Un documento interno revelado por CBS confirma que el Ejército de Estados Unidos estudia qué fuerzas de apoyo podría poner a disposición del Comando Sur en 90 a 120 días. No existe una orden de invasión, pero la planificación sobre Cuba ha pasado durante 2026 de las declaraciones políticas al estudio de capacidades militares concretas.
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La frase sobre 2029 no debe venderse como calendario de caída del régimen ni como promesa de intervención. Lo importante es más serio: Washington está diciendo que Cuba ya no será tratada como un problema congelado, sino como una prioridad de seguridad nacional cuyo desenlace debe empezar a moverse antes de que termine la Administración Trump.
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Washington parece estar ofreciendo a la familia Castro una última salida negociada: desmontar ordenadamente la dictadura, preservar una parte del Estado y evitar una guerra. Si esa oportunidad se cierra, el precedente venezolano convierte la intervención estadounidense en algo más que una amenaza retórica.
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Estados Unidos acierta al desconfiar de una apertura diseñada para preservar al Partido Comunista, pero simplifica demasiado al presentar como insignificantes unas medidas que, sobre el papel, desmontan pilares históricos del monopolio estatal. La cuestión decisiva no es cuánto mercado autoriza el régimen, sino si el ciudadano adquiere derechos que el poder no pueda revocar.
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La verdadera pregunta ya no es si Cuba está en crisis. Eso ya terminó de discutirse. La pregunta es cuándo la suma de colapso económico, agotamiento social, fractura generacional, presión internacional y desgaste interno hará imposible seguir gobernando el país exactamente igual que en 1959. Mi predicción es dura: el castrismo puede sobrevivir algunos años más, pero el modelo histórico que dominó Cuba durante décadas ya entró en una fase terminal irreversible.
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La posible condena a cadena perpetua o pena de muerte contra Raúl Castro no es una especulación vacía. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La noticia marca un salto político y jurídico: Washington ya no presiona solo al régimen actual, sino que apunta directamente contra la cúpula histórica que diseñó y ejecutó el poder castrista.
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El mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores no anuncia reformas políticas reales. Recurre a una frase histórica de Fidel Castro para blindar el mismo principio de siempre: Cuba puede cambiar administrativamente, migratoriamente o legalmente cuando le conviene al poder, pero no aceptará cambios que alteren el monopolio político del Partido Comunista.
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La frase de Trump no puede tratarse como un comentario menor. Aunque todavía no equivale a una orden militar formal, sí representa una escalada política evidente: Washington está usando el lenguaje de la fuerza para colocar al régimen cubano bajo máxima presión en medio de su peor debilidad económica, energética y diplomática en décadas.
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Díaz-Canel confirmó que el Gobierno prepara nuevas medidas para facilitar la participación económica de cubanos en el exterior y anunció que Óscar Pérez-Oliva Fraga las detallará el lunes. El giro ocurre en medio de crisis energética, conversaciones con Washington y una erosión demográfica severa.
íaz-Canel confirmó que el Gobierno prepara nuevas medidas para facilitar la participación económica de cubanos en el exterior y anunció que Óscar Pérez-Oliva Fraga las detallará el lunes. El giro ocurre en medio de crisis energética, conversaciones con Washington y una erosión demográfica severa.
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Qué pasaría en Cuba si el sistema de poder actual colapsa: no la versión romántica, sino la secuencia más probable en lo político, social y cultural.
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La comparecencia no presentó una solución para la crisis cubana; confirmó que el régimen está bajo presión simultánea en energía, diplomacia, seguridad interna y legitimidad política.
En su comparecencia del 13 de marzo, Díaz-Canel habló esencialmente de cuatro asuntos: confirmó contactos recientes con Estados Unidos, atribuyó la crisis de combustible a la presión de Washington, defendió la liberación de 51 presos como una decisión “soberana” y abordó el caso de la lancha atacada cerca de Cuba como una “infiltración armada”. También admitió la magnitud del colapso energético: dijo que durante tres meses no entró petróleo al país, con impacto directo en apagones, producción, cirugías, panaderías y servicios básicos.
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Lo que circula no demuestra que exista ya un pacto cerrado entre Washington y La Habana. Lo que sí demuestra es algo más inquietante: el castrismo, asfixiado por la crisis, podría estar intentando negociar su supervivencia económica con el mismo adversario al que ha usado durante décadas como excusa política.
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