Ciudadanía bajo permiso: el régimen reconoce derechos a la diáspora, pero conserva la llave política sobre cada cubano
Las nuevas leyes migratorias, de extranjería y ciudadanía no son una apertura democrática. Son una recalibración del control: el régimen necesita el dinero, las propiedades, los negocios y la conexión económica de los cubanos en el exterior, pero no acepta que esos cubanos sean ciudadanos libres frente al Estado. Reconoce derechos patrimoniales, elimina trabas migratorias históricas y admite la doble ciudadanía en ciertos términos; al mismo tiempo, mantiene cláusulas políticas ambiguas que permiten castigar al ciudadano cuando el poder lo considere contrario a sus intereses.
Gobierno e instituciones
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