y comunidades vulnerables, mientras se recupera progresivamente la continuidad del suministro.

También es indispensable publicar información fiable sobre las interrupciones, la calidad del agua y los riesgos epidemiológicos. Sin esos datos, resulta difícil determinar dónde se encuentran los problemas más graves, evaluar las intervenciones y prevenir daños mayores.

El abastecimiento hidráulico es una responsabilidad pública que exige planificación técnica sostenida. Ningún sistema puede conservarse indefinidamente mediante reparaciones de emergencia.

La frontera entre una crisis de servicios y una crisis humanitaria

Los apagones han demostrado hasta qué punto una infraestructura puede condicionar la vida de millones de personas. La crisis del agua introduce un riesgo adicional: compromete directamente las condiciones de higiene y salud que permiten a una comunidad protegerse de las enfermedades.

La Organización Panamericana de la Salud ha identificado las interrupciones del suministro de agua y energía entre los factores que aumentan la vulnerabilidad sanitaria de Cuba, especialmente cuando coinciden con fenómenos meteorológicos, daños en instalaciones y dificultades para prestar atención médica.

No existe base suficiente para afirmar que una epidemia nacional causada por el agua sea inevitable. Sí existen evidencias para considerar que el riesgo merece una respuesta urgente.

El verdadero peligro es permitir que el deterioro continúe hasta que las medidas preventivas resulten insuficientes.

Durante décadas, el debate sobre las dificultades cubanas ha estado dominado por grandes explicaciones económicas y políticas. Mientras tanto, la realidad de las familias se expresa en necesidades mucho más concretas: conservar alimentos, disponer de medicamentos, mantener una vivienda habitable y abrir un grifo sin depender de un calendario incierto.

El agua permite distinguir con particular claridad entre las declaraciones de un gobierno y la capacidad efectiva de sus instituciones para prestar servicios.

Una tubería no conoce ideologías. Una estación de bombeo necesita energía, mantenimiento y equipos. Una planta de tratamiento requiere insumos y controles sanitarios. Y una familia necesita agua segura con independencia de sus opiniones políticas.

La crisis cubana ha llegado a un punto en el que los fallos de distintos servicios públicos comienzan a reforzarse entre sí. La falta de electricidad interrumpe el bombeo; la falta de combustible dificulta la distribución alternativa; el deterioro de las redes aumenta las pérdidas; y las dificultades sanitarias encuentran un sistema de salud sometido a sus propias limitaciones.

Ese encadenamiento es lo que convierte la situación en algo especialmente preocupante.

Cuba lleva demasiado tiempo contando las horas que permanece sin electricidad. Ahora debe empezar a contar también los días en que sus familias no reciben agua segura.

Porque una nación puede soportar temporalmente la oscuridad. Lo que no puede hacer sin consecuencias graves es perder, al mismo tiempo, las condiciones necesarias para beber, alimentarse, mantener la higiene y proteger la salud.

El deterioro del agua ya no puede tratarse como un problema secundario de los apagones. Es una crisis propia, con consecuencias sanitarias que requieren atención inmediata.

Y mientras el país discute cuándo volverá la luz, hay hogares donde la necesidad más urgente es todavía más sencilla: que vuelva a salir agua del grifo.